Para su edición en el año 2022, el tema central de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo fue el papel crucial de las mujeres indígenas en la preservación y transmisión del conocimiento tradicional. Esta conmemoración internacional, celebrada hace algunas semanas, reconoció el rol colectivo y comunitario de las mujeres, su labor como guardianas de los recursos naturales, cuidadoras y sostén de las familias, defensoras de las tierras, territorios y los derechos humanos de los pueblos indígenas. Considerando estas celebraciones, así como el impuso de iniciativas para empoderar a este grupo población, reconocemos que si bien el consenso internacional ha fomentado grandes esfuerzos para visibilizar y reconocer a las mujeres indígenas, resulta prioritario continuar haciendo visibles los desafíos y obstáculos que enfrentan todos los días, por ejemplo: la infrarrepresentación en la toma decisiones en el ámbito local y nacional, la pobreza y el poco acceso a servicios de salud, educación y oportunidades laborales, la discriminación y violencia basadas en género, clase, etnia y situación económica.
Este 5 de septiembre, en el marco del Día Internacional de las Mujeres Indígenas, destacamos algunos datos que reflejan la situación de este grupo poblacional, así como la necesidad de materializar medidas efectivas que promuevan el acceso equitativo a oportunidades y a una vida libre de violencia y discriminación. Por ejemplo, de acuerdo con el Estudio Global sobre la Situación de las Mujeres y Niñas Indígenas, se calcula que hay 476 millones 600 mil indígenas en el mundo, de los cuales 238 millones 400 mil son mujeres, lo que representaría el 6.2% de la población mundial. No obstante, también constituyen el 15% de las personas más pobres del planeta, lo cual, según este estudio realizado por el Foro Internacional de las Mujeres Indígenas (FIMI/IIWF) representa un grave obstáculo para la igualdad y el pleno disfrute de los derechos humanos.
A nivel regional, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sostiene que el acceso desigual a las oportunidades tiene un efecto acumulativo negativo en el bienestar social, económico y psicológico, que en el caso de las mujeres indígenas se acrecienta por su condición étnica. En su más reciente informe, se afirmó que las mujeres indígenas y afrodescendientes perciben en promedio los ingresos laborales más bajos, independientemente de los niveles educativos y las horas trabajadas. Además, más del 85% de las mujeres indígenas participan en economía informal lo que limita el acceso a los alivios financieros del gobierno para afrontar la emergencia, tal como se concluyó en el más reciente informe “Los impactos sociodemográficos de la pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe”.
En ese mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó que la exclusión política, social y económica de las mujeres indígenas ha contribuido a una situación permanente de discriminación estructural, que las hace susceptibles a diversos actos de violencia. Igualmente, que las violaciones de los derechos colectivos, civiles y políticos, y económicos, sociales y culturales son una forma de violencia estructural contra las mujeres indígenas. Ante ello, la CIDH propuso a los Estados los principios rectores para asegurar el ejercicio pleno de sus derechos humanos, por ejemplo: el respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas, la consideración de sus perspectivas y la dimensión colectiva de sus derechos individuales y de comunidad, así como la concientización sobre la discriminación agravada y potenciada a la que son sujetas las mujeres indígenas, la incorporación de un enfoque que reconozca las formas múltiples e interconectadas de discriminación, y su participación activa.
Las mujeres indígenas dotan a la nación de una pluralidad y diversidad cultural que nos engrandece. Por ello, escuchar e incluir sus voces en la deliberación resulta indispensable para garantizar sus derechos humanos, pero también para enriquecer y fortalecer un debate público más plural y responsivo que considere sus perspectivas y necesidades, desde su individualidad y lo colectivo. En el ámbito de nuestras competencias, se han puesto en marcha medidas e instrumentos para el ejercicio del derecho a saber, a fin de promover su participación informada en los asuntos que les son de interés.
Sin embargo, desde el servicio público resulta importante continuar promoviendo que las instituciones públicas generen información útil y estadísticas específicas sobre la situación de los derechos humanos de este grupo social en particular, ya que dicha información será clave para la creación e implementación de medidas integrales que erradiquen la violencia y discriminación contra las mujeres indígenas, y que posibiliten escenarios en los cuales ellas puedan desplegar lo mejor de sí mismas y de su cultura a través del ejercicio efectivo de los derechos que naturalmente les corresponden, tanto de carácter individual como colectivo, teniendo como eje articulador el derecho de acceso a la información.