Estamos a casi un mes para que se implemente la parte más complicada de la reforma laboral y ya se nota un ambiente de nerviosismo entre los operadores de ésta, porque los recursos presupuestarios se han entregado a destiempo, de manera insuficiente o a cuentagotas. La mayor inquietud es de los trabajadores.
La fase que viene representa el 60% de la conflictividad laboral del país, al sumar a la Ciudad de México, que cuenta con el mayor número de casos y rezago laboral.
Le siguen los estados del norte: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, y después Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Nayarit y, en el sur, Yucatán.
A estas entidades deberán sumarse los estados de Guerrero y Baja California Sur, que implementarán a destiempo la fase local para empatarse con la federal.
La Ciudad de México junto con estas 12 entidades representan las zonas con mayor actividad económica e industrial y con ello, la principal concentración de juicios laborales, deberán sumar de una vez los poderes locales y el federal.
Son cuatro instituciones que trabajarán al mismo tiempo en cada una de las entidades federativas, una especie de monstruo con cuatro cabezas que deberá operar a más tardar el próximo tres de octubre, y algunos estados ni jaula tienen para controlarlo.
Dos cabezas que dirigirán los gobiernos locales, una desde el ejecutivo, por medio de los Centros de Conciliación, y otra, que será la de los jueces laborales, a través de los tribunales de justicia de cada estado.
Otras dos cabezas, una que se mandará desde el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, encargado de las conciliaciones de los casos federales, y otra de los jueces del Poder Judicial de la Federación