MINEROS ATRAPADOS

La comisión por omisión causa tragedias

Todos los funcionarios que debieron haber supervisado la mina en Sabinas, Coahuila, son corresponsables de la actual tragedia y la posible pérdida de vidas. | César Gutiérrez

Escrito en OPINIÓN el

La concesión minera se define como: “el acto administrativo por el cual el Poder Ejecutivo Federal otorga a un particular el derecho a aprovechar los recursos minerales, y de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pertenecen al dominio directo de la Nación, dentro de un espacio físico determinado y por un periodo de tiempo limitado”. Hoy nuevamente un incidente en una mina nos muestra las consecuencias de la injusticia, el tráfico de influencias, la opacidad y simulación de ciertos funcionarios, quienes hoy deberían estar rindiendo cuentas acerca del trabajo que no hicieron bien.

Para que sea redituable al país este tipo de explotación y aprovechamiento, se requieren por lo menos estos estudios antes de otorgar una concesión:

  • - Estudio de Geotecnia.
  • - Manifestación de Impacto Ambiental.
  • - Estudio de mecánica de suelos.

Por consiguiente, las secretarías que regulan la actividad minera, de acuerdo con lo que se desprende de sus atribuciones y facultades, son corresponsables de la tragedia:

a) Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (tenencia de la tierra).

b) La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (seguridad laboral).

c) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (regulación ambiental).

d) Instituto Mexicano del Seguro Social (seguridad social).

e) Secretaría de Energía (políticas energéticas, permisos y autorización para el aprovechamiento de los yacimientos de carbón). 

f) Sedena (permiso general de compra, transporte, almacenamiento y consumo de explosivos en la industria de la minería).

g) Protección Civil.

De acuerdo a esto se desprenden las siguientes interrogantes:

1. ¿Quién es el o los dueños de la concesión?

2. ¿Quién otorgó la concesión por parte de la SENER?

3. ¿Quién supervisó la STPS para que el concesionario cumpliera con las condiciones laborales en materia de seguridad industrial y la Norma Oficial Mexicana NOM-032-STPS-2008? 

4. ¿Quién de SEMARNAT supervisó y verificó el impacto ambiental y su factibilidad?

5. ¿Quién fue el inspector de SEDENA que verificó que se cumpliera con la regulación de medidas de seguridad?

6. ¿Quién supervisó de parte de Protección Civil que se cumpliera con los planes de emergencia y las medidas de seguridad? 

7. ¿La totalidad de los trabajadores cuentan con IMSS y seguro de vida?

8. ¿A cuánto ascienden las declaraciones de impuestos por la concesión del derecho sobre minería?

9. ¿Por qué los trabajadores no contaban con un plan de emergencia?

10. ¿Quién es el ingeniero o responsable de los trabajos realizados en la mina?

11. ¿Existe conflicto de interés entre el dueño de la concesión y el gobierno?

Se tendría que revisar minuciosamente la base histórica, con el fin de que se verifique a quiénes les fueron otorgadas más de dos concesiones. A aquellas empresas o particulares a las que se les detecten irregularidades (que pudieran ser incluso prestanombres) el ejecutivo debe ordenar su inmediata cancelación. La transformación comienza con la justicia social para todos los mexicanos que trabajan con el sudor de su frente día a día por un sueldo mínimo, mientras que ciertos personajes oscuros se hinchan la bolsa con el dinero de los recursos de la Nación.

Hasta el momento los secretarios de estado nos quedan a deber con el Proyecto de Nación, no han comprendido que la cuarta transformación busca garantizar el correcto uso y aprovechamiento de los recursos naturales que beneficie a nuestro país. En consecuencia, todos los funcionarios que debieron haber supervisado la mina, son corresponsables de la actual tragedia y la posible pérdida de vidas. La comisión por omisión dio como resultado todas estas anomalías que hoy se detectaron en la mina ubicada en Sabinas, Coahuila. Esta negligencia debe castigarse y ser un ejemplo, debido que es necesaria una regulación total y cabal tal como lo impone la Constitución, Leyes y reglamentos en la materia. 

Por último, la incorporación de la Guardia Nacional a la estructura de la Secretaría de Defensa Nacional era una cuestión ya prevista y analizada en diferentes columnas. Se busca darle el mismo nivel jerárquico que a la Comandancia del Ejército y de la Fuerza Aérea, esto con la intención de cuidar su estructura. La pregunta que muchos se hacen es si se está militarizando el país, lo cual es falso. La verdadera pregunta sería si se ha militarizado la Seguridad Pública o si a las Fuerzas Armadas se les ha policializado.