El modelo de seguridad mexicano descansa en el artículo 21 constitucional y se apoya en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) así como en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que cada año aprueba la Cámara de Diputados.
El artículo 21 constitucional expone que la seguridad es una función de Estado a cargo de la federación, los estados y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, mientras que el PND señala la visión del gobernante en turno y el PEF indica los programas y proyectos para ser puestos en ejecución.
Cada Secretaría de Estado publica sus Programas Sectoriales en donde expone el cómo y la manera de llevar a cabo la función que en materia de seguridad se le ha asignado.
Pero desde el artículo 21 constitucional hay un vicio o laguna que las entidades federativas y algunos municipios interpretan a su saber o conveniencia. Se trata de la salvaguarda de la vida, las libertades, integridad, patrimonio de las personas, así como el orden público y la paz social.
La Secretaría de Seguridad debería expedir protocolos o acuerdos que interpreten desde la salvaguarda de la vida hasta la paz social. Estos acuerdos o protocolos deberían fijar el objeto, concepto y alcance de la salvaguarda hasta la paz social y fijar en qué momento las fuerzas de seguridad de los municipios pueden solicitar el auxilio de su entidad federativa, y a su vez en qué momento las fuerzas de seguridad municipales o locales pueden solicitar el auxilio de las fuerzas federales.
Sobre las atribuciones a las Fuerzas Armadas para participar en seguridad pública, se desvía el objeto de la función de Estado de la defensa nacional. El problema a futuro que dejará si gana otra opción política distinta a la que gobierna hoy en día es, devolver el poder que hoy se les ha depositado a las Fuerzas Armadas a los civiles.
Por eso la seguridad del país posee una planeación y obedece a objetivos estratégicos, tácticos y operativos, que se desprenden de la Constitución, del Presupuesto y del Plan Nacional de Desarrollo, en el que las Fuerzas Armadas son desviadas de su objeto histórico para atender asuntos que la clase política ha demostrado su incapacidad.
La mayoría de las políticas públicas de seguridad responden a un análisis, diagnóstico, detección de necesidades o evaluación del problema, principalmente, y con estos insumos se diseñan estrategias o políticas públicas, tomando como base los estudios que arrojan las ciencias sociales. Así la mayoría de las políticas públicas.
Una de las principales insuficiencias de la seguridad consiste en la politización de la seguridad y de la función de procuración e impartición de justicia.
La seguridad del país proviene de las funciones de Estado en seguridad pública y en defensa nacional que tiene el Estado mexicano. Las primeras las realizan las policías del país y las segundas las Fuerzas Armadas.