El pasado 22 de agosto el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó su proyecto de presupuesto institucional 2023 y una previsión presupuestal precautoria para el caso de que acontezca una Consulta Popular el año próximo.
El proyecto contiene estándares de mejora continua y de responsabilidad hacendaria, así como la justificación de las acciones que le permitirían a la autoridad electoral dar cumplimiento tanto a sus atribuciones constitucionales y legales como a mandatos judiciales.
En ambas propuestas el INE considera que se tratan de montos necesarios para enfrentar un complejo contexto hacia 2023. En primer lugar, dos elecciones de gubernatura (Coahuila y Estado de México). En Coahuila se eligen además 25 diputaciones. Juntas, ambas entidades cuentan con una lista nominal prospectiva de un poco más de 15 millones de electoras y electores. En ambas elecciones locales se instalarán poco más de 24 mil 400 casillas.
En segundo lugar, el inicio formal del proceso electoral federal 2023-2024, en la primera semana de septiembre del año próximo. Habrá 629 cargos en la contienda federal: Presidencia de la República, 128 Senadurías y 500 Diputaciones. Se calcula una lista nominal prospectiva de 97.4 millones de electoras y electores para 2024, que podrán votar en alrededor de 168 mil 299 casillas.
En tercer lugar, una probable consulta popular en agosto de 2023 sobre cuya realización se tendrían las primeras certezas hacia finales de noviembre, como lo mandata la Ley. Es decir, es un evento futuro de incierta realización, por lo que el INE previó un apartado presupuestal especial o precautorio por si acontece este proceso. En este, el número prospectivo de electores y electoras para agosto sería de 95.8 millones con un número prospectivo de casillas de 166 mil 111.
Para discernir de mejor manera la dimensión del presupuesto conviene hacer algunos ejercicios comparativos.
El proyecto de presupuesto del INE, incluyendo financiamiento público a partidos y Consulta Popular, de ser aprobado tal cual por la Cámara de Diputadas y Diputados, sería el 0.34% del actual Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de este 2022. Solo con financiamiento a partidos, sería el 0.29% del actual PEF.
El proyecto, solo con Consulta Popular, sería el 0.26% del actual PEF. Finalmente, el proyecto, sin prerrogativas y sin Consulta Popular, es decir, solo el Presupuesto Base y la Cartera Institucional de Proyectos, sería de apenas el 0.20% del PEF 2022.
En ambas propuestas hay temas particulares que, por los temas que hemos trabajado, consideramos de suma relevancia como lo es la modernización general de los procesos electorales y los de participación ciudadana directa. Creo que en ello reside la proyección institucional hacia el futuro, al adaptarse con flexibilidad y suficiencia a las exigencias sociales y financieras de los nuevos tiempos.
Ojalá y se avance en el análisis del voto electrónico en especial, cuyas virtudes y ventajas no se deben desestimar de manera dogmática. Necesitamos más información y voluntad, y menos miedos y ligerezas.
Asimismo, existen temas que deben impulsarse como lo son estudios en materia electoral comparada que le permitan al INE encontrar áreas de oportunidad, así como documentar experiencias propias que logren eficientar procesos, y por qué no decirlo, buscar ahorros presupuestales.
En este tema presupuestal y en general en el de reforma electoral, será fundamental que el INE y la Cámara de Diputadas y Diputados generen un diálogo permanente, pues ambas instancias tienen responsabilidades y esferas separadas, pero complementarias. Cuando las mismas han podido articular y armonizar temas aunque sean complejos, hemos presenciado siempre dividendos extraordinarios para la representatividad y legitimidad del sistema electoral entero.
Y eso lo aprecia el conjunto social, que reconoce a ambas instituciones cuando atestigua una dialéctica de cooperación que refleja lealtad democrática y congruencia a los mandatos de la República.
El Legislativo tiene la última palabra.
*Fernando Díaz Naranjo | Analista político
**Sergio González Muñoz | Experto en materia electoral