Si quisiéramos tener la estadística precisa de los feminicidios en México nos encontraríamos con un problema: nadie sabe qué son; pero todos creemos saber, eso sí. Sin embargo, en México no existe una definición única, siendo un concepto relativamente nuevo, por lo que algunos casos que son feminicidio en un estado no lo son en otro. Si a eso le sumamos la impunidad existente, en la mayoría de los incidentes nunca habrá una sentencia confirmando el feminicidio.
La tragedia de las mujeres asesinadas revela nuestro círculo vicioso de siempre querer combatir con más leyes el incumplimiento de éstas, y, entregar nuevas a las autoridades que no aplicaron las primeras. Éxito.
Incluso, cuando excepcionalmente alguien es acusado de la comisión de un homicidio, es bastante frecuente enterarnos después que la persona fue puesta en libertad por un amparo. Tampoco sabemos qué es eso, pero para mucha gente es el nombre de un acto indebido.
Hay corrupción en la sociedad y autoridades mexicanas, poder judicial incluido, más los amparos no son necesariamente, o siempre, el acto de corrupción en sí mismo. En casos así, el amparo es la revisión al trabajo de las fiscalías, los jueces estatales, etc. Cuando la investigación está tan mal hecha que viola la Constitución y ya no se puede componer, el juez federal puede estar obligado a cancelar toda la averiguación. Con estas decisiones el juez de amparo parece el malo, pero sólo aplica las consecuencias inevitables a una pésima labor de las autoridades.
Ejemplo, hace unos años en Veracruz unos chamacos fueron acusados de abusar sexualmente de una menor de edad. Lo raro fue que el fiscal los acusó de un delito que sólo podían cometer los adultos. El juez de amparo canceló esa averiguación previa. Todo mundo se le fue encima al juez cuando fue el fiscal quien extrañamente no se dio cuenta que sus acusados no eran adultos.
Hoy tenemos el caso Debanhi. Tres autopsias con conclusiones diferentes. Un accidente. No, homicidio por golpe y agresión sexual. No, homicidio por asfixia sin agresión sexual. Si la última será la verdad histórica, las mismas autoridades que no la encontraban tendrán ahora que comprobar el motivo de la agresión, y saber dónde estuvo viva tanto tiempo, ya que en esta versión la muerte ocurre días después de su desaparición. Las contradicciones en la investigación ya son un regalo para quien sea acusado del homicidio. Los vicios son de origen.
Lo mismo ocurre con Luz Raquel. La quemaron entre varios. No, la quemó uno sólo. No, se quemó sola. Si deciden que sí fue homicidio, las contradicciones de la averiguación ya están listas para su uso por el acusado.
El caso de Luz Raquel guarda algunas similitudes con el caso de Margarita. Ambas murieron por quemaduras. En la primera, la autoridad anunció que el motivo del homicidio fue un pleito con vecinos. Sobre la segunda, anunciaron que la razón fue la disputa familiar por una propiedad. Entonces, si esos fueron los motivos, pero se quiere una acusación por feminicidio, no homicidio, las autoridades tendrán ahora que demostrar que, aunque dijeron que fue por esos pleitos, en realidad los ataques fueron por razones de género, probando y estructurando todo sin contradicciones. Suerte ahí.
Las mismas autoridades que no pueden distinguir entre accidente, homicidio o suicidio; encontrar un cadáver; o definir una fecha de fallecimiento, ahora deben demostrar los prejuicios de género que existían en la mente del asesino, o comprobar, además del homicidio, todos los actos previos que reflejan esos prejuicios del homicida. El problema es que con algo que les falle en la cadena, el caso entero puede caerse.
Nuestras autoridades no pueden hacer con leyes complejas lo que no pudieron hacer con leyes básicas. Tal vez por eso, algunas iniciativas en materia de feminicidio prefieren enfocarse en una lista de incidentes o circunstancias externas, previas o durante el ataque, para construir un feminicidio, en lugar de comprobar el motivo interno del agresor. Unas son adecuadas, otras no tanto.
Pero, un concepto de feminicidio extendido, y de todos modos con más elementos que un homicidio para comprobar por las autoridades, ya no permite identificar claramente los casos de violencia motivada por cuestiones de género (el odio, el machismo, el aprovechamiento de una posición de poder de un hombre contra una mujer, etc).
En adición a la terrible labor de las autoridades que no logran sentencias, sumaremos casos como el de Margarita donde mujeres podrían resultar las feminicidas. ¿Nos sirven pocas sentencias, con motivos diversos y mujeres feminicidas para ilustrar el problema de la violencia de género?
Aprovechando la experiencia mexicana y extranjera, en la segunda parte haré algunas propuestas sobre el tema a partir de las autoridades y sociedad que tenemos, y no, de las que nos gustaría tener.