SEGURIDAD NACIONAL EN EL CUARTO AÑO DE GOBIERNO

Inseguridad: los costos de una receta simple frente a un problema complejo

El gobierno de la 4T y las propias fuerzas armadas están obligadas ahora más que nunca a dar resultados inmediatos en el tema de la seguridad. | Teresa Incháustegui

Escrito en OPINIÓN el

Comienza el penúltimo año de gobierno con dos aspectos muy subrayados: por un lado, el poder omnímodo que parece haber acumulado el presidente, evidenciado con el retiro del proyecto del Magistrado Aguilar en lo relativo a la PPO. Por el otro, la votación aprobatoria de las reformas que trasladan la administración de la GN a la SEDENA. Con solo un año para cumplir las promesas y en plena la luna de miel con las instituciones armadas al haberles concretado su más preciada demanda desde inicios de la alternancia: contar con marco legal para intervenir en tareas de seguridad pública, con el fuero militar como protección, el gobierno de la 4T y las propias fuerzas armadas están obligadas ahora más que nunca a dar resultados inmediatos en el tema de la seguridad. Aunque es cada vez más evidente que la estrategia de seguridad cojea de la pata izquierda, ya que no ha logrado reducir la fuerza a las organizaciones criminales que, por el contrario, han crecido en su poder de control territorial y de negocios.

Es cierto que en el último año se han incrementado los detenidos y el decomiso de enervantes, pero el crimen organizado -como documentan innumerables estudios- es mucho más que eso, ya que participa al menos en 20 negocios distintos. Desde el tráfico de armas, de personas, la trata, el tráfico de órganos, el secuestro, las extorsiones, el sicariato, los robos de mercancías, el contrabando, la pornografía y explotación sexual. El narco ya es sólo uno de los posibles negocios. Diversas actividades económicas están hoy penetradas por redes criminales. Se ha documentado el control de las corporaciones criminales sobre cultivos como el aguacate, el limón, la minería, la pesca en ciertas zonas del Golfo de Cortés, el comercio en mercados y centrales de abasto, además de la piratería, comercio de medicamentos y alcohol adulterados, el huachicol y gas. Sin descontar por supuesto el lavado de dinero y el robo inmobiliario que son actividades de élites casi intocadas. 

Su capital social, es decir el número de localidades donde la población participa de las actividades de la criminalidad organizada (CO) ya sea por acuerdo, complicidad o por extorsión, secuestro y violencia, se ha estimado al menos en 25% de los municipios (Sergio Aguayo). Las organizaciones criminales -como en la mafia Italiana – participan ya en la resolución de conflictos comunitarios y familiares y extienden su ”política de bienestar” en las comunidades donde se asientan o se “institucionalizan”. Esto es, donde se arraigan en el territorio y penetran en el tejido social, en las costumbres y rituales.  El costo de este arraigo gravita en libertades y derechos ciudadanos que resultan conculcados, pero afecta también los precios de los productos de consumo cotidiano desde las tortillas, al abasto de alimentos, la movilidad, el transporte y, los recursos de la hacienda comunitaria.  De hecho, hay quienes han estimado el aporte de CO en la inflación de alimentos.

La incidencia en costos económicos a los hogares en general ha sido estimada por el INEGI con base en la ENVIPE en 1.5 del PIB (1) (2011). En salud, se estimó en 15% según Mercedes Juan, a la sazón de la secretaria de salud (2013). Hace unos días el propio presidente señaló que 75% de las víctimas de homicidios tienen que ver con las actividades del CO.

Todo esto pinta un panorama multidimensional complejo, en el cruce de procesos con dinámicas algunas geoeconómicas como es el propio narcotráfico y la política de prohibición que lleva más de un siglo siendo un acicate para los mercaderes; el extractivismo y la acumulación por desposesión, junto al neoesclavismo que acompañan muchas de actividades de las que se nutre el capitalismo en el mundo de hoy. Otras son cuestiones locales como el capitalismo de compadres que tejió una intrincada red de corrupción y contubernio entre gobernantes y fuerzas políticas con empresarios de cuello gris, policías, fuerzas del orden y criminales a secas. Redes que se ceban principalmente en las poblaciones y grupos más vulnerables: mujeres, niñas, niños, adolescentes, jóvenes sin oportunidades, ancianos, indígenas, migrantes.

