La democracia conceptualmente hablando está concebida como una organización social, cuyo poder de acción y decisión radica fundamentalmente en el pueblo, es decir, en la población, y más específicamente, en las y los ciudadanos que conforman una sociedad quienes, de acuerdo con normas constitucionales y legales adquieren diversas obligaciones, así como derechos, mismos que deben ser protegidos y promovidos por el propio Estado, sobre todo si éste se encuentra en un sistema democrático como el nuestro.
Esta concepción ha quedado registrada inclusive en el discurso político del Presidente de la República que, en reiteradas ocasiones ha manifestado que la acción de su gobierno está encaminada, por una parte, a la atención de las principales necesidades de la población, por un lado, y por el otro, orientadas por lo que diga justamente el “pueblo”.
Por ello, y ante el debate en torno a la Reforma Electoral, también conocida como Plan B, que se ha dado entre el titular del Poder Ejecutivo Federal, partidos políticos, órganos legislativos, periodistas, académicos, entre otros, resulta interesante analizar una Encuesta publicada por el Diario Reforma a finales del año pasado sobre la percepción que tienen del Instituto Nacional Electoral (INE) y la pretendida Reforma Electoral o Plan B.
La Encuesta analiza aspectos que, en lo personal, me parecen muy interesantes porque da a conocer el sentir de la población en torno a este debate, o, dicho de otra forma, lo que el pueblo siente y quiere.
Bajo este contexto, el primer rubro que hay que destacar es que la población tiene una opinión entre muy buena y buena por parte del INE del 73%, incluso por arriba de lo que obtiene el Presidente de la República; las instancias que ocupan el sótano de esta percepción son: el cuerpo de personas que integran el Senado de la República, la Cámara de Diputadas y Diputados y, finalmente, los partidos políticos, con una opinión muy buena o buena del 33%, 31% y 30% respectivamente, por una opinión mala o muy mala del 39%, 37% y 48% respectivamente.
En el mismo sentido, la población (el pueblo) considera en un 80% que el INE ha sido importante para garantizar la democracia en México, así como que sea una institución independiente al Poder Ejecutivo y de los partidos políticos (88%). Por ello, suena congruente que el 71% de la ciudadanía considere que la democracia en nuestro país estaría en peligro si el INE desapareciera.
Sistemáticamente, las y los ciudadanos que participaron en esta Encuesta, un 50% considera que lo que se busca en caso de una reforma electoral es apropiarse y controlar las elecciones que se desarrollan en nuestro país. Un 79% de la ciudadanía consideró que la prioridad de una reforma electoral debe ser la garantía de contar con elecciones limpias y transparentes, incluso muy por encima de tener con un sistema electoral más austero (19%).
Un dato más que me gustaría resaltar es en la que se pronunció la población (pueblo) respecto a la conveniencia de hacer una reforma electoral al poco tiempo que se tiene para la elección presidencial o si se debe esperar hasta después de la elección de 2024; el 65% manifestó que debe de esperarse hasta pasada dicha elección.
Ahora bien, el INE desde su creación en 2014 ha realizado más de 300 procesos electorales federales y locales (éstos últimos en coordinación con los Organismos Públicos Locales Electorales); la única elección presidencial que ha organizado es la de 2018 en donde justamente obtuvo el triunfo electoral nuestro Presidente Constitucional.
Por ello, y ante una reforma que resulta regresiva en múltiples aspectos y en la cual diversos especialistas, así como las y los consejeros del propio INE han referido que contrapone diversas normas constitucionales y por lo mismo estarán interponiendo todos los medios legales a su alcance, debe ser analizado este tema sin trastocar nuestra democracia, pero, sobre todo, y para ser congruentes, hacerle caso a la opinión abrumadoramente mayoritaria de la población; esencia de nuestra democracia.