Los avances en las tecnologías son cada día más profundos y acelerados. Desde la perspectiva de los derechos humanos, esto tiene implicaciones de suma importancia en varios planos. Por mencionar algunos ejemplos, en cuanto a la libertad de expresión, se advierte la expansión de las posibilidades de las personas de emitir y recibir información de diferentes fuentes y en tiempo real sobre temas de interés general; las redes sociales permiten la convivencia virtual entre personas alejadas geográficamente, con un impacto favorable para el multiculturalismo; la provisión de servicios públicos es mejorada significativamente, como es el caso del ámbito judicial, en el que se utilizan los juicios en línea; o en la procuración de justicia, los sistemas de presentación de denuncias de forma remota.
Bajo este contexto de cambio acelerado, el 28 de septiembre se celebra el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, establecido a partir de la declaración hecha en 2015 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, efeméride adoptada posteriormente por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este 2022 la conmemoración aborda la inteligencia artificial, la gobernanza electrónica y el acceso a la información.
En el ámbito de la administración pública, el avance hacia un modelo de gobernanza electrónica ha estado presente desde hace varios años, como una perspectiva que busca la incorporación de las tecnologías informáticas en la prestación de los distintos servicios a la población, bajo esquemas de aumento de eficacia, respeto a las libertades fundamentales y vigencia del Estado de derecho.
La evolución en la manera en que se gestiona el derecho a saber en México es un ejemplo de las oportunidades que brinda el desarrollo informático en el sector público, en relación con los derechos humanos. Desde sus etapas iniciales, el uso de los portales de Internet para publicar información y de plataformas electrónicas para la recepción de solicitudes de acceso fueron rasgos definitorios en su operación.
En la actualidad, son conceptos intrínsecos a la transparencia y al acceso a la información los de datos abiertos, buscadores, accesibilidad. La Plataforma Nacional de Transparencia, como mecanismo digital que implica la publicidad de millones de registros informativos de los sujetos obligados, así como la gestión de enormes volúmenes de solicitudes y medios de impugnación, representa un nítido ejemplo del impacto positivo de las tecnologías en la implementación de políticas públicas de apertura y de tutela del derecho de acceso a la información.
Dentro del vertiginoso avance informático global, la conceptualización del gobierno electrónico suma a sus elementos primordiales a la inteligencia artificial, en un contexto en el que el uso de Internet tiene un alcance importante en la vida cotidiana de una gran parte de la población.
La pandemia ocasionada por la covid-19 dejó enseñanzas relevantes para distintos ámbitos de la administración pública, entre ellas, la de la utilidad de incorporar en su cotidianeidad a las tecnologías como herramientas que permiten agilizar la atención a problemas que ponen en riesgo los derechos. El principal parámetro para determinar si el Estado es eficaz en el ejercicio de su mandato, es el alcance efectivo en su área de materializar en la vida cotidiana de las personas las libertades fundamentales que se consagran en nuestra Constitución, De ahí la importancia de que la inclusión de las tecnologías en la gestión de los asuntos públicos tenga como propósito coadyuvar en su tutela.
En el terreno del derecho a saber, al continuar con la consolidación del uso de tecnologías en el gobierno, se deben planear impactos positivos orientados a que las distintas instancias produzcan información oportuna, accesible según las necesidades de los distintos grupos poblacionales, detallada y útil socialmente para la comprensión de la forma como se ejerce el poder público y de sus resultados.
De igual forma, un escenario deseable es que, en aras de mejorar el acceso a la información y, por ende, la rendición de cuentas en México, las tecnologías digitales logren la ampliación de los canales de comunicación con la sociedad; se reduzca la asimetría en el acceso a la información, con el acercamiento de las herramientas informáticas a los grupos más vulnerables; y se construyan mayores y mejores espacios para la participación ciudadana.
La digitalización de la actuación de las instituciones de gobierno, además de los beneficios operativos que aporta a la gestión de los asuntos públicos, debe convertirse en un motor de cambio hacia una nueva cultura digital en la gobernanza pública, en la que la producción, gestión y análisis de los insumos informativos generados en el sector público, se conciban como cuestiones de interés general que, mediante su más amplia difusión, contribuyen significativamente a la vida en democracia, al hacer posible la construcción de una ciudadanía informada, crítica, capaz de exigir sus derechos y cumplir con sus obligaciones.