Denunciar el vínculo de autoridades con el crimen organizado, visibilizar la corrupción en distintos ámbitos de gobierno, cuestionar el manejo de los fondos públicos, dar voz a las denuncias de la ciudadanía, dar seguimiento a grupos armados de ciudadanos, entre otras, son actividades que comúnmente suelen desarrollar quienes ejercen el periodismo, sin embargo, en nuestro país, realizar esas labores pueden contar la vida de un periodista o de alguna persona cercana a él o a ella.
Cada tres semanas o cada 21 días es asesinado un periodista en territorio mexicano, según información de varios reportes sobre la situación del ejercicio del periodismo en el país o en el mundo, siendo la nación donde más crímenes de este tipo hay y que no está en guerra o en algún conflicto interior, según información de la organización civil Artículo 19.
Otros datos recabados por la asociación indican que en los dos años anteriores se cometieron siete asesinatos contra periodistas en cada año y 10 en 2019, alcanzándose 12 en 2017, y 11 en 2016, manteniéndose en promedio la cifra de 6 o 7 desde 2006.
De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, en el país se asesinaron a 11 periodistas durante el año pasado, cifra que representó un 20 por ciento del total de los homicidios cometidos en contra de profesionales de la comunicación en todo el mundo, que el año pasado, fueron un total de 57, siendo América la zona del mundo donde más crímenes de este tipo se cometieron.
Los datos de la organización internacional indican que durante el año pasado se cometieron cuatro asesinatos más con respecto a 2021 aunque en la última década se han registrado 80, 46 de ellos en los últimos cinco años. Otra cifra relevante es que en las últimas dos décadas han desaparecido 27 periodistas.
Organizaciones defensoras de los derechos de las y los periodistas aseguran que alrededor de 86 por ciento de los casos de asesinatos quedan impunes o no han sido resueltos de la manera correcta. Por ejemplo, en enero, José Luis Gamboa Arenas, director del diario digital InfoRegio, fue atacado con arma blanca en las inmediaciones de su domicilio, y como consecuencia de las heridas, murió días más tarde. Tiempo después, la versión oficial fue que los hechos derivaron de un problema por una “herencia familiar”.
María Guadalupe Lourdes Maldonado López viajó desde Tijuana a la Ciudad de México en 2019 para exponer en la conferencia de prensa matutina del presidente de la República que había sido amenazada de muerte. No recibió la atención correspondiente y dos años después fue asesinada afuera de su casa. Ella mantenía algunas querellas legales con el ex gobernador de la entidad, Jaime Bonilla. A pesar de contar con el respaldo del Mecanismo de Protección, este no funcionaba a la hora en que ocurrieron los hechos.
Roberto Toledo elaboraba videonotas para Monitor Michoacán, compaginaba esa labor con la de abogado para completar sus ingresos económicos. El medio había sufrido amenazas constantes en los últimos dos años. A finales de enero, un grupo armado lo atacó al interior de las instalaciones de su despacho. Las autoridades dijeron que el asesinato estaba relacionado con su actividad como abogado y no como periodista, actividad que fue descalificada.
En noviembre pasado, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó el incremento de violencia contra periodistas y llama a los Estados de la región a promover políticas integrales de prevención, protección y procuración de justicia para abordar este fenómeno, considerando el rol central que cumple la prensa en sociedades democráticas.
A mediados de año, la Relatoría Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la Organización de las Naciones Unidas emitió un informe en el que destacó que “la tecnología digital ha perpetuado, agravado e intensificado problemas de larga data, como los ataques violentos y el acoso jurídico dirigidos impunemente contra periodistas, la censura de contenidos y la manipulación de las autoridades reguladora”.
Algunas manifestaciones de la situación son la impunidad de los crímenes contra periodistas, los ataques de género en línea y la vigilancia digital selectiva, de acuerdo con el informe, en el que se resalta que este tipo de acciones minan las posibilidades de acceso a la información pública por parte de la ciudadanía, imponen la censura y dan pie a que el Estado pretenda controlar los flujos de información.
Ante la situación, la propia Relatoría ha hecho un llamado a la ciudadanía y a organizaciones interesadas a contribuir a la elaboración del informe “Libertad de Opinión y Expresión y Desarrollo Sostenible”, a presentarse en la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible que tendrá lugar en septiembre de este año, con el objetivo de analizar el papel de los medios de comunicación en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las dificultades a las que se enfrentan para cubrir la agenda relacionada con la temática.
El papel tradicional de los medios de comunicación ha sido ser los vigilantes de los ejercicios del poder, sin embargo, de manera inaudita, en medio de la transformación que están sufriendo por su digitalización y el predominio de la posverdad, requieren más que nunca del acompañamiento de la ciudadanía y de la sociedad civil organizada para seguir cumpliendo con su objetivo de garantizar el acceso a la información ante el acoso estatal, económico y criminal al que se enfrentan día con día.