Lo que está en juego en el Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia de la Nación es dotar o no al Estado Mexicano de herramientas para mejorar el combate a la delincuencia, al crimen organizado y al devenir jurídico del país.
El debate tiene base en el juicio de amparo en revisión 355/2021, de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, y de la acción de inconstitucionalidad 130/2019 Luis María Aguilar, para determinar la inconvencionalidad o no de la prisión preventiva oficiosa y si la Constitución puede ser inconstitucional.
La discusión propondría la inhabilitación del artículo 19 constitucional, con el fin de invalidar el artículo 167, del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el artículo 5, de la Ley de Seguridad Nacional.
Lo central de la discusión no somos los legisladores ni los ministros, sino la seguridad de la sociedad. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elimina la prisión preventiva oficiosa para la mayoría de los delitos graves, quitará al gobierno federal un recurso importante para combatir el crimen organizado, y muchos delincuentes podrían escapar de la justicia y seguir en la impunidad. ¿Se abrirán las puertas de las cárceles?
Hay casos recientes de criminales que lograron fugarse porque no se les aplicó esa medida cautelar, pero a la derecha poco le importa la seguridad de los ciudadanos, lo que quieren es poner trabas al esfuerzo del presidente de pacificar al país.
“Que la SCJN busque eliminar la prisión preventiva oficiosa es un acto de incongruencia por completo. Los paladines de la justicia de repente quieren anular un artículo de la Constitución, algo que no les corresponde. Eso es gravísimo”, como ha expresado el presidente López Obrador.
Para la doctora Claudia Shienbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, si se elimina la prisión preventiva oficiosa para algunos delitos, la estrategia de seguridad en la capital se vería afectada y podrían revertirse algunos logros en la materia, y muchos de los que cometen homicidios, feminicidios, pederastia, delincuencia organizada y corrupción podrían salir libres.
Además esto dejaría en alta vulnerabilidad a jueces y agentes del Ministerio Público en momentos de alta violencia, producto de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. “Dejemos la prisión preventiva oficiosa para los delitos que están establecidos en el Art. 19 Constitucional para así proteger a los jueces”.
También es crítico que se plantee quitar la prisión preventiva oficiosa a los factureros, “cuando defraudan no solo al erario sino al país, hacen lavado de dinero, sea por corrupción o por delincuencia organizada”, como agrega la Doctora Sheinbaum Pardo.
El posicionamiento de la Secretaría de Gobernación (Segob) afirma que “es fundamental la existencia de la prisión preventiva oficiosa en ciertos delitos, para asegurar que los presuntos criminales a quienes se les detiene por delincuencia organizada, delitos graves de orden común o delitos de cuello blanco, no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal”.
A su vez, Jesús Ramírez Cuevas también considera que “la prisión preventiva oficiosa es un recurso constitucional para proteger a las víctimas de sus agresores y evitar que se sustraigan de la justicia”. Si la SCJN la invalida, 92 mil personas sujetas a procesos por delitos graves podrían solicitar amparos para ser excarcelados, suena absurdo abrirle espacios a la criminalidad.
¿Qué diferencia hay entre la prisión preventiva ociosa y la justificada? En la justificada (se valora caso a caso si el imputado es peligroso para las víctimas, testigos o el proceso). En la oficiosa (se ordena automáticamente) si te acusan de un delito de la lista del Art. 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Hasta el momento de la entrega de esta columna los resultados en la SCJN aún no se habían dado.
El valioso papel de la Guardia Nacional
La Cámara de Diputados aprobó en lo general la iniciativa presidencial para permitir que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asuma el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, por lo que la minuta fue turnada al Senado.
La iniciativa con proyecto de decreto tiene por objeto fortalecer la consolidación institucional de la Guardia Nacional como un cuerpo policial permanente, profesional, disciplinado, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) bajo el control operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Lo anterior, con el propósito de garantizar el cumplimiento efectivo de los fines constitucionales de dicha institución de policía para salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la preservación del orden público y la paz social, con pleno respeto a los derechos humanos y a los estándares internacionales en la materia.
La iniciativa no es autoritarismo, no es militarizar, sino cuidar que la Guardia Nacional no se corrompa, como sucedió con la Policía Federal que reprimía al pueblo como lo hicieron en los gobiernos del PRI y el PAN. Sabemos que los grupos delictivos tienen equipamiento casi militar y en algunas regiones superan al que tienen las policías estatales.
Estamos en el senado mexicano para fortalecer el proyecto de Nación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador; no llegamos ahí espontáneamente, sino por el respaldo de 30 millones de mexicanos que creen y confían en la Cuarta Transformación hacia un país con justicia y paz.
La Guardia Nacional cuenta actualmente con 115 mil elementos y con más del 70% de la aprobación de la ciudadanía. Sin titubeos y como prioridad, el grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República debemos sacar a favor las diversas reformas legales para fortalecer a la Guardia Nacional.
Cito a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo: “La Guardia Nacional es un cuerpo de seguridad dedicado a construir la paz en el país. La Sedena también es una institución que garantiza soberanía y paz. La guerra contra el narco se ordenó por un civil. La represión en México se ha ordenado por civiles”.
El mando de la Guardia Nacional en la Sedena significa disciplina y soberanía, siempre serán cuerpos de paz si el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es un pacifista y no reprime al pueblo.
No olvidemos a García Luna, un delincuente al mando de una fuerza policial o su jefe el “haiga sido como haiga sido”.