SOBREMESA

La manoseada Ley de Seguridad Nacional

Nadie en Gobernación se dio cuenta que debían notificarle a Fonatur Tren Maya, SA de CV, y no a Fonatur. | Lourdes Mendoza*

Escrito en OPINIÓN el

El 12 de julio de 2022, Adán Augusto, secretario de Gobernación, firmó el oficio 100.-239 en el que le notificó a Javier May, director general de Fonatur, que se declaró como infraestructura estratégica de seguridad nacional y de interés público al inacabable Tren Maya. Además, se autoasignó la construcción, ejecución y mantenimiento del proyecto bajo su coordinación y vigilancia.

Al utilizar el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional como fundamento para ese oficio, la 4T se agandalló el proyecto dizque para evitar amenazas o cualquier acto que tenga por objetivo destruir o inhabilitar la infraestructura.

Y cabe la pregunta, ¿quién podría destruir o inhabilitar algo que aún no existe?

Por otra parte, quien dictó este oficio, digamos… olvidó un detallito, y es que la SICT, que tiene como titular –al menos cobra así, aunque nunca lo veamos– a Jorge Arganis, otorgó la concesión a Fonatur Tren Maya, SA de CV, y no a Fonatur. ¡Quihúboles!

Y es que Jimmy Pons, que al dirigir una entidad creada con fines turísticos como Fonatur, carecía de atribuciones para hacerle al ferrocarrilero, usó como fachada a Fonatur Tren Maya, SA de CV.

¡Así como lo están leyendo!

Es decir, en sus prisas por agradar y calmar los berrinches presidenciales, ante los amparos promovidos en el T5, nadie en Gobernación se dio cuenta que debían notificarle a Fonatur Tren Maya, SA de CV, y no a Fonatur: o sea, le notificaron al jardinero en lugar de al dueño de la casa.

Trivia

Por las críticas que ha recibido un gran proyecto de infraestructura, los reto a que adivinen ¿a cuál me refiero?

1. Impacto ambiental

La construcción se estaba realizando sin la autorización correspondiente en materia de impacto ambiental.

2. Impacto urbano

La construcción inició sin la existencia de planes o programas que incluyeran la regulación de uso del suelo y el ordenamiento territorial.

Por otro lado, si bien se tenía prevista la ampliación y construcción de la red de transporte público, surgió la expresión popular de que la única forma de llegar iba a ser por avión.

3. Impacto social

En la concepción y decisión de construir esta megaobra, no se consideró la participación de la ciudadanía ni de las autoridades locales, quienes, al no participar desde el inicio en el proyecto, no se comprometieron formalmente para realizar obras indispensables y que son complementarias.

4. Aspectos técnicos

La decisión de construirlo se tomó sin considerar la integralidad y profundidad de los estudios técnicos que requiere un proyecto de esta magnitud. Los estudios que se realizaron presentaron severas omisiones que produjeron costosos cambios e improvisaciones.

Independientemente de que, conociendo los riesgos y los costos inherentes, era incosteable la obra y, por lo tanto, indebida.

5. Aspectos de planeación

A pesar de la magnitud del proyecto de infraestructura más ambicioso, los contratos para construirlo se licitaron y adjudicaron sin disponer de un proyecto ejecutivo. Las compañías constructoras iniciaron trabajos a ciegas.

6. Acciones del Gobierno de México

Independientemente de las anomalías de diversa índole, del ocultamiento de información relevante y de las irregularidades encontradas que pudieran derivar en responsabilidades por las omisiones y posibles actos de corrupción o daño patrimonial, el proyecto nunca debió aprobarse y menos iniciarse.

¡No, nooooooo!

¡No es el Tren Maya!

¡Tampoco es el AIFA!

-Siéntense bien, porque se irán para atrás:

Son los argumentos que usó la 4T para dar por terminado el aeropuerto de Texcoco (NAIM), que sería el hub aéreo más importante de Latinoamérica, que le costó a los mexicanos buenos y sabios algo así como 113 mil millones de pesos, a cambio de… nada.

¡No hay quien escupa al cielo que a la cara no le caiga!

La megaobra de la 4T

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 estableció respecto al Tren Maya que “la mayor parte de su ruta pasará por derechos de vía ya existentes, como vías férreas, carreteras y tendidos eléctricos, tendrá 15 estaciones y requerirá de entre 120 y 150 mil millones de pesos que provendrán de fuentes públicas, privadas y sociales. El Tren Maya es un proyecto orientado a (…) proteger el medio ambiente de la zona”.

Luego entonces, si la siguiente administración juzga al Tren Maya con la misma severidad con que la que fue cuestionado el aeropuerto de Texcoco, –váyanse por un fuerte y háblele a su compadre para que lea con usted lo siguiente– fácilmente en 2025 se podría decir que el PND fue un engaño y que, en realidad, la mayor parte de la ruta requirió comprar y expropiar cientos de propiedades ejidales y privadas. Que el proyecto no nos costó 150 mmdp como lo prometió AMLO, sino más de 400 mmdp, en detrimento de presupuesto para seguridad, salud y educación de los mexicanos buenos y sabios, y que se talaron cientos de miles de árboles en los tramos 5, 6 y 7 dizque para proteger el equilibrio ecológico de la península.

La agilidad inusitada de Sedatu

Con una velocidad nunca antes vista, en menos de 24 horas la Sedatu publicó este fin de semana en el DOF cuatro nuevas declaratorias de utilidad pública para la “ocupación temporal” de 159 terrenos en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo que serán parte del Tren Maya.

Éstos se suman a los terrenos del tramo 5, realizado hace varias semanas. La noticia es que estas nuevas declaratorias incluyen cinco estados por donde “algún día” habrá un tren.

La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducido aquí con autorización de la autora.

* Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.