“Abrazos y no balazos” había sido la muletilla del presidente de la República, cada vez que se le cuestionaba sobre la estrategia de su administración contra la delincuencia organizada. Y aunque los hechos violentos de estas organizaciones criminales siguieron teniendo patente de corso en gran parte del territorio nacional, las instrucciones del jefe supremo de las fuerzas armadas siempre fueron las mismas: “Abrazos y no balazos”.
El saludo de Andrés Manuel López Obrador a la mamá de “El Chapo” Guzmán, sus cinco visitas a Badiraguato y los vínculos de los entonces candidatos de Morena, impulsados por el cártel de Sinaloa —que llegó a intervenir abiertamente en las elecciones del pasado 6 de junio— son algunos de los elementos que generaron sospechas más que fundadas, sobre los vínculos del habitante de Palacio Nacional, con ese cártel que “se portó bien” durante el proceso electoral.
A la solicitud de detención con fines de extradición, formulada por Estados Unidos a México en torno de la persona de Ovidio Guzmán López, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador realizó una actuación carente de sentido para quienes conocen de los detalles que deben observarse en la confección de un operativo de esa envergadura.
Por eso, se sospecha que la operación del jueves 17 de octubre del 2019, fue pensada para fracasar, lo que de suyo generó enojo al interior de algunos sectores de las fuerzas armadas que conocieron del garlito, pues el resultado más visible fue el deterioro de su imagen institucional, a pesar de que el propio presidente de la República hubiera salido a informar que fue él quien decidió la liberación del capo.
Al menos en apariencia, ni la información procedente del Centro Nacional de Inteligencia, ni la generada por las áreas dedicadas a lo mismo al interior de la Secretaría de la Defensa Nacional, fueron suficientes para alertar del fracaso que suponía el intentar detener a uno de los líderes más importantes del cártel de Sinaloa, en pleno Culiacán —su zona de confort por antonomasia—, a plena luz del día y sin posibilidad alguna de neutralizar la ofensiva violenta que generaría el grupo criminal, como muy bien podía preverse.
El “culiacanazo” fue, sin embargo, una estrategia exitosa para el gobierno federal, pues le permitió ganar tiempo frente a la petición estadounidense de detener y entregar a uno de los líderes del tráfico de fentanilo que ha actuado como su aliado, al menos en el contexto de las elecciones intermedias del 2021.
Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos entendió pronto de qué iba la jugada. Para ellos, el perjurio —mentir a sabiendas— es un delito grave al que los mexicanos se acomodan mal, pues en México el mentir no tiene consecuencias jurídicas en la misma dimensión que en el sistema anglosajón.
Por esa razón, el gobierno de México decidió —por esta única ocasión— generar una excepción a su propia regla de “abrazos y no balazos” y atreverse a detener a Ovidio Guzmán López con el costo de al menos 29 vidas humanas perdidas y quien —por lo pronto— no será extraditado a Estados Unidos; hecho que cumplió con su objetivo de amplio impacto mediático, pero que a la larga podría constituir una burla para Estados Unidos.
Y es que, una vez concedida la suspensión del acto reclamado contra la extradición al país del norte, Guzmán López podría continuar operando sus negocios desde su celda en el Altiplano, mientras pasa la alharaca de la Cumbre de Líderes de América del Norte y, muy probablemente, las elecciones federales del 2024.
El gobierno estadounidense no podrá responsabilizar a López Obrador por inacción, pues “haiga sido como haiga sido” él cumplió con detener al hijo de “El Chapo” Guzmán, de acuerdo con la solicitud estadounidense, pero el asunto —¡lástima Margarito!— se trabó entre los ires y venires del Ministerio Público y las veleidades de los amparos que se le concedieron, por las supuestas o reales violaciones al debido proceso en las que incurrieron el Ejército Mexicano y de las demás instituciones que, presurosas, cumplieron con detener a un personaje señalado en Estados Unidos, pero que en México no se le había tocado ni con el pétalo de una carpeta de investigación.