La renovación en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que probablemente en ningún otro momento había despertado tanto interés particularmente ante la polémica que se generó en torno a la ministra Yasmín Esquivel, así como la amenaza a su independencia, tuvo un afortunado desenlace por varios motivos.
Desde luego es una buena noticia que, por primera vez en su historia, una mujer asuma la presidencia de la SCJN rompiendo con ello el llamado techo de cristal. Para poner en contexto, en sus poco más de 200 años, únicamente 14 mujeres han integrado el Pleno del máximo tribunal constitucional del país siendo María Cristina Salmorán la primera ministra en 1961. Sin embargo, me parece que lo más significativo es que Norma Piña no fue designada sólo por el hecho de ser mujer, sino que, a diferencia de la otra aspirante, cuenta con una trayectoria y una reputación que la avalan ampliamente por lo que también se trata de un reconocimiento al mérito judicial. La ministra Piña tiene una carrera de más de 30 años en el poder judicial, en la que ha sido secretaria proyectista de un tribunal colegiado de circuito, secretaria de estudio y cuenta en la primera sala de la SCJN, jueza y magistrada por concurso de oposición.
Se trata de una ministra discreta, que no busca ni se deslumbra con los reflectores, y con posiciones consistentes a partir de argumentos con sustento jurídico aún cuando no siempre se pudiera coincidir con ellos, pero quizá lo más importante es que en todos estos años ha demostrado que sus decisiones no responden a criterios políticos con lo que, además de su imparcialidad, reivindica la defensa de la autonomía e independencia de la Corte, lo que no es cosa menor sobre todo cuando el propio presidente López Obrador ha reconocido públicamente su intención de contar con ministras y ministros afines que apoyen su proyecto político como es el caso de Yasmín Esquivel -quien claramente era su candidata a pesar de las graves acusaciones de plagio-, al igual que su malestar con quienes se le “voltearon” por no votar siempre en el sentido que quería.
Es necesario tener presente que el papel de la Suprema Corte no es, ni debe ser bajo ninguna circunstancia de oposición al gobierno, pero tampoco de complicidad o sometimiento al mismo. Su principal responsabilidad está en preservar el orden constitucional, mantener el equilibrio entre los distintos poderes y ámbitos públicos, así como poner límites al abuso del poder y garantizar el ejercicio de derechos y libertades. En este sentido, vale la pena revisar la detallada crónica de la periodista Ivonne Melgar quien recuerda las palabras pronunciadas por la ministra presidenta hace un par de meses en la toma de protesta de 87 juezas que permiten darnos una idea de sus convicciones: “una jueza independiente mantiene absoluta lealtad a nuestra Constitución resistiendo cualquier tipo de presión”.
Sin duda la trayectoria y personalidad de Norma Piña contrastan con la de su antecesor, quien después de haber sido un ministro serio, concluyó su gestión en la presidencia con muchos cuestionamientos por sus inconsistencias y su afán protagónico que lo llevaron a convertirse más bien en un actor político. Cómo olvidar su ambigua y por momentos confusa posición ante la inconstitucional propuesta impulsada por el oficialismo para prolongar su periodo al frente de la SCJN. Aunque no es atribuible directamente a él, también es de lamentar que una de sus más cercanas colaboradoras haya publicado que el compromiso de Zaldívar con los derechos de las mujeres “llegó hasta que dejó en el cargo a la primera presidenta…” pues dice mucho de la visión cuando menos de su equipo.
No serán tiempos fáciles para la Corte y para la ministra Piña Hernández quien además de definir los asuntos que se pondrán a consideración del Pleno -como las acciones de inconstitucionalidad sobre la militarización de la Guardia Nacional y en materia electoral-, conducir los debates, resistir las presiones y defender la autonomía de la SCJN y la independencia judicial, como presidenta del Consejo de la Judicatura Federal deberá vigilar la correcta actuación de quienes integran los más de mil órganos jurisdiccionales y administrativos, fortalecer la carrera judicial, avanzar en la accesibilidad de la justicia y combatir la corrupción. Esperemos que mantenga la solidez, congruencia e imparcialidad que la han caracterizado para que, con la experiencia acumulada en más de tres décadas y su profundo conocimiento del poder judicial, pueda salir avante de esta altísima responsabilidad.