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¿Quién manda aquí?

Las encuestas no son un mandato que justifique las decisiones de los gobernantes. | José Antonio Sosa Plata

Escrito en OPINIÓN el

La participación popular para opinar sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028 —programada para el próximo 22 de enero— no será una consulta, sino un ejercicio de participación. ¿Cuál es la diferencia entre ambos métodos? En sentido estricto, ninguno. Lo que realmente debemos considerar es que estamos, una vez más, ante una decisión unilateral que parece irreversible.

El poder que ejerce el presidente sigue siendo tan grande que, por momentos, deja la impresión de que no existen los equilibrios que debe tener un sistema democrático. Sin embargo, su popularidad se mantiene en niveles altos, sin que parezcan importar las opiniones que expresa la ciudadanía en los estudios de opinión, aparentemente. Mucho menos lo que piensan los opositores al gobierno en el Congreso.

Algo similar sucede con la imagen del Ejército, la Armada y ahora con la Guardia Nacional. La confianza en estas instituciones sigue firme, aunque un alto porcentaje de los encuestados opinen que en materia de seguridad no están dando los mejores resultados. La tendencia no es reciente. Ha sido la constante desde que se tomó la decisión de involucrarlas, de manera directa, en la lucha contra el crimen organizado.

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De acuerdo con la encuesta publicada hace unos días por el Gabinete de Comunicación Estratégica, 7 de cada diez piensan que fue un acierto del actual gobierno la creación de la Guardia Nacional y que es un avance para México que la seguridad pública esté a cargo de las Fuerzas Armadas. En contraste, solo el 50% considera que la inseguridad en el país no se resolverá si se incorpora la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas.

Por otra parte, también resulta significativo observar que el 64% de los encuestados considera que la Guardia Nacional debe tener mandos militares. La confianza en las policías estatales y municipales no se recupera. Todo lo contrario. Apenas un 6% afirma que si en su colonia se viviera una situación de inseguridad que le afecte a la persona o a su familia le pediría ayuda a estas corporaciones. A partir de este preocupante resultado, llama la atención que en las estrategias no se les concede aún la relevancia que les corresponde.

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Los datos duros son elocuentes. Haciendo a un lado las divisiones de opinión y contradicciones que hay en las encuestas, la mayoría de la población está en favor de la reforma para que la SEDENA tenga el control de la Guardia Nacional. Tampoco hay desacuerdo para que la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad se prorrogue hasta el 2028.

Desde este punto de vista, entonces, se puede afirmar que el presidente Andrés Manuel López Obrador está tomando la decisión más adecuada al ignorar las presiones de la oposición, como lo ha hecho en innumerables ocasiones. A final de cuentas, asegura, “el pueblo manda”. Visto así, las acciones que está emprendiendo podrían ser consideradas como legítimas, porque es lo que la gente quiere y es la mayoría la que respalda al primer mandatario al aprobar lo que está haciendo.

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Sin embargo, si este fuera el parámetro único o principal para evaluar la legalidad de las decisiones de los gobernantes no serían necesarias ni las elecciones, ni las autoridades electorales ciudadanas ni un Tribunal electoral para “asegurar la protección efectiva y el ejercicio de los derechos relacionados con los mecanismos de participación política”. Tampoco harían falta el Congreso de la Unión ni el Poder Judicial de la Federación.

Los mecanismos para garantizar los contrapesos en el ejercicio del poder democrático no son perfectos, pero sí lo más cercano a la justicia. Cada diputado, cada senador y cada gobernante en general representan a grupos grandes, medianos o pequeños de la sociedad. Las instituciones independientes o autónomas como el Banco de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República o el Instituto Nacional Electoral cumplen otras funciones vitales dentro de nuestro sistema político.

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Cierto es que la autonomía de las instituciones en México y otros países no siempre es absoluta. A sus dirigentes se les pueden imponer en sus cargos, controlar o presionar desde otros poderes, lo que reduce su independencia y margen de maniobra para actuar con la imparcialidad debida. Lo que no es aceptable es que se justifiquen las acciones de poder con cualquier mecanismo de consulta ciudadana que esté previamente confirmado por los estudios de opinión.

Los costos económicos de cualquier referéndum, consulta o ejercicio de participación son muy altos. Y no se justifican cuando se trata de decisiones ya tomadas o de las cuales se saben los resultados. Pero menos si se dan en el marco de una situación económica difícil para un país, en el que se ha asegurado que las medidas de austeridad son indispensables para mantener los programas sociales y los grandes proyectos de infraestructura emprendidos por el gobierno federal.

Consulta: Alejandra Nasser, Alicia Williner y Carlos Sandoval. Participación ciudadana en los asuntos públicos: un elemento estratégico para la agenda 2030 y el gobierno abierto. CEPAL y Cooperación Española, 2021.

Mucho se ha hablado de las habilidades que tiene el presidente en su comunicación con la ciudadanía. La capacidad que ha demostrado para mantener un blindaje en su imagen pública, aún en entornos complicados como la pandemia del covid, se ha visto pocas veces en la historia de nuestro país. No es fácil mantenerse por cuatro años como un líder aceptado y bien valorado por la mayoría.

Es bien sabido que el ejercicio del poder desgasta a cualquiera. Hasta ahora, no ha sido el caso del primer mandatario. Pero también debe tener presente que son excepcionales los personajes de la historia mundial que logran trascender su tiempo y sus circunstancias. En México ha habido presidentes con altos niveles de aprobación, pero solo unos cuantos se han mantenido con buenos números al finalizar sus mandatos. Menos aún, cuando promovieron conflictos o abrieron frentes que eran innecesarios.

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Los líderes democráticos del siglo XXI saben bien que comunicar es gobernar. También que “la razón política” o el respaldo de la ciudadanía a partir de lo que dicen las encuestas no está directamente relacionado con “la razón de Estado”. El respeto a las leyes y a los mecanismos de resolución de conflictos establecidos con base en el equilibrio entre los poderes es —debe ser— la guía principal de sus decisiones.

Para mantener el control no siempre es necesario imponer, someter o presionar a otros personajes o poderes institucionales, que tienen la misma legitimidad y respaldo de la ciudadanía. Escudarse en la sociedad tampoco debería ser un pretexto para hacer lo que, desde una perspectiva unilateral, se considera conveniente.

En democracia, todas las opiniones cuentan y tienen un peso específico que las leyes les otorgan. Recordemos que muchas de las grandes decisiones que se toman todos los días pueden ir acompañadas de los métodos y procedimientos legítimos de la persuasión y la comunicación política. ¿Por qué no optar por ellos y ganar el debate público, que es uno de los instrumentos más valiosos de la democracia?

Recomendación editorial: María José Canel Crespo. La comunicación de la administración pública: para gobernar con la sociedad. España: Fondo de Cultura Económica, 2018.