Octavio Romero, director de Petróleos Mexicanos, debe tener motivos poderosos -quizá inconfesables- para haber asignado contratos, en forma directa y por años sucesivos -por un total hasta ahora de casi 2,000 millones de pesos- a una corporación impugnada desde hace más de 20 años, cuyo propietario fue denunciado por evasión fiscal en 2014, y con una de sus filiales inhabilitada en 2016 por presentar documentos fraudulentos al propio Pemex.
Se trata de Grupo Altavista, propiedad de Ricardo Orrantia, originario de Sinaloa, un empresario polémico y enigmático cuya imagen personal gusta de aderezar él mismo con publicaciones en redes sociales (@rickorrantia) a bordo de aviones ejecutivos y automóviles de lujo, mientras refiere su infancia de privaciones económicas en aquella entidad que desde hace décadas acusa el enorme peso del crimen organizado en su vida económica y política.
A cambio de los referidos contratos con Pemex, que se han extendido desde 2001 (apenas el pasado día 5 firmó uno más por 1,256 millones de pesos), la compañía “Interconecta”, S.A de C.V., filial de Altavista, otorga a Pemex los complejos servicios de… copias, escaneo y “ploteo” de planos. Debemos suponer que, a la mayor empresa del Estado, con un presupuesto asignado este año de casi 700 mil millones de pesos, no le alcanza para comprar sus propias fotocopiadoras.
Los antecedentes de Orrantia son ampliamente conocidos en el sector privado. Es poco verosímil que no supiera de ellos Romero Oropeza, y tampoco los funcionarios que procesaron los referidos contratos (cuya copia obra en poder de este espacio). Se trata de colaboradores del director corporativo de Administración de Pemex, Marcos Manuel Herrería Alamina, cuñado de Pedro Arturo López Obrador, quizá el hermano más distanciado del presidente.
Quizá usted, amable lector, no se llame a sorpresa si le comparto que el grupo del señor Orrantia Cantú también fue contratado por algunos gobiernos estatales, con suerte dispar. En marzo de 2017 cerró un contrato multianual de más de 200 millones de pesos en Campeche con la administración de Alejandro “Alito” Moreno, el actual presidente nacional del PRI. “Interconecta” exhibió versatilidad (ofrece servicios integrales en “Oil & Gas”, seguridad, servicios, salud, construcción y tecnologías de la información, según su publicidad).
En esta ocasión acordó instalar más de mil cámaras de videovigilancia y conexiones en fibra óptica en siete de las 13 cabeceras municipales que comprende el territorio campechano. El contrato extendió el compromiso gubernamental hasta octubre de 2021, cuando ya había asumido como nueva mandataria estatal Layda Sansores, de Morena. Enemiga pública de “Alito” Moreno, la gobernante siguió pagando religiosamente. Acaso otra historia que corresponde a razones que no se pueden explicar en público.
No fue el mismo caso en Durango, bajo el gobierno del panista-aliancista José Rosas Aispuro, que otorgó contratos a Orrantia y luego los impugnó, lo cual devino en un áspero conflicto legal cuyas reverberaciones han llegado a la nueva administración, que encabeza Esteban Villegas, de origen priista-aliancista.
Pero la trayectoria de Orrantia Cantú, descrito como “filántropo” por sus cercanos, tiene una referencia más remota: El escándalo del proyecto “Enciclomedia” emprendido entre 2008 y 2011 por el gobierno de Vicente Fox como el heraldo de la llegada al siglo XXI de la educación en México, pues incluía la instalación de pantallas de video y sistemas multimedia en escuelas secundarias y telesecundarias en todo el país.
Reportes de la Auditoría Superior de la Federación señalaron en años sucesivos que, dicho someramente, el programa era un fraude. Resultaba imposible llevar a cabo en planteles remotos que carecían no solo de internet y electricidad, sino incluso de baños para los alumnos. La frustrada modernidad nunca llegó (hasta la fecha), pero el proyecto devoró casi 5 mil millones de pesos en siete mega-contratos, tres de ellos con “Interconecta”, de Orrantia. Al ser abortado ante señalamientos múltiples, “Interconecta” todavía logró negociar millonarios finiquitos e indemnizaciones…, que también impugnó la ASF.
Derivado de su participación, en mayo de 2014 la Procuraduría Fiscal de la Federación presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra Grupo Altavista, de Ricardo Orrantia, por “inconsistencias”. Específicamente a Orrantia Cantú se le acusó de malos manejos y fraudes por 223 millones de pesos, ya que “alteró registros contables y usó datos falsos para disminuir contribuciones fiscales”, siéndole atribuido el delito de defraudación fiscal.
Según un reporte del 15 de agosto del 2016, otra de las compañías del Grupo Altavista, “Integradores de Tecnología”, fue inhabilitada para obtener contratos públicos con el gobierno federal. El motivo alegado fue que presentó información falsa para obtener un contrato con Pemex Exploración y Producción (PEP).
Existe una faceta singular atribuida al estilo de hacer negocios del señor Orrantia Cantú: el acoso legal. En enero de 2018, Página 66, un diario digital de Campeche, reveló la existencia de los contratos otorgados por el gobierno de “Alito” Moreno a Altavista. De acuerdo con testimonios recogidos por esta columna, poco después Página 66 recibió una notificación de su proveedor de hospedaje electrónico informándoles que, a raíz de la historia, el medio había sido denunciado por violación de propiedad intelectual, a lo que siguieron amenazas anónimas en redes sociales. La “liga” digital a esta información se halla hoy inactiva.
Y hay más: un reporte de la organización “Rest of the World” alertó en 2021 la existencia de la empresa europea “Eliminalia”, que ofrece servicios “reputacionales” que incluyen suprimir materiales en internet relacionados con sus clientes. De acuerdo con ese reporte, “Eliminalia” cobra 2,800 euros (2,800 dólares, o poco más de 55 mil pesos) por “desaparecer” o desindexar cada una de aquellas noticias o enlaces digitales que estén afectando la reputación del cliente.
El informe de “Rest of the World” incluye el registro de que que “Eliminalia” ha tenido entre sus clientes al señor Orrantia Cantú y sus empresas, por conducto, dice el reporte, del despacho de abogados que encabeza Humberto Herrera Rincón Gallardo, al que se describe como experto en la protección de marcas y gestión de la reputación. (rockroberto@gmail.com).
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Dictámenes de la ASF sobre Interconecta, del Grupo Altavista
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2008i/Tomos/T5V3.pdf
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2011i/Grupos/Desarrollo_Social/2011_0388_a.pdf
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2009i/Tomos/Tomo4/2009_0338_a.pdf