De nueva cuenta la solución fácil, “chabacana” y, sobre todo, ilegal.
Sí, al mejor estilo “de la casa”, López Obrador intenta cumplir su capricho de militarizar al país, en abierta violación a la Constitución y a la ley.
Total, qué tanto es una violación más a una Carta Magna que, de forma tumultuaria, ha sido violentada una y otra vez por el gobierno de AMLO.
Y en esa pulsión violatoria del la Ley Suprema, un cada día más locuaz presidente mexicano propone una consulta al “pueblo bueno y sabio” para que la voz popular decida si los militares deben seguir o no en las calles, dizque para garantizar la seguridad y acabar con la violencia y el crimen.
Sin embargo, sólo los ignorantes y los fanáticos pueden creer que la militarización de la vida nacional es la solución a la violencia y al crimen.
Por eso empezamos por el principio, ya que primero es lo primero.
1.- Todos han visto, a través de redes y plataformas digitales, las ofensivas imágenes de la impunidad con la que verdaderos ejércitos criminales recorren ciudades y pueblos, sin que ninguna autoridad municipal, estatal o federal haga nada.
Incluso, ya en el colmo del absurdo, en días pasados se convirtió en tendencia un video que mostraba a un presunto sicario de un cártel criminal –con todo y armas–, realizando sus compras en un supermercado.
¡Y claro, tampoco pasó nada!
2.- Pero además, también a la vista de todos, en días recientes apareció en medios abundante información sobre la impensable exoneración de criminales como “El Mochaorejas”, como los principales responsables del crimen de “Los 43” y, en especial, criminales como Rafael Caro Quintero.
Claro, sin olvidar que, violando la Constitución, el presidente López Obrador ordenó liberar a Ovidio Guzmán, jefe del Cártel de Sinaloa.
¡Y claro, ante tales ejemplos de justicia comprada –justicia que tiene precio sea económico, sea político–, tampoco pasa nada!
3.- Y por supuesto que también está a los ojos del mundo que en México existe una eficaz alianza entre el partido en el poder, Morena, y el crimen organizado; pacto que hizo florecer los llamados “narco-gobiernos”, entre ellos los de Baja California, Tamaulipas, Michoacán, San Luis Potosí, Sonora y Sinaloa.
¡Y tampoco en este caso ha pasado nada, a pesar de las pruebas contundentes de una ilegal complicidad político-criminal!
Y ahora vamos a las preguntas.
¿Por qué no pasa nada cuando los ejércitos criminales se pasean por ciudades, pueblos y hasta en supermercados?
¿Por qué no pasa nada cuando son liberados criminales confesos, a causa de la justicia mexicana corrupta o producto de acuerdos políticos?
¿Por qué no pasa nada cuando se demuestra la existencia de “narco-gobiernos” y cuando es clara la complicidad entre la política y el crimen?
La respuesta a las interrogantes planteadas también la conocen todos.
No pasa nada porque nadie en el Estado mexicano quiere poner fin a la violencia y al crimen; y no le interesa a ninguno de los “mandantes mayores”, por la complicidad que existe entre las bandas criminales y el propio López Obrador; complicidad y complacencia que se extiende a gobernadores, legisladores, líderes de partidos, jueces y ministros de la Suprema Corte.
Queda claro, por tanto, que el fin de la violencia y el crimen; el freno a las bandas criminales y la urgencia de regresar la seguridad a las calles de todo el país no está en la disyuntiva de mantener o no a los militares en la calle.
No, lo cierto es que la militarización que de forma maniquea proponen López Obrador y sus aliados de Morena y del PRI, en realidad es una falsa disyuntiva que nada resuelve; es una mentira que, en el fondo, busca la militarización para acabar con el proceso de democratización.
La solución está en el fortalecimiento del sistema de impartición de justicia, en el fin de las alianzas perversas entre poder, política y crimen; en el castigo ejemplar a criminales y matarifes y en la federalización de una fuerza policiaca civil.
Y es que sin una policía municipal, estatal y federal fuerte y bien capacitada, las bandas criminales seguirán siendo dueñas de las calles y se pasearán por todo México como “Pedro por su casa”.
Sin la complicidad del presidente, de gobernadores, legisladores y líderes de partidos con las bandas criminales, no existirían los “narco-gobiernos” y tampoco serían liberados –por razones económicas o políticas–, los jefes de las bandas criminales.
Y sin jueces y ministros de La Corte corruptos, que venden la justicia por dinero y tuercen la ley y la Constitución por consigna, la impartición de justicia sería eficaz y no habría lugar para la impunidad.
En el fondo, la solución a la violencia, la impunidad y la complicidad entre el poder y el crimen no está en la militarización y tampoco en la violación a la Constitución y a la Ley, como lo propone López Obrador.
Y es que la propuesta de AMLO para consultar si las fuerzas castrenses siguen o no en las calles, violenta los artículos 21 y 35 de la Constitución, además de la propia Ley de Consulta.
Por ejemplo, el Artículo 21 constitucional establece que la Guardia Nacional será de carácter civil, mientras que el Artículo 35 prohíbe que se someta a consulta todo lo relacionado con la seguridad pública.
Está claro que tanto el presidente López Obrador, como su claque, saben que violentan la Carta Magna. Pero también es cierto que “les vale madre” violar la Ley Suprema.
Y mientras el presidente siga siendo el mayor violador de la Constitución y de las leyes que de ella emanan, no existirán policías, militares y sistema de justicia capaces de acabar con la violencia y el crimen.
¿Hasta cuándo López Obrador seguirá siendo el mayor violador de la Constitución?
Al tiempo.