El martes 29 de diciembre del 2009, elementos del Ejército Mexicano irrumpieron en el hogar de Rocío Irene Alvarado Reyes, ubicado en el municipio de Buenaventura, Chihuahua.
Sin orden de arresto obsequiada por algún juez —el Ejército no tiene facultades para detener personas—, Rocío Irene fue privada de su libertad frente a sus dos hermanos menores de edad, su hija de dos años y su madre. Fue conducida al 35 Batallón de Infantería, ubicado en Nuevo Casas Grandes y desde entonces se desconoce su paradero. Ese mismo día también fueron detenidas y desaparecidas otras dos personas: Nitza Paola Alvarado Espinoza y José Ángel Alvarado Herrera.
Agotadas las instancias nacionales, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien, el 28 de noviembre del 2018, sentenció al Estado Mexicano por el delito de desaparición forzada de personas.
El 7 de junio del 2022, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de María del Rosario Piedra Ibarra, emitió un “Acuerdo que instruye a realizar las gestiones necesarias para impulsar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, lo que demuestra que casi cuatro años después de la resolución condenatoria, el Estado Mexicano ha sido incapaz de ubicar a las personas desaparecidas, de sancionar a los elementos del Ejército Mexicano que intervinieron en los hechos —incluyendo a los mandos que ordenaron la comisión de esos delitos— y lo más importante: ha sido omiso en el mandato de asegurar que el mantenimiento del orden público esté reservado a los cuerpos policiales civiles.
En 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 350 quejas contra la Guardia Nacional y hasta julio de este año se han registrado 276 por delitos como intimidación y tortura. Sin embargo, frente a la iniciativa de mantener al ejército en tareas relacionadas con la seguridad pública, la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en abierta contravención de lo expresado en su propio acuerdo relativo al cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana, señaló que dicha institución “no promoverá acción de inconstitucionalidad alguna”, a pesar de la evidente militarización de la vida pública, ordenada desde Palacio Nacional.
Durante la discusión de la iniciativa que propone la continuidad del ejército en tareas de seguridad pública hasta el 2028, elementos del instituto armado, con su presencia uniformada, atentaron contra la inviolabilidad de la Cámara de Senadores, en razón de que la Ley Orgánica del Congreso en su artículo 12 prohíbe su presencia.
El Ejército Mexicano ha ido incrementando sus privilegios, desde la administración de Felipe Calderón Hinojosa. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto recibió apoyos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), por más de 45 millones de pesos para el diseño de una ametralladora giratoria calibre 5.56 milímetros y para el desarrollo de armas calibre 12.7 y 40 milímetros para vehículos terrestres SARAF.
Ya durante la administración de López Obrador, el instituto armado recibió poco menos de 4 millones de pesos para este último proyecto, con base en el Fondo Sectorial de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos Conacyt-Sedena.
El viernes de la semana pasada, el sujeto que cobra como presidente de la República propuso una nueva truculencia para “legitimar” la militarización: realizar una consulta popular, sin apego al precepto establecido en la fracción VIII del artículo 35 constitucional, que entre otras cosas prohíbe su realización sobre temas de seguridad nacional “y la organización, funcionamiento y disciplina de la fuerza armada permanente”, con lo que manda un mensaje muy claro: continuará con la militarización de la vida nacional, a través de acciones al margen de la constitución y las leyes.
La obcecación de López Obrador sólo puede leerse como condición previa del autoritarismo con el que pretende su continuidad al frente del Poder Ejecutivo más allá del 2024.