México vive un creciente proceso de militarización en un contexto de inseguridad e inestabilidad y aunque los mexicanos reclaman que intervengan las fuerzas del orden (Ejército y Marina) para contener a la delincuencia organizada rechazan, sin embargo, la participación del sector castrense en proyectos de desarrollo.
Si bien los mexicanos exigen mano dura contra los grupos del narcotráfico no ven con buenos ojos que los militares controlen diversas actividades en el país como es la construcción del tren Maya, el proyecto Dos Bocas, y aeropuertos.
Pero la administración de Andrés Manuel López Obrador tiene fija la mirada en que son los militares y no los civiles sobre quienes deben descansar proyectos de infraestructura lo que ha polarizado al país en un mar de opiniones encontradas.
El último viernes fue aprobada en el Senado una reforma legislativa impulsada por el gobierno para transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El jefe de Estado ha rechazado la posibilidad de retornar a los militares a los cuarteles y sobre estos ya descansa el combate a grupos delincuenciales cuando debiera estar en manos de corporaciones policiales con mandos civiles.
López Obrador decidió, con el respaldo del Legislativo, apartar a la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y que se engloba dentro de la SEDENA que congrega al Ejército y la Fuerza Aérea.
Pero el debate estalló en plenos días patrios cuando el favor estaba al mil por ciento y se interpretó la decisión como un abierto proceso de militarización del territorio mexicano, actualmente jaqueado por el crimen organizado.
El problema principal estriba en que no tienen formación los militares para desplegarse en un contexto de seguridad ciudadana que necesariamente pasa por el contacto con civiles y ahí se podrían generar choques.
Amnistía Internacional alertó que "militarizar la seguridad pública generará más violaciones de derechos humanos” como ya ha ocurrido desde las Fuerzas Armadas.
Pero el presidente de la República tiene la fiel creencia que es con los militares como se va a imponer el orden y el Estado de Derecho.
Conformada a mediados del 2019, la Guardia Nacional fue concebida como una institución de carácter civil para prestar trabajos de seguridad pública en lugar de la Policía Federal, que tiene una estela de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
López Obrador, sin embargo, intentó poner candados y cortar de tajo el debate sobre la militarización al indicar hace tres años que los militares saldrían de las calles en 2024.
"Es una clara militarización de México. Y no es solo entregar la seguridad pública al ejército: es también aumentar el poder que ya tiene, lo que es peligroso y preocupante", alertó Cristina Reyes, directora de Litigio Estratégico de la asociación civil México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).
"La profundización de la militarización en la administración pública va a ser muy difícil de revertir en los próximos años", alerta en entrevista con BBC Mundo.
Pero López Obrador aclaró que el propósito no es militarizar o ir al autoritarismo, sino cuidar con la vigilancia de la Secretaría de la Defensa el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública del país
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), que es es una organización líder en investigación e incidencia que promueve los derechos humanos en las Américas, comentó que se deben promover políticas públicas que protejan los derechos humanos y reconozcan la dignidad humana, y en donde la justicia prevalezca sobre la violencia.
La directora para México de WOLA, Stephanie Brewer, al hablar sobre el presente, pasado y potencial futuro de la militarización como estrategia de seguridad en el país y el estado de las relaciones bilaterales con Estados Unidos, dijo que con López Obrador las Fuerzas Armadas están jugando un rol distinto al que fueron concebidas.
México se enfrenta a altos niveles de inseguridad y de violencia, con más de 35,000 homicidios registrados anualmente, lo que implica un enorme aumento en los últimos 15 años, y más de 100,000 personas reconocidas como desaparecidas o no localizadas. La violencia, entre homicidios, desapariciones y otras formas de violencia, se ha vuelto una herramienta tristemente cotidiana que usan diferentes actores y grupos para imponerse, enviar mensajes y buscar controlar mercados ilegales y territorios.
En ese contexto, el presidente López Obrador dice que hay que ampliar y hacer prácticamente permanente el despliegue de las fuerzas militares en tareas policiales en todo el país. Dice que son ellas las únicas que pueden hacerse cargo de este gran problema, que las instituciones locales y civiles no pueden hacerlo.
Este es el mismo argumento que el gobierno federal de México ha empujado durante la última década y media, por lo menos, con consecuencias desastrosas en materia de seguridad y de derechos humanos, recordó.
Con López Obrador podemos hablar de un cambio en la forma de utilizar a las fuerzas armadas. Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y las personas civiles, por ejemplo, han bajado en términos absolutos. La estrategia, sobre todo con la Guardia Nacional, ha sido aumentar la presencia territorial de las fuerzas del Estado, cosa que puede ser relevante sobre todo en determinadas zonas, pero que dista de ser suficiente para tener un impacto significativo en la situación de inseguridad y delincuencia, alertó.
López Obrador no habla de la militarización como una medida temporal, sino que ha insistido en que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Sedena, que se vuelva una fuerza armada, que ya no haya policía civil federal en México.
La propuesta presidencial pareciera buscar profundizar la clara tendencia del gobierno de otorgar cada vez más funciones civiles y presupuesto, y así más poder, a las instituciones militares, sobre todo a la Sedena.
En este modelo, las fuerzas armadas no solo están desplegadas en tareas policiales sino que tienen un papel muy protagónico en tareas de control migratorio en las fronteras, se encargan de puertos y aduanas, construyen y administran grandes proyectos de infraestructura, entre otras.
Pareciera que, en vez de invertir en la consolidación de las instituciones propias de un gobierno democrático, la respuesta es saltar esas deudas pendientes y desplegar a las fuerzas armadas, señaló la experta.
La militarización parece ofrecer una vía fácil o rápida que se puede presentar a la población y decir, “mira, estoy tomando acciones firmes, así vamos a acabar con la corrupción, así vamos a brindar seguridad”, pero toda la evidencia hasta el momento nos dice que los resultados deseados no se van a lograr así.
Al contrario, este camino de militarizar está agudizando una dinámica en la cual las fuerzas armadas mexicanas, que desde siempre han gozado de un grado de autonomía y de falta de transparencia y rendición de cuentas preocupante, ahora tendrán cada vez más poder en esa correlación de fuerzas con las autoridades civiles.