A DEBATE LA INCORPORACIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL A LA SEDENA

¡A bayoneta calada!

No existe estudio que permita asegurar que con el aumento del plazo de permanencia de las fuerzas armadas aumentará la seguridad de los mexicanos. | Marco Adame

Escrito en OPINIÓN el

El uso de la bayoneta fue una táctica de uso común en la infantería de los ejércitos del siglo XIX, incluso durante la Primera Guerra Mundial. Luego se dejó de usar conforme aumentó el poder de fuego de la artillería y, al día de hoy, no es más que un recuerdo lejano de la lucha cuerpo a cuerpo en las batallas históricas, como la Guerra de Corea, que inspiró la película de Samuel Fuller, “Fixed Bayonets!

El desuso de esta forma de lucha, no eliminó el significado de la carga de bayoneta, relacionado con la señal clara y decidida para los combatientes de la voluntad y la determinación de ir, hasta las últimas consecuencias, para alcanzar un objetivo de combate.

La analogía viene a propósito de la decisión del régimen, a bayoneta calada, de ampliar hasta el 2018 o indefinidamente si se quiere, la presencia y el control de las fuerzas armadas en la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad pública que la constitución estableció claramente de naturaleza civil.

A la fecha, no hay una razón suficiente para imponer esta medida, más allá de la creencia, expresada en el discurso oficial, de que su permanencia en el ejército garantiza que este cuerpo no se corrompa. No existe estudio, ni diagnóstico fundamentado,  que permita asegurar que con el aumento del plazo de permanencia de las fuerzas armadas aumentará la seguridad de los mexicanos. 

A contraparte, hay preocupación fundada de que la ampliación de plazo y el incremento de la presencia militar en tareas de seguridad pública sea perjudicial por partida doble: la distorsión de la política de seguridad pública y de respeto a los derechos humanos; y el daño al ejército, por desgaste y deformación de su misión original al involucrarlo en una tarea que no corresponde al diseño institucional de nuestras fuerzas armadas, y que va a contracorriente de la experiencia internacional en países y democracias más desarrolladas.

No es comprensible, en términos operativos, institucionales ni democráticos, la determinación de precipitar una decisión tan importante para el presente y futuro del país, cuando aún no vence el plazo de tolerancia de cinco años -que estableció el legislador al momento de crear la Guardia Nacional- y sin contar con la mínima evaluación de resultados y requerimientos para ampliar una intervención que, de origen, fue considerada por todas las fuerzas políticas como necesariamente temporal.

Todo indica que el fondo de esta decisión, afectada por la falta de resultados del gobierno en materia de seguridad, se inscribe en la deriva autoritaria del régimen, que implica la acentuación del control del uso de la fuerza y la centralización del poder; y en la instrumentación  de la seguridad pública con fines políticos y propósitos trans sexenales, lo que representaría, de confirmase, el mayor daño al país y a los ciudadanos.

Durante el debate en las comisiones del senado, lo mínimo que se ha pedido es tiempo para analizar la reforma constitucional, sin embargo, la aprobación del dictamen por la mayoría del oficialismo, confirma la cerrazón al diálogo sereno y razonado. Se olvida que la política de seguridad debe ser, por definición, una política de estado; que lo relacionado con el uso legítimo de la fuerza y la intervención de las fuerzas armadas son temas especialmente sensibles en la historia del país; y que esta decisión nos involucra a todos, no solo a los gobernantes o legisladores en funciones.

De ahí el interés legítimo de distintas organizaciones ciudadanas, analistas y especialistas en la materia, para exigir el respeto a nuestras fuerzas armadas, a la constitución y un voto congruente y razonado que impida una decisión precipitada. 

Un voto en contra en el senado de la república, no es claudicación ni complicidad, representa una oportunidad para abrir un amplio debate y para decidir lo que sea mejor para México. Esperemos que prive la serenidad y la responsabilidad con el país, que a pesar de las presiones de grupos radicales obsesionados con el poder, se haga valer la legalidad, la sensatez y la justicia.