Si la franqueza y la ética fueran lo suyo, Andrés Manuel López Obrador no habría ganado la elección presidencial en 2018.
Su sobada promesa de retirar al Ejército de las calles impactó en el ánimo de un segmento del electorado, convencido del fracaso de las medidas militaristas que poco o nada pudieron hacer contra la violencia y la creciente presencia de la delincuencia organizada en todo el territorio nacional y que hoy se da el lujo de agredir a las fuerzas armadas, sin consecuencia legal alguna.
Lejos de honrar su palabra —como correspondería a un hombre cabal— encontró en la figura de la Guardia Nacional, el modelo del engaño que permitió la inconstitucional e inconvencional presencia del Ejército Mexicano en el ámbito de la seguridad y en muchas áreas del gobierno, como son la administración de puertos y aduanas, la distribución de medicamentos, la siembra de árboles para uno de sus dudosos proyectos clientelares, la construcción de obra pública o la investigación sobre desarrollo de armamento, con presupuesto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), por sólo citar algunas.
Obnubilados por la cantidad de recursos económicos que ahora administran con total opacidad y sin rendir cuentas, los jefes del Ejército Mexicano han encontrado en la administración de López Obrador su mina de oro con tres peligrosas agravantes para los gobernados: su actuación al margen de la Constitución y de la ley, la disposición de recursos públicos amparada en el concepto de la “seguridad nacional”, al que se aferran para no rendir cuentas a la ciudadanía a través del derecho de acceso a la información y el hecho de que las armas siguen estando allí, si alcanzamos a entender lo que ello significa.
El propio Instituto Nacional de Transparencia se doblegó ante el militarismo: así como en su momento los comisionados se convirtieron en promotores del aeródromo de Santa Lucía, así también resulta hoy imposible realizar descargas masivas de solicitudes de información del Portal de Transparencia, relacionadas con la Secretaría de la Defensa Nacional.
De las 188 mil 467 solicitudes de información formuladas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, hasta las 10:30 horas del pasado 15 de septiembre, ninguna corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional. Por su parte, el portal Nómina Transparente, de la Secretaría de la Función Pública, dejó de consignar los salarios de los militares, que en casos como el del secretario de la Defensa Nacional y del administrador del aeródromo de Santa Lucía, son mayores que las percepciones del presidente de la República.
A los gobernados debiera preocuparles seriamente las tres amenazas que esta semana se produjeron en diversos ámbitos de las fuerzas armadas: el elemento de la Guardia Nacional que amenazó con remitir al Ministerio Público a un ciudadano que grababa un hecho de tránsito —como si la documentación de tal asunto constituyera un delito—, el afiche difundido en el portal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que reza: “recuerda que tus acciones en el mundo virtual pueden tener consecuencias en la vida real” y —no menos importante— los reproches del general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, quien calificó de “tendenciosos” y de que forman parte de una “campaña de desprestigio” a los argumentos de quienes cuestionamos la opacidad y la ilegalidad en la que actúan las Fuerzas Armadas, muy lejos del precepto establecido en el artículo 129 constitucional, que a la letra dice: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.
El general secretario parece no advertir que la Constitución y las leyes están por encima del sujeto que cobra como presidente de la República, por más que dicho sujeto sea el comandante supremo de la Fuerzas Armadas. La libertad de expresión no es una graciosa concesión del gobierno en turno; se trata de un derecho que en su momento le costó la vida a Belisario Domínguez Palencia, quien se atrevió a cuestionar a otro militar de triste recuerdo y que a lo largo de la historia ha costado la vida de muchos periodistas, cuyos asesinatos continúan impunes en un gobierno que prometió “justicia”. Article 19 documenta 156 asesinatos del 2000 a la fecha, de los cuales 36 han ocurrido en la administración de López Obrador.
Por eso, las críticas a la militarización y a la ilegalidad en la que se desenvuelve el Ejército Mexicano no sólo no constituyen atentados contra el instituto armado, sino el afán por devolverle la dignidad y la ética que le arrebataron el propio presidente de la República y quienes, sin sentido del honor, autorizaron los presupuestos para asuntos que nada tienen que ver con la disciplina militar.
Extremos
Hay que reconocer la valentía de la diputada federal de Morena, Inés Parra Juárez, quien se manifestó contra la militarización propuesta por López Obrador y, asimismo, cuestionar a los priistas que votaron a favor de ésta, entre quienes destaca Ildefonso Guajardo Villarreal, quien debería explicar las razones de su deleznable determinación.