El anunciado decreto presidencial para el traslado administrativo y la dependencia normativa y operativa de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, es una aberración jurídica que viola el artículo 21 de la Constitución, una contradicción política a todos los postulados del presidente y sus aliados; e implica un cambio profundo y delicado en la estructura institucional de seguridad del país, al optar de facto por la militarización de la seguridad pública. Además, es un desplante autoritario del poder presidencial frente a los postulados del federalismo y de la división de poderes de la república.
Desde su creación, la constitución estableció que la Guardia Nacional es un cuerpo de seguridad civil con dependencia de la Secretaría encargada de la Seguridad Pública. Luego de un largo e intenso debate, el Congreso acordó la reforma al artículo 21 de la Constitución el 26 de marzo de 2019, estableciendo, de manera indubitable, que “las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”.
Durante los últimos años abundan los pronunciamientos públicos de connotados dirigentes del partido Morena en contra de la militarización del país; muchos de ellos hoy dirigentes del partido y destacados funcionarios públicos de primer nivel en el gobierno federal que, incoherentes, hacen mutis ante la decisión presidencial. El propio presidente de la República, expresó en diversas ocasiones durante la campaña, su posición en contra de la militarización y adelantó el pronto regreso de los soldados a los cuarteles; sin embargo, a unos meses de la reforma, ante la falta de resultados, amplió por decreto en mayo de 2020, la participación del ejército y la marina en tareas de seguridad pública argumentando el retraso en su implementación.
Advirtiendo la delicadeza del decreto de ampliación de plazo, contrario a la constitución y a los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, diversos sectores de la sociedad se manifestaron en contra y las fuerzas políticas hicieron pública su posición en la tribuna del Congreso. La duda razonable sobre la constitucionalidad de la medida, llevó a la presidenta de la mesa directiva de la LXIV Legislatura, Laura Rojas, a hacer uso de una facultad exclusiva que le confiere la ley orgánica y presentó una controversia constitucional, ante la sorpresa y la reacción furibunda de los legisladores de Morena. A la fecha, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se ha pronunciado.
No es para menos la preocupación de la sociedad, de los especialistas y de las fuerzas políticas de oposición, incluso, de muchos aliados del gobierno; ya que la evidencia empírica enseña que en los países donde se han ensayado modelos militares en seguridad pública, los resultados han sido desastrosos y la violacion a los derechos humanos y las libertades sociales y políticas de los ciudadanos ha pasado a primer plano.
Con frecuencia se ha repetido desde la conferencia presidencial, y de algunos de los integrantes del consejo de seguridad pública, que es necesario que la Guardia Nacional pase a las fuerzas armadas para evitar que se corrompa, como si la sola ubicación administrativa fuera suficiente para controlar un poder tan grande, dependiendo del comandante supremo de las fuerzas armadas y sin ningún contrapeso institucional o social que lo contenga.
Es conveniente recordar el dictum de Acton, “el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente???, por tanto, una institución dedicada a garantizar la seguridad pública de la población debe ser respetada y respaldada por el estado mexicano, por todos y no debe ser controlada por una sola persona; por ello se debe respetar su naturaleza civil, sólo así cumplirá con el mandato constitucional: “La formación y desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional… se regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, el imperio de la ley y al mando superior…”, ni más ni menos, es la ley.