La seguridad pública está entre las tareas que mayor complejidad tienen y mayor compromiso demandan por parte de quienes gobiernan. Y de las que más impactan en la vida de las personas. Los múltiples factores que concurren para mantenerla la hacen también un concurso permanente de gobierno y sociedad: si alguno falta, todo se pierde.
Por décadas, en nuestro país la confianza en diversas corporaciones de seguridad se fue minando debido sobre todo a la corrupción, pero también por los abusos y malos manejos de las autoridades. El resultado es una gran resistencia de la ciudadanía en general ante las policías locales en la gran mayoría de las regiones del país, pues las perciben como instrumentos del gobierno en turno, en vez de garantes de la tranquilidad y convivencia.
Las fuerzas armadas se cuecen aparte. Después de la lucha revolucionaria, sucesivos gobiernos tuvieron el tino de no inmiscuir a la milicia en asuntos de política ni de emplear a sus efectivos para imponer el orden. En lugar de eso, las mujeres y los hombres de uniforme han cumplido con desempeñar tareas de salvamento y asistencia a la población en casos de desastres, naturales o no.
Por eso el respeto de la ciudadanía hacia el Ejército y Marina. Es un reconocimiento ganado a pulso al asistir a la gente que lo ha requerido, manteniendo siempre su primera tarea, que es la salvaguarda de la soberanía nacional.
Ha habido excepciones en las que el poder civil desvió de sus tareas a la milicia, con las funestas consecuencias de 1968 y la llamada Guerra Sucia. Esos lamentables hechos mancharon al Ejército y nadie lo pone en duda.
Durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, las fuerzas armadas fueron llamadas por su jefe supremo a salir de sus cuarteles y asumir labores de seguridad pública, patrullando calles y combatiendo en territorio nacional al crimen organizado. Se ha cuestionado con razón que fue una declaración unilateral de guerra que costó y sigue costando muchas vidas, pero también se argumenta que el crimen amenazaba con tomar el control de gran parte del territorio nacional.
En el periodo de Enrique Peña Nieto al principio se dejó de hablar de la violencia por orden presidencial, pero ahí estaban las matanzas y los tiroteos segando vidas inocentes y con los criminales fortaleciéndose cada vez más. Voces opositoras criticaban que no se había avanzado en la profesionalización de policías estatales y municipales, y quienes hoy gobiernan apoyaban el activismo contra la militarización, pidiendo que el Ejército vuelva a sus cuarteles.
Hoy gobierna Andrés Manuel López Obrador, de Morena. Desde el inicio de su sexenio la política de seguridad pública es “abrazos, no balazos”, pero los abrazos son para los delincuentes y los balazos los recibe la ciudadanía. Se creó la Guardia Nacional, de carácter civil por mandato constitucional, pero al mismo tiempo se eliminaron en gran medida los fondos para las policías estatales y municipales.
Todo se apostó a la Guardia Nacional que, a pesar de ser civil en el papel, se conformó mayormente con elementos de formación militar, gran parte de ellos comisionados. Pero los resultados dejan mucho que desear: con más de 113 mil efectivos, la guardia nacional detuvo en 2021 a 8,258 personas. En 2018, la entonces Policía Federal tenía menos de 40 mil efectivos y detuvo a 21,702 personas.
Algo pasa en la Guardia Nacional que, con casi el triple de elementos que la hoy inoperante Policía Federal, aparentemente hace mucho menos.
Ahora el presidente López Obrador quiere que ese organismo de seguridad dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Ayuda eso en algo? ¿Cambiará sus directrices? ¿Vale la pena romper la Constitución para hacer más abultado el organigrama y la plantilla de personal de la milicia? ¿Por qué se le daría a los elementos de la Guardia Nacional el fuero militar?
Muchas interrogantes, pero lo cierto es que de nueva cuenta se quiere involucrar a las fuerzas armadas en tareas que vulneran su propósito constitucional. Y de nueva cuenta se sigue descuidando a las policías estatales y municipales, que son las primeras en conocer los hechos en la mayoría de los casos. Y las que menos recursos tienen.