La constitución de un país es, en esencia, la concreción del pacto social y político que rige la vida de una nación. En las democracias modernas, interpretar fielmente los valores, principios, intereses y anhelos de un pueblo en aras de la identidad, la unidad nacional y la soberanía internacional es, invariablemente, un acontecimiento que involucra a toda la sociedad y que exige de los constituyentes prudencia política, sensibilidad y apertura al diálogo y que requiere de mecanismos garantizados de consulta, inclusión y representatividad para alcanzar la legitimidad que representa la Carta Magna.
Desde 2020, Chile ha vivido un proceso reformista para redactar una nueva constitución que sustituya la constitución de 1980. El proceso ha incluido la renovación del Congreso, la integración de una Asamblea Constituyente y la alternancia en la Presidencia, marcada por la llegada del presidente Gabriel Boric. El ánimo populista y de los grupos más radicales, hacía suponer la inminente aprobación del nuevo texto constitucional, cargado de excesos y de propuestas inadecuadas y absurdas.
Sin embargo, durante plebiscito del 4 de septiembre, el pueblo chileno se pronunció de manera contundente por el rechazo al texto constitucional propuesto por la Asamblea Constituyente, los votos en contra alcanzaron un sorprendente 62%, no previsto por las casas encuestadoras ni por los analistas más serios, lo que propició la respuesta inmediata del presidente Boric, quien, consternado, aceptó los resultados y convocó de inmediato a las fuerzas políticas para revisar el mensaje de las urnas y definir una nueva agenda constitucional de cara al futuro.
El rechazo fue total, se dio en todas las regiones, incluso en aquellas donde predominan los pueblos originales de la zona mapuche, que han servido de bandera a algunos grupos radicales para justificar sus propuestas, mismas que no necesariamente representan las legítimas demandas de los sectores más necesitados de la población chilena.
De todo lo ocurrido habrá tiempo para un análisis más profundo, por ahora, vale la pena resaltar el valor de la participación ciudadana y la solidez de un sistema democrático que ha sido probado en el tiempo y que ha acreditado con creces su capacidad para dar resultados de estabilidad, progreso y desarrollo, luego de la ejemplar transición a la democracia inaugurada con la victoria del NO, en el plebiscito de 1988.
Los chilenos rechazaron la nueva constitución y eligieron con su voto construir un nuevo rumbo para Chile. El mensaje de las urnas es un mandato de unidad nacional en democracia y esto implica a toda la sociedad, no sólo al gobierno.
Al convocar a todas las fuerzas políticas, el presidente Boric da una oportunidad a su mandato, tempranamente cuestionado. Los chilenos le han recordado con su voto que la opción para Chile es la democracia, que la construcción democrática se sustenta en el respeto a la pluralidad y la tolerancia, que no hay régimen democrático que avance violentando la voluntad popular o cediendo a las presiones de los grupos radicales que buscaron imponerse aprovechando el momento político.
Las lecciones de la democracia chilena están a la vista de todos. México tiene la oportunidad de aprender cómo mantener la vía democrática y como hacer valer la voluntad del pueblo frente a las pretensiones autoritarias del gobierno y los excesos de los grupos de presión más radicales que impulsan la deriva autoritaria.
La participación ciudadana, en unidad y con propuesta, puede hacer la diferencia en los próximos procesos electorales.
No permitamos que la concentración y el apetito de poder extravíen el rumbo democrático de nuestro país; no dejemos que la polarización ideológica nos divida y nos enfrente; que por ningún motivo el interés superior nuestra nación, sea confundido con los intereses de un grupo o un partido. En el mes de la patria… ¡Que viva México!