Las desapariciones forzadas siguen siendo una asignatura pendiente para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que hace caso omiso a las demandas de los familiares de las víctimas para encontrar a unas cien mil personas que han "desaparecido" desde 1964.
La desaparición forzada o rapto de una persona por la fuerza sin autoridad legal o legítima ha sido una constante en México.
Las organizaciones de derechos humanos consideran esto una grave violación a las garantías del hombre.
Algunos países han prohibido por completo las desapariciones forzadas y han procesado a los perpetradores, pero la práctica sigue siendo común en México, y muchos civiles continúan siendo abusados por grupos armados y fuerzas gubernamentales.
Según informes de diversos organismos, los militares secuestraron, en el pasado, a muchos disidentes políticos y miembros del crimen organizado. Los familiares de las víctimas dijeron que los soldados allanaron sus casas varias veces en busca de personas a las que relacionaron con el crimen organizado.
No es raro que las personas que intentaron escapar fueron torturadas para obtener información. Las desapariciones forzadas ocurren en México. Eso es innegable.
Muchas familias no han denunciado la desaparición de su ser querido debido al miedo, la ira o la falta de información. Se creía que muchas víctimas habían sido asesinadas y sus cuerpos disueltos en ácido.
La descomposición del cuerpo en ácido complica las investigaciones forenses y dificulta determinar cuántas personas fueron dispuestas de esta manera.
Las autoridades encontraron uno de esos sitios de eliminación de ácido en 2017, pero ahora es probable que haya muchos más sitios que permitan la eliminación de cuerpos.
Los restos humanos disueltos en ácido son extremadamente difíciles de identificar, lo que dificulta incluso determinar cuántas personas fueron sometidas a esta práctica en México y si fue realizada por actores estatales o no estatales.
La desaparición forzada es una práctica desafortunada que debe acabar allí donde se produzca, especialmente en las zonas de conflicto armado, generado por el narcotráfico. Los autores deben ser llevados ante la justicia y las familias deben ser debidamente informadas del paradero de sus seres queridos para que puedan volver a casa con seguridad.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité contra las Desapariciones Forzadas y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias expresaron su gran preocupación por esta "desgarradora tragedia”.
En un informe del 2022, la entonces Alta Comisionada, Michelle Bachelet dijo: “No se deben escatimar esfuerzos para poner fin a estas violaciones y abusos en escala extraordinaria y defender los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”.
Los datos desagregados del registro nacional de México muestran que casi una cuarta parte de los desaparecidos eran mujeres, y el 20 por ciento de ellas tenían menos de 18 años en el momento de su desaparición.
Más del 97 por ciento de las desapariciones ocurrieron después de diciembre de 2006, cuando el presidente Felipe Calderón asumió el poder y el país instituyó un modelo militarizado de seguridad pública.
De 1965 a 1990, durante la llamada "guerra sucia", las desapariciones se debieron principalmente a motivos políticos. En cambio, después de 2006, tuvieron lugar en el contexto de la declaración de Calderón de una "guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado".
El comité y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones de la ONU señalaron que durante una visita oficial a México en 2011, aún con el gobierno de Calderón, las cifras oficiales reportaron más de 5,000 personas desaparecidas o "ausentes" solo en ese año.
Diez años después, en noviembre de 2021, durante otra visita, el número de personas desaparecidas registradas llegó a 95 mil, 100 de las cuales ocurrieron durante la visita de la comisión al país en poco más de dos semanas y la cifra ha escalado ahora a los 100 mil.
Pese a la abrumadora cantidad de casos de desaparición, sólo en 35 ocasiones se ha condenado a los perpetradores, una tasa de impunidad que atribuyó, sobre todo, a la falta de investigaciones efectivas.
Para el Comité y el Grupo de Trabajo, según el informe 2022, las 100 mil desapariciones registradas oficialmente en México “son una muestra del prolongado patrón de impunidad en el país”.
La falta de justicia deja solas a las familias de las víctimas, que sufren enormemente la ausencia de sus seres queridos y buscan saber lo que pasó.
Aunque las autoridades mexicanas han dado pasos importantes para combatir el flagelo, como la aprobación de la Ley General de Desapariciones, al igual que la creación de comisiones de búsqueda en todos los estados y del Centro Nacional de Identificación Humana, aún falta mucho por hacer.
Quizás de todos, el caso emblemático fue la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en el 2014.
México tiene como asignatura pendiente fortalecer los esfuerzos para implementar, de manera efectiva, todas las recomendaciones del Comité contra las Desapariciones Forzadas y todos los aspectos de la Ley General de desapariciones, incluyendo la creación del Banco Nacional de Datos Forenses y el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense.
La desaparición de personas en México es un problema de todos: de la sociedad en su conjunto y de toda la humanidad.
Falta aún mucho por hacer.