Un estimación aproximada de los costos de la violencia para México, en términos económicos realizada por el Instituto para la Economía y la Paz (Ginebra, Suiza, 2022) la sitúa entre 10 y 40% del PIB estatal (2) , equivalente a un total de 4.9 billones de pesos, que representa aproximadamente 20% del PIB en 2021. Este costo estimado de la violencia equivale a la mitad del gasto total proyectado para 2023 (de casi 8.3 BdP) pero está por encima al Gasto Social para 2023,  estimado en 3.9 BdP.

Con el gasto social del gobierno se financian 16 programas sociales que cubren actualmente a 70% de las familias mexicanas. Para los más pobres estas transferencias representan entre 47 y 50% de su ingreso, pero las becas para los jóvenes representan entre el 1 y 3% del ingreso mensual (CONEVAL) (3). Con estos datos es difícil sostener que los apoyos por transferencias directas a familias y a jóvenes van a ponerlos fuera de las expectativas de ingreso que pueden ofrecer las actividades de los mercados criminales, menos aún creer que estas transferencias les otorguen una suerte de seguro o escudo protector ante la extorsión y operaciones violentas de los cárteles y bandas que se mueven en sus territorios.

Tenemos que reconocer que la inseguridad y la extensión vertical y horizontal de las actividades criminales en el territorio, la economía y en la vida cotidiana de millones de mexicanas y mexicanos, no tiene fácil solución. Un primer aspecto tiene que ver con la defectuosa funcionalidad de la democracia. Como han mostrado Trejo y Ley en: “Votos, drogas y violencia” (CIDE, DEBAT, 2022) la alternancia en los gobiernos locales y federal abrió grietas institucionales y económicas  para el desarrollo e incrustación de los grupos criminales protegidos por autoridades, que le permitieron ensanchar su poder (Michoacán,Tamaulipas, Guerrero). Un segundo factor es la geopolitica de las drogas que ha multiplicado las ganancias de los traficantes y coloca la violencia armada como su principio de gobernanza. Abona también en ellos el desempleo estructural, la extrema desigualdad económica, junto a la expansión de las llamadas industrias del tiempo libre, que han abierto un amplio mercado a la trata, a los estupefacientes, y en general a la industria del espectáculo vinculada con la pornografía y explotación sexual infantil. La migración irregular que sostiene la “productividad” del sector agropecuario estadounidense, así como otras industrias maduras y los servicios personales del vecino país del norte es un tercer factor, que llena los bolsillos de los tratantes. Cuando podríamos negociar con los socios comerciales (EU y Canadá), un acuerdo de mano de obra con los migrantes, algo que ellos necesitan con desesperación. 

El cuarto, pero no el último factor, es el carácter depredador y extractivista del capitalismo actual en sectores como: la minería, el gas, las límpidas industrias hidroeléctricas, termoeléctricas, represas, parques eólicos, etc. A ellos se agregan productos como el aceite, gasolina y fuego; el tráfico de armas y la impunidad. 

En ese escenario las tareas de una Guardia Nacional militarizada y el aprovechamiento más eficiente de las transferencias monetarias necesitan mucho más que la disciplina y la formación. Se requiere la concurrencia de muchas instituciones y políticas para construir un piso de certidumbre y derechos, dignidad en las condiciones de vida y trabajo decente, para poner fin a la inseguridad y la violencia criminal en México. Un aspecto central que requiere intervenir de inmediato es el tema del lavado de dinero que parece dejado de lado a partir del relevo en la Unidad de Inteligencia Financiera. Un quinto año no deja mucho margen para revirar, pero sería algo positivo que sucediera. La inseguridad se perfila ya como un posible y agudo saldo de la 4T.

1. Según INEGI esto se descompone en 2/3 en pérdidas económicas a consecuencia de los delitos; 20% en medidas preventivas y los gastos a consecuencia de los daños a salud (3.5 %). El estimado en medidas preventivas representó un gasto estimado para los hogares que asciende a 48.4 mil millones de pesos.

2.  Índice de Paz, 2022

3. Nota técnica sobre bienestar económico 2018-2020 en :

https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/MMP_2018_2020/Notas_pobreza_2020/Nota_tecn

ica_bienestar_economico_2018_2020.pdf