El caso de Florence Cassez pone en la mesa muchas de las fobias que tenemos en México. Tenemos en la misma sopa a unos secuestradores (o al menos eso parecen), a una extranjera, a Televisa, a funcionarios de un gobierno anterior, y por si fuera poco, un amparo.
A la francesa la acusaron de secuestro. Años después, mediante un amparo decidido por la Suprema Corte de Justicia, obtuvo su libertad al concluirse que habían sido violados los derechos básicos de una persona y otros principios legales, cuando fue detenida y escondida ilegalmente por la policía uno o dos días, para luego ser trasladada a un escenario falso de operación policial, ser plantada junto a unas aparentes víctimas de secuestro ante los medios de comunicación, y habérsele impedido recibir apoyo consular de su país.
Sobre esto último, dicho apoyo inicia con la famosa notificación consular, que es una herramienta usada por todos los gobiernos para apoyar a sus ciudadanos en otro país. Los consulados de México la utilizan diario para brindar orientación a los connacionales detenidos en el extranjero, principalmente en Estados Unidos. A través de ella, la autoridad que detiene al extranjero le informa al detenido que puede recibir orientación por parte de su consulado sobre la situación en la que se encuentra. En algunos casos particulares, dicha intervención consular puede llegar hasta la asignación de un abogado para estudiar el caso. Es un mecanismo de compensación contra la desventaja natural que enfrenta un extranjero en detención ante el desconocimiento del sistema legal local. A la francesa también se le negó esa posibilidad.
Si bien el derecho a la asistencia consular fue llevado al extremo por parte de la Suprema Corte, al encontrar que el paso de unas horas antes de contactar al personal consular francés ya es una violación a esa obligación internacional (en Estados Unidos pasan a veces días antes de que haya comunicación entre un consulado con su paisano y la Convención de Viena que le da origen a la notificación no maneja tiempos), es un ejemplo claro de cómo la aplicación del derecho internacional en procesos legales auxilia a la identificación de abusos de autoridad.
Pero, además, en este caso vimos a esa mujer ser secuestrada por policías bajo el mando del innombrable Genaro García Luna para disponer de ella en una falsa acción policial. Supimos que dos de los tres rescatados manifestaron inicialmente no reconocerla hasta que meses después cambiaron sus declaraciones. Sabemos que el tercer rescatado hizo manifestaciones que después fueron refutadas y que, incluso, fue sospechoso de estar participando activamente en su “secuestro”. Tampoco se conoció que la francesa tuviera experiencia criminal, pero, aquella “verdad histórica” ya la ubicaba disputando el liderazgo de una banda de secuestradores.
Después de todos estos horrores policiales, ya debería costarnos trabajo, por lo menos, estar completamente seguros de su culpabilidad en el caso.
Cualquier persona que sea sujeta a un secuestro y explotación por policías, sobre todo tratándose de una mujer, encarna la definición de víctima de un crimen cometido por autoridades. Sin embargo, ella no despierta, hasta la fecha, las mismas simpatías que otras víctimas. Posiblemente es por la gravedad de la acusación (entonces le creemos a García Luna). O tal vez la vemos con desconfianza por ser de otra nacionalidad, por su color de piel, o porque hubo “intromisión” extranjera en su favor. O a lo mejor fue porque con todo y que no le creemos nada a Televisa (ajá) estamos seguros de su culpabilidad porque la vimos en el noticiero, a pesar de que tiempo después Televisa reconoció, en parte, que eso había sido un montaje. Digo esto de “en parte” porque resulta muy peculiar que durante una entrevista en vivo de García Luna con Denise Maerker, la francesa estaba coincidentemente viendo la tele desde la cárcel y en ese momento tuvo a la mano el número de Televisa, un teléfono para hablar, marcó al programa, le contestaron y la pusieron en vivo para pelearse con el innombrable. Claramente la francesa fue el juguete de todos.
Por todo eso, en un país como el nuestro con tanta violencia de género, tantos familiares migrantes y tanto abuso de autoridad, deberíamos ser muy sensibles a casos como éste en donde se evidencia la vulnerabilidad de los migrantes en un país distinto al suyo, así como el estado de indefensión de una mujer ante una autoridad que decide violentarla ante las cámaras. Parece que su condición de mujer y origen extranjero la hizo ver como víctima fácil de un abuso que no sería criticado si salía en una transmisión de Televisa. Aparentemente siguen teniendo razón en esto último.
A lo mejor Netflix y su nuevo documental logran poner el tema en las redes sociales, encender nuestro perfil activista y cuestionar aquello de lo que nos convenció Loret de Mola con una imagen hace tantos años.