Por increíble que parezca, hasta el 6 de octubre de 1953 se definió en qué consistía la ciudadanía mexicana en el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sin ambigüedad alguna. La falta de definición de la misma, provocaba, entre otras cosas, que las mujeres no fueran reconocidas como ciudadanas y no tuvieran derecho al voto ni a participar en la vida política del país.
Una simpleza como agregar al artículo constitucional que son “ciudadanos mexicanos, los varones y las mujeres que hayan cumplido 18 años, si son casados o 21 si son solteros y tengan un modo honesto de vivir” costó décadas de lucha, pues antes de este momento, las mujeres no eran mencionadas en este artículo, y en este 2023, se conmemoran las siete décadas de su reconocimiento como ciudadanas.
Establecer en qué momento inicia la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres en México es complejo, además de aquellas participantes en el movimiento de Independencia, se considera que en 1853, cuatro años antes de la promulgación de la Constitución liberal de 1857 y la Guerra de Reforma, algunas zacatecanas plantearon ser reconocidas como ciudadanas, sin embargo, la ley suprema no contempló dicha posibilidad.
Un par de décadas más tarde, entre muchas otras, Laureana Wright pedía abiertamente en sus escritos publicados en la revista “Violetas de Anáhuac” el derecho a votar para las mujeres y la igualdad de oportunidades. Años antes, en 1879, durante la celebración del Primer Congreso Obrero del Gran Círculo de Obreros Libres, grupos de mujeres promovieron la idea de que se les incluyera en los partidos de oposición a Porfirio Díaz y los clubes liberales.
A la par, la también periodista Juana Belén Gutiérrez de Mendoza (editora del seminario “Vésper”), Dolores Jiménez y Muro (colaboradora en la revista “La Mujer Mexicana”) y Elisa Acuña y Rosetti (editora de “La Guillotina”) fundaron en la cárcel la sociedad "Hijas de Cuauhtémoc", y posteriormente, “Las Amigas del Pueblo”, para exigir a Porfirio Díaz el reconocimiento de sus derechos. Cabe recordar que durante el porfiriato se vivió una amplia persecución contra quienes ejercían la labor periodística.
A esta lucha se sumaron las periodistas y simpatizantes del movimiento de Ricardo Flores Magón, Andrea y Teresa Villarreal, quienes estuvieron exiliadas en Estados Unidos por su ideología política y regresaron a México tras el triunfo de Francisco I. Madero. En noviembre de 1911 fundaron el Club Femenil Sufragista, cuyas principales metas eran incorporar a la mujer mexicana a la vida del progreso mediante la igualdad y el derecho al voto.
A la par, en Puebla, Carmen Serdán se sumó al Partido Antireeleccionista. Un año después, un grupo de mujeres envió una carta al presidente Francisco León de la Barra para reclamar su derecho al voto. Entre tanto, aún adolescente, Hermila Galindo se incorporó al gabinete maderista, y posteriormente al carrancista, para hacerse cargo de los clubes políticos en el sureste del país. Promovió el sufragio femenino en el Constituyente, pero sus propuestas no fueron incorporadas. Incluso, intentó obtener una diputación, pero le fue negada la posibilidad.
El 18 de noviembre de 1923, en Yucatán, Elvia Carrillo Puerto fue electa diputada al Congreso Local por el V Distrito, convirtiéndose en la primera mexicana en ser elegida para un cargo de representación popular. Sin embargo, dimitió dos años después debido a las constantes amenazas hacia su persona.
Sin antecedentes de por medio, en San Luis Potosí, el entonces gobernador Rafael Nieto, aprobó la ley que permitía a las mujeres que sabían leer y escribir, que no tuvieran vínculos con organizaciones religiosas, participar en los procesos electorales municipales de 1924 y en los estatales de 1925. Desafortunadamente, la iniciativa se derogó un año después.
Posteriormente se conformaron algunos grupos de incidencia como el Consejo Nacional para las Mujeres, pero fue hasta 1934, durante la campaña presidencial de Lázaro Cárdenas que se conformó el Frente de Mujeres Mexicanas, un conjunto de organizaciones de mujeres que fueron acogidas por el Partido Nacional Revolucionario, entre las que se encontraban: la Liga Orientadora de Acción Femenina (1927), el Bloque Nacional de Mujeres Revolucionarias (1929), Partido Feminista Revolucionario (1929) y la Confederación Femenil Mexicana (1931).
Un año más tarde, se agrupó el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que logró reunir a 60 mil mujeres afiliadas, quienes lucharon por el voto, la extensión de la alfabetización, incorporó a las mujeres a la lucha política y obtuvo algunas de sus reivindicaciones. Entre sus dirigentes destacaron Consuelo Uranga, Frida Kahlo, Adelina Zendejas y María del Refugio García.
Con sustento en sus ideas progresistas, entre las que se incluía el dar educación sexual en los niveles básicos de educación, Cárdenas propuso ante el Senado de la República una iniciativa para reformar el artículo 34 constitucional como primer paso para que las mujeres obtuvieran la ciudadanía, pero esta fue desechada. Uno de los principales argumentos para no apoyar la iniciativa era que muchas mujeres eran manipuladas por sus esposos o por la Iglesia para tomar sus decisiones. El mandatario michoacano intentó en dos ocasiones llevar a cabo la reforma.
El 12 de febrero de 1947, el entonces presidente Miguel Alemán Valdés aprobó la iniciativa que otorgó a las mujeres igualdad de condiciones que los hombres, para votar y ser votadas en las elecciones municipales a través de la reforma al artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal. Lo anterior se tradujo en la elección de María del Carmen Martín del Campo como la primera presidenta municipal de Aguascalientes y primera mujer en ocupar un cargo de ese tipo.
Tras la reforma de octubre de 1953, en un proceso electoral extraordinario, Aurora Jiménez de Palacios se convirtió en la primera diputada federal por el Distrito I del estado de Baja California. En 1958, Macrina Rabadán se convirtió en la primera diputada propietaria opositora por el Partido Popular Socialista en la XLIV Legislatura (1958-1961). En su fórmula, logró posicionar a otra mujer como suplente.
Posteriormente se eligió a Griselda Álvarez Ponce de León como gobernadora de Colima, convirtiéndose en la primera mujer en alcanzar un puesto de elección popular de esa envergadura. En la década de los 80, Rosario Ibarra de Piedra fue la primera candidata a la presidencia de la República en la historia del país.
En el tema de la participación política de las mujeres, uno de los principios más debatidos ha sido el de la paridad de género, consistente en producir un cambio cultural para evitar el predominio de un solo género en la esfera política. La principal herramienta para lograrla ha sido el establecimiento de las cuotas de género.
Para lograrlo, desde la década de los 90, con la reforma al artículo 115 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se ha llamado a los partidos políticos a incentivar la participación política de las mujeres. Hacia finales de la misma década, la iniciativa se reforzó con la modificación al artículo 1° del mismo código para establecer que las candidaturas a diputados y senadores no deben exceder el 70 por ciento para un mismo género.
Poco después, se reformó el Código de nueva cuenta para mandatar que 30 por ciento de las candidaturas femeninas en las listas a puestos de elección popular tenían que ser en calidad de propietarias; además de asegurar en las listas plurinominales una mujer por cada tres hombres.
La siguiente reforma fue a nivel constitucional, al artículo 41, con el objetivo de garantizar la paridad entre mujeres y hombres en las candidaturas a la Cámara de Diputados, Senado y Congresos Estatales.
Después de varios años de cambios y cuestionamiento, por primera vez en la historia la Cámara de Diputados se repartieron de manera equitativa las curules que la conforman, quedando 250 bajo la tutela de una mujer y 250 la de un hombre, cifra similar a la del Senado de la República, donde prácticamente, de igual manera, las curules están divididas al 50 por ciento entre hombres y mujeres.
Algunos datos del Instituto Nacional de las Mujeres indican que 42.1 por ciento de las titulares de las secretarias de Estado son mujeres. A nivel de diputaciones estatales, 54 por ciento de las curules son ocupadas por mujeres. En el ámbito de la justicia, sólo 36 por ciento de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son mujeres, aunque, este año, de manera histórica, se eligió, por primera vez en la historia judicial del país, a una mujer como presidenta del máximo organismo constitucional.
A nivel municipios, las mujeres ocupan mayores espacios en cuanto a regidurías, con 52 por ciento de los espacios, y a sindicaturas, con 65 por ciento de representación. Sin embargo, sólo una de cada cuatro presidencias municipales está encabezada por una mujer.
Actualmente, casi una tercera parte de las gubernaturas del país están lideradas por mujeres, un escenario inédito en el país, si se toma en cuenta, que en más de 200 años, sólo 17 mujeres han logrado ser gobernadoras, y de estas, nueve aún están en funciones. Un hecho inédito si se toma en cuenta el largo camino recorrido para llegar al escenario político actual.
A pesar de los avances, ha quedado claro que aún hay mucha violencia política en contra de las mujeres; se han presentado sucesos lamentables como el caso de las “Juanitas”, quienes alcanzaron algún escaño público y posteriormente lo cedieron a hombres; persisten los cuestionamientos en contra de la paridad de género y se continúa cuestionando con mayor énfasis el rol de las mujeres en los espacios políticos que el de los hombres. En definitiva, aún restan pendientes para subsanar los cambios culturales que permitan la plena incorporación de las mujeres a la arena política, un claro indicador del avance democrático de una sociedad, pues, contrario al discurso patriarcal, las mujeres no son un grupo minoritario, ya que representan a más de la mitad del mundo, aunque si vulnerado, como consecuencia de una visión androcéntrica en la que se les denostaba, sin embargo, teóricas como Rita Segato señalan que llegó el momento de que ellas empiecen a construir la historia, incluyendo la reconfiguración del devenir político.