Ciudad de México, 1 de septiembre de 2024. En el inicio del periodo de sesiones de la LXVI Legislatura, el Coordinador Parlamentario del partido mayoritario en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma constitucional para castigar, con pena de muerte, a violadores y secuestradores de menores.
La intensa ola de violencia y crimen que azotó a México desde mediados de 2023 llegó al cénit del repudio social cuando se encontró una casa con 40 niños y niñas utilizados para trata y delitos sexuales.
Investigaciones preliminares descubrieron a un grupo delincuencial que operaba mediante redes sociales especializadas en menores de 15 años, con una protección criminal que involucraba a políticos y la policía local. Se supo también de un sistema de franquicias que se replicaba en toda la república. Más de 500 menores fueron rescatados en el país.
Las fotos de los rescates sacudieron lo último que restaba sobre la tolerancia al crimen en México. Un avispado estratega de cierto partido político advirtió la oportunidad para definir los términos de la contienda en la elección presidencial y legislativa de 2024, en un refrito de propuesta electoral de una década atrás. Persuadió a los dirigentes y el plan se puso en marcha.
Durante tres meses de campaña electoral, el partido sentó las bases de discusión sobre seguridad con el slogan “Para vivir en paz, vamos a darles gas”. La campaña fue rechazada al unísono por defensores de derechos humanos, solo para ser aplastados por el tumulto de la voz popular que sintió, finalmente, representados sus deseos de justicia.
‘Hoy venimos a cumplirle al pueblo para que, con esta reforma constitucional, todo aquel que sea sorprendido con evidencias suficientes sea inmediatamente ejecutado sin recurso de apelación’, dijo el Coordinador al presentar la iniciativa ante el Pleno. Enardecidos por el triunfo, y con los números suficientes en el Congreso y los estados, la reforma se aprueba en apenas treinta días.
Múltiples organismos internacionales piden a México respetar los derechos humanos, a los tratados y convenciones que ha suscrito, y a repensar su estrategia frente al crimen y sus castigos. ‘Es el pueblo quien nos ha mandado, y es al pueblo de México a quien nos debemos’, dice en escuetas palabras un comunicado oficial del partido.
Tras la aprobación, el asunto llega a la Suprema Corte para ser discutida en tiempo récord. La contradicción entre disposiciones nuevas y antiguas hacen notoria la incompatibilidad entre la pena de muerte y lo que la Constitución ha dicho proteger.
La Ministra Yazmín Esquivel dice que, es una lástima, pero que la estrategia de seguridad va de frente y va primero. La Ministra Ortiz Ahlf y el Ministro Pérez Dayán creen que es una abominación, pero que la Corte nada puede hacer, porque una parte de la Constitución no puede ser inconstitucional a partir de otra. Los Ministros Zaldívar y Luis María Aguilar, quienes están a punto de dejar la Corte en diciembre del 2024, sostienen que no debe aplicarse la pena de muerte, aun y cuando está en la Constitución, porque el máximo ordenamiento reconoce los derechos humanos contenidos en los tratados, y México no puede ir en contra de estos. El resto de los Ministros flotan entre rangos de interpretación. El resultado de qué pasará es todavía incierto.
Y fue en esos instantes, antes de la votación, cuando varios Ministros desearon regresar el tiempo al 8 de septiembre de 2022, cuando se dictó sentencia de la prisión preventiva oficiosa y decirse a ellos mismos: la Corte está a tiempo para proteger los derechos humanos, no para condenarlos.