FUERZAS ARMADAS

La trampa del discurso

Está en la ciudadanía no aceptar el discurso tramposo para que las fuerzas armadas cumplan con la tarea que la Constitución les asigna. | Ivonne Ortega

Escrito en OPINIÓN el

En medio de la discusión por la militarización de la seguridad pública, el oficialismo ha emprendido una campaña feroz para vender el discurso de que la oposición está en contra del Ejército y la Marina, y que la postura de no militarización debilita la seguridad del país.

Es un discurso tramposo.

Quienes estamos en contra de la militarización del país, no estamos en contra de las fuerzas armadas. Valoramos y respetamos la labor del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, se han ganado el aprecio de la ciudadanía al auxiliar a la población en momentos de desastre, al permanecer por décadas ajenos a los movimientos de la política, por ser garantes de la institucionalidad.

Posicionarse en contra de la militarización no es debilitar la seguridad pública. Por el contrario, es pugnar por el fortalecimiento de los cuerpos policíacos estatales y municipales, pasando necesariamente por una depuración a fondo, capacitación, equipamiento, dignificación del trabajo policial.

Las fuerzas policiales locales son el primer nivel de respuesta a cualquier evento que vulnere el orden y la seguridad; las federales a menudo son reactivas, cuando la ciudadanía ya ha recibido el golpe. Por eso es tan importante que sea en el nivel municipal, en el estatal, donde se concentre el esfuerzo de seguridad.

Votar en contra de la ampliación del periodo de permanencia de elementos en el Ejército y Marina en las calles, no es desproteger a la ciudadanía. La reforma constitucional del 2019 establece que las fuerzas armadas colaborarán en las tareas de seguridad hasta el año 2024.

Por cierto, que las fuerzas armadas colaboren en tareas de seguridad pública es una medida transitoria, es decir, temporal, que en 2019 se estableció para dar oportunidad a que la Guardia Nacional se integre, se consolide y se fortalezca.

Hoy la Guardia Nacional tiene más de 113 mil elementos distribuidos en el territorio nacional. En su momento, la Policía Federal nunca tuvo más de 38 mil integrantes. No se puede alegar que la Guardia Nacional no esté integrada o consolidada: que no reciban órdenes o que su actuación no sea la que se esperaba, no depende de tener a militares en las calles.

El voto en contra de que siga la presencia militar en tareas de seguridad pública más allá del 2024 no desaparece la posibilidad de que el Ejército acuda en auxilio de la población en casos de urgencia relacionados con la seguridad: la misma Constitución faculta al presidente a disponer de las fuerzas armadas para ese tipo de labores extraordinarias, temporales.

Quizá lo que pasa es que el presidente no quiere asumir esa responsabilidad y prefiere decir: “el Congreso lo ordenó”.

Por cierto, la misma reforma del 2019, aprobada por mayoría calificada incluida la bancada de Morena en el Congreso de la Unión, obligó al gobierno federal a coordinarse con los estatales y municipales para fortalecer el sistema nacional de seguridad pública, otorgar suficiencia presupuestal a los cuerpos policiales locales y de esta manera garantizar la seguridad de la ciudadanía desde todos los niveles de gobierno.

¿Qué pasó? Que el gobierno federal y Morena hicieron lo contrario: centralizaron todas las acciones de seguridad, apostándole a la reacción, a los hechos consumados. Le quitaron recursos a los estados y a los municipios, dejándolos casi en la imposibilidad de pagar, capacitar o equipar a sus cuerpos de policía, desapareciendo plataformas tecnológicas para el combate al delito…destruyendo las bases de la seguridad pública.

El discurso oficial es un discurso tramposo que quiere engañar para salirse con la suya. Quieren seguir esquilmando los recursos de seguridad pública para hacer cada vez mayor la centralización. Quieren dejar a las corporaciones estatales y municipales en la inanición presupuestal con fines políticos-electorales.

Está en la ciudadanía no aceptar ese discurso tramposo. Que las fuerzas armadas cumplan con la tarea que la Constitución les asigna: salvaguardar la soberanía nacional. Y que sean los tres órdenes de gobierno los responsables de la seguridad, como mandan la Constitución y nuestras leyes.