Imaginemos una familia, la nuestra, de la cual formamos parte, o cualquier otra. Imaginémosla todo lo reducida o amplia que se desee, ya sea una sólo con papá, mamá, hijo e hija, o una con varios padres y madres, varios hijos e hijas, abuelos/as, tíos/as, primos/as, cuñados/as… Ahora imaginemos que ante cualquier situación que ataña a la familia y sobre la cual se deban tomar decisiones y resolver asuntos sus integrantes tengan que recurrir a otras personas para hacerlo. Esto es, no serán sus miembros de mayor experiencia y conocimiento quienes tomen las decisiones; en realidad, no será ni uno ni varios integrantes de la familia quienes las tomen, sino un grupo externo conformado por personajes diversos: quizá un médico, un abogado, un profesor, el sacerdote o un psicólogo, tal vez un trabajador social y algún vecino que no saben mayor cosa de la dinámica familiar ni de quienes la conforman.
Ocasionalmente, ese grupo rector podrá llamar a algún miembro de la familia para consultar su testimonio o dar su opinión, nada más. Pero será el consejo integrado por esos otros quienes tomen las decisiones sobre la vida y el destino de la familia. Y el responsable de ver que las decisiones se cumplan no será tampoco ningún integrante de la familia sino el policía, el mecánico o el contador, da igual. Y eso será así no porque la familia lo desee sino porque un poder superior lo manda.
Si bien una familia y una comunidad científica son muy diferentes, tanto en su origen como en su constitución y en su naturaleza y más aún en su funcionamiento, propósitos y dinámicas, considero que este ejemplo nos sirve para mostrar y hacer comprensibles las implicaciones que la propuesta del gobierno en materia de ciencias, tecnologías y humanidades tendrá sobre esas comunidades: suprimir la libertad, destruir la autonomía.
Someter al conocimiento es la pretensión fundamental de la “Ley General en Materia de Humanidades, Ciencia, Tecnologías e Innovación” que el ejecutivo federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha presentado ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Dirigida a Santiago Creel, en su calidad de diputado presidente, y firmada por el secretario de gobernación, Adán Augusto López, la “iniciativa con Proyecto de Decreto”, mediante el cual se busca que sea expedida esa ley y que se complementa con la “reforma y adición [de] diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de la Ley de Planeación”, fue entregada el 13 de diciembre de 2022. Se trató de una acción calculada para que la propuesta pasara lo más inadvertida posible, pues las instituciones afectadas por esta nueva Ley iniciaban por esos días el periodo vacacional.
Es necesario analizar con cuidado tanto la exposición de motivos como la ley misma. De lo que ahí se consigna hay muchas cuestiones que colectivamente podríamos y deberíamos discutir porque nos afectan como sociedad en tanto limitan y subyugan la generación de conocimiento y condicionan el futuro de todas y de todos. En la parte de la “exposición de motivos” el documento recurre en varias ocasiones a generalidades y afirmaciones sin sustento que sólo pretenden atacar y vulnerar a la institución del Conacyt y a los Centros Públicos bajo su mando y, de manera más amplia, al trabajo realizado por décadas por la comunidad científica de todo el país bajo gobiernos de todos los sellos partidistas. Para muestra un par de referencias: Que la asignación de becas de posgrado “obedeció a arreglos poco transparentes que respondieron a intereses políticos y económicos”; o que el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) no ha estado articulado con el “resto de los esfuerzos institucionales del sector” y se mantiene “al margen de los problemas nacionales”; en ambos casos las afirmaciones son bastante cuestionables.
En ciertos temas se dejan de lado las vaguedades, que no las descalificaciones, y se proporcionan datos y cifras para atacar a los gobiernos anteriores, tal es el caso de lo que corresponde a la materia económica en la que, para criticar a priistas y panistas, se señala que nunca se ha alcanzado el famoso 1% del PIB establecido como meta que debía destinarse al fomento de la ciencia. Pero se olvidaron de dejar fuera el año 2019, bajo el mando morenista, y sucede que justo es el momento más crítico en una retrospectiva que recorre de 2002, en el que el gobierno bajo el mando de Vicente Fox otorgó el 0.38% pasando por el 2010, durante el gobierno de Felipe Calderón, que fue el año de mayor apoyo con el 0.49% y llegando hasta el 2019, en el que el gobierno de López Obrador lo redujo hasta el 0.29%, siendo así su gobierno el que menos recurso del gasto nacional ha destinado a este rubro.
Si lo apuntado antes muestra lo serio del problema, la gravedad máxima se hace evidente cuando llegamos al tema de quiénes deben encargarse de regir las políticas en la materia. Se apunta en la exposición de motivos que “a través de una política articulada por el Estado mexicano en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación [se persigue que] el Estado ejerza la rectoría indispensable para el desarrollo nacional”. Esto es “el Estado mexicano se encuentra obligado a regular, alentar y proteger la investigación en la materia”. Si bien estamos de acuerdo en que el Estado debe intervenir en la orientación, planeación y desarrollo de políticas científicas que tengan como propósito el beneficio y progreso social, debe hacerlo de acuerdo con las comunidades de especialistas y sin coartar la libertad de investigación; pero lo que se pretende en realidad con esta Ley es apoderarse de los órganos directivos de decisión para controlar la generación de conocimientos. En efecto, esta propuesta plantea la conformación de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional integrada sólo por “las secretarías” de Estado incluida la de Defensa Nacional y la de Marina. Esto es, se deja fuera del máximo órgano rector de la vida científica a la propia comunidad científica, que sólo podrá participar en esa Junta por invitación expresa teniendo en la sesión a la que sean convocados “voz, pero no voto”. Para rematar, el funcionamiento será vigilado por “una persona Comisaria Pública” designada por la Secretaría de la Función Pública. A este punto se refería el ejemplo inicial, el de una familia a la que se le arrebata la facultad de regirse y regularse a sí misma, y que en el caso de la ley atañe a la comunidad científica.
La propuesta tiene, a todas luces, una vocación autoritaria, controladora, avasalladora, que despojaría a las ciencias, las tecnologías y las humanidades de su libertad y de cualquier posibilidad de autonomía. Es responsabilidad nuestra, de todos y de todas, señalarlo, denunciarlo y exigir que eso no pase. Es responsabilidad del Congreso de la Unión detener esa propuesta de ley y preservar los derechos humanos, sociales y constitucionales de las mexicanas y de los mexicanos al libre desarrollo del conocimiento.
*Fausta Gantús
Escritora. Profesora e Investigadora del Instituto Mora (CONACYT). Especialista en historia política, electoral, de la prensa y de las imágenes en Ciudad de México y en Campeche. Autora del libro “Caricatura y poder político. Crítica, censura y represión en la Ciudad de México, 1867-1888”. Coautora de “La toma de las calles. Movilización social frente a la campaña presidencial. Ciudad de México, 1892”. Ha coordinado trabajos sobre prensa, varias obras sobre las elecciones en el México del siglo XIX y de cuestiones políticas siendo el más reciente el libro “El miedo, la más política de las pasiones”. En lo que toca a la creación literaria es autora de “Herencias. Habitar la mirada/Miradas habitadas” (2020) y más recientemente del poemario “Dos Tiempos” (2022).