Quién lo iba a decir. Hasta hace poco, todo parecía caminar sobre rieles para la renovación de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. Se encaminaba la voluntad presidencial hacia una elección por la que habría de quedar en puesto tan importante una ministra afín a los intereses del Palacio Nacional: Yasmín Esquivel Mossa.
Una ministra que a lo largo de su carrera judicial y política ha mostrado afinidades distintas en etapas diferentes de gobierno y quien llegó a la SCJN de la mano del presidente de México, impulsada para responder a sus intereses de gobierno y del tipo electoral en el futuro 2024.
De hecho se sabe que de 18 de los temas vinculados al presidente de México ella votó a favor en 12 de ellos, a distancia lejana del resto de sus colegas ministros que votaron en contra.
Ya se saboreaba ese acceso y ya se preveía que la SCJN sería ese espacio garantizado para el resguardo y preservación de la 4T.
De pronto estalló la noticia. Fue el 21 de diciembre. Según publicó el escritor y periodista Guillermo Sheridan en Latinus, Yasmín Esquivel se tituló en septiembre de 1987 utilizando una tesis similar en contenido que se aprobó en julio de 1986.
La tesis original se titula “Inoperancia del sindicato de los trabajadores de confianza del Artículo 123 constitucional apartado A” y fue escrita por Édgar Ulises Báez Gutiérrez. Esquivel Mossa se tituló más de un año después con el trabajo “Inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del artículo 123 apartado A”. Y se dijo: “Los contenidos, estilo, referencias y conclusiones son idénticos”.
Luego de peripecias para salir de la crisis en las que se involucró a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y a los maestros sinodales, al autor de la primera tesis y más, se destacó desde la Universidad que sí, que existía una gran similitud entre ambos documentos aunque uno después de otro: el de la ministra en 1987.
El presidente de México, queriendo salvar a su recomendada, la ministra Yasmín Esquivel, no ayudó mucho al afirmar que otros intelectuales habían dañado más al país que lo que ella pudiera haber hecho, con lo que aceptaba que pudo haber plagio en la tesis de licenciatura.
En adelante dimes y diretes. Enfrentamientos. Defensas. Acusaciones. Pruebas de sí y pruebas de no. El escándalo estuvo por días en la cresta de la información.
Llegado el día de la elección, el 2 de enero de 2023, había expectativas en todo el país. Había miles quienes afirmaban que se impondría la voluntad presidencial, como ya ha ocurrido en otros casos de nombramientos objetados; nombramientos en los que los nombrados no tenían nada que ver con la tarea a realizar. Pero era voluntad suprema.
Los había que creían que se impondría el eventual y presunto plagio, aunque la UNAM había advertido de la enorme similitud de ambos documentos: Quedaba claro que en caso de probarse tal actitud, la licenciatura de la ministra podría ser anulada, y lo peor: que muchos de los documentos firmados por ella a lo largo de su carrera, incluida su estancia en la SCJN podrían ser invalidados, según dijo el ex director de la Facultad de Derecho de la Universidad, Fernando Serrano Migallón.
Al final predominó un valor supremo: la Autonomía del Poder Judicial, uno de los tres poderes que le dan sentido y forma a nuestro sistema republicano, federal, representativo.
Cuando muchos suponían que la Corte sería consecuente con la voluntad presidencial, haciendo predominar el poder Ejecutivo al Judicial –porque durante el mandato del ministro saliente, Zaldívar hubo casos en los que parecían responder a la voluntad presidencial–, todo se derrumbó para la ministra Yasmín Esquivel.
No había de otra. En caso de que se forzara su llegada a la presidencia de la SCJN estaríamos frente a un hecho sin precedente: el que llegara una ministra altamente cuestionada en sus bases académicas. Que no cumple con los requisitos indispensables para ocupar tal presidencia y que en caso de ser nombrada, la Corte estaría debilitada y cuestionada en sus resoluciones: todas.
Probablemente los ministros hablaron con el presidente para explicarle la gravedad de la situación. Y no hubo de otra. Así que el lunes 2 de enero se llevó a cabo la votación. Las expectativas nacionales estaban puestas ahí: o una Corte débil y sometida al Ejecutivo o una Corte autónoma y dispuesta al ejercicio de la administración de justicia sin mácula.
Ganó el segundo punto. Quizá negociado con Palacio Nacional. En el momento esto no importa, aunque sí importa ver por dónde pueden aparecer los compromisos adquiridos para pulir el nombramiento de la ministra Norma Lucía Piña Hernández quien aparece como una funcionaria de la ley: pulcra, objetiva, equilibrada y propositiva.
Esto es un serio revés a la voluntad del Poder Ejecutivo. Es un momento para reflexionar en la enorme importancia de la separación de poderes para conseguir el equilibrio institucional sobre el que debería reposar la vida y trascendencia de nuestra República: hoy y mañana.
Lo que sigue es que los mexicanos estemos alerta a las resoluciones que se irán dando en la SCJN en los meses siguientes, sobre todo en el tema que tiene que ver con la voluntad presidencial.
Ojalá y sí, en efecto, exista la separación de poderes, la autonomía y el respeto por la República y por los mexicanos. Si es así, tendrán a favor la voluntad nacional. Y si no: no.