PAQUETE ECONÓMICO 2023

El Presupuesto 2023 y la negociación pública

El presupuesto no es sólo información financiera, ni pesos ni centavos, es negociación política quizás más que otra cosa. | Norma Loeza

Escrito en OPINIÓN el

Septiembre es el mes donde por ley, el Ejecutivo envía a la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal siguiente. Con ello, también da inicio el segundo periodo ordinario de sesiones de cada año en la Cámara de Diputados; y se abre la discusión pública para la aprobación del Paquete Presupuestario.

Esta etapa se caracteriza por ser en la que hay más posibilidades para la ciudadanía, de incidir en las decisiones presupuestarias de un año fiscal determinado. La propuesta del Ejecutivo, que incluye las proyecciones financieras, del Producto Interno Bruto (PIB), las del tipo de cambio y la inflación, se pone a discusión de las diferentes fracciones parlamentarias. También se organizan foros y parlamentos abiertos para que grupos específicos, sociedad civil y ciudadanía hagan llegar propuestas presupuestarias concretas.

Esta etapa del ciclo confirma lo que ya hemos comprobado a través de los análisis de presupuestos públicos de varios años y sexenios: más importante que los pesos y los centavos, son las decisiones políticas que hay detrás de ellos.

No hay que olvidar que el presupuesto es el documento más importante de política pública, ello debido a varias cosas: en primer lugar, los presupuestos públicos tienen un ciclo y calendario definido desde su diseño hasta su evaluación, calendarizado por ley. Se trata de un proceso en el que participa toda la administración pública.

Todas las unidades responsables del ejercicio del gasto están obligadas a generar información relativa a los recursos que utilizan para cumplir con sus funciones, la cual debe ser publicada de manera permanente ya sea con periodicidad mensual, bimestral, trimestral o anual.

En segundo lugar, porque permite conocer las verdaderas prioridades de un gobierno. Más allá del discurso, el presupuesto refleja las apuestas concretas de un proyecto político, hace evidente cuáles son los temas y las problemáticas que realmente le interesa atender. 

Y finalmente, el presupuesto es también uno de los temas más sensibles para la ciudadanía en materia de combate a la corrupción. La sospecha -lamentablemente no infundada- de que el dinero público beneficia de modo personal a unas cuantas personas, es un tema de alto interés para la ciudadanía debido a los conocidos escándalos de corrupción de los últimos sexenios.

Sin embargo, a pesar de todas esas razones, el asunto de la vigilancia ciudadana ha ido avanzando lentamente en las agendas de la sociedad civil, ello también tiene diferentes explicaciones. Una de ellas es considerar que los temas presupuestarios son demasiado técnicos, y que no se cuenta con la preparación necesaria entre la ciudadanía para realizarlos y debatirlos.

Sin negar que se requiere de cierta capacitación para el análisis presupuestario, también es importante resaltar, que no necesariamente se hacen propuestas de mejor uso del gasto público solamente a partir de un análisis econométrico.

Es justo aquí, donde volvemos a la frase plasmada líneas más arriba. El presupuesto no es sólo información financiera, ni pesos ni centavos. Es negociación política quizás más que otra cosa.

Estamos, por tanto, justo en el momento en que esta negociación es pública y en donde debe haber espacio para todas las voces y todas las necesidades. Vivimos un momento importante donde se viene saliendo de una pandemia mundial, hay la inflación más alta en décadas y el gobierno ha anunciado que los últimos años de su sexenio estarán marcados por la austeridad.

Austeridad que, por otra parte, siempre ha dependido de las prioridades del proyecto de gobierno en turno, y esta no parece ser la excepción. Es claro que habrá interés por terminar las obras en curso y mantener y ampliar los programas insignias del gobierno, que entra así a su etapa de cierre por los próximos dos años. 

Por tanto, es obvio que la negociación girará en torno a los temas de salud, la disminución de la pobreza, atender el rezago educativo, y transparentar el gasto en lo programas insignia del gobierno actual.

La negociación como siempre, será política. Dado que los recursos son escasos y las necesidades a atender infinitas, la oposición tratará de ganar más recursos en los programas que considere importantes para sus votantes o su propia plataforma política. 

La negociación será complicada, porque siempre se trata de estirar una cobija que, sabemos, no alcanza. Quizás es tiempo de una negociación diferente, en donde más que pedir aumentar recursos a rubros específicos, se avance en lograr que el gasto sea más transparente, y los mecanismos burocráticos no empantanen el ejercicio del gasto. Invertir en mejores mecanismos de información para dimensionar las necesidades en un país, donde muchas veces no medimos la magnitud de los problemas, y por tanto, no sabemos cómo gastar. 

Finalmente, para estas negociaciones, es útil recordar que no necesariamente se requieren de más recursos para cumplir con la garantía y promoción de derechos. Gastar de modo más eficiente – que no es sinónimo de austero- simplificar y transparentar los procesos de compra y contratación, invertir en fortalecer la operación y en procesos clave para eliminar las barreras de acceso a servicios médicos, educativos y de seguridad social, es clave. 

Inyectar dinero sin una visión integral de derechos humanos y perspectiva de género, no es cumplir con las obligaciones constitucionales en la materia. Ojalá que la negociación no se pierda en los pesos y centavos, cuando lo que debe haber es compromiso para que ese dinero realmente garantice derechos para todas y todos.

*Norma Loeza

Educadora, socióloga, latinoamericanista y cinéfila. Orgullosamente normalista y egresada de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM. Obtuvo la Medalla Alfonso Caso al mérito universitario en el 2002. Fue becaria en el Instituto Mora. Ha colaborado en la sociedad civil como investigadora y activista, y en el gobierno de la Ciudad de México en temas de derechos humanos análisis de políticas y presupuestos públicos y no discriminación, actualmente es consultora. Escribe de cine, toma fotos y sigue esperando algo más aterrador que el "Exorcista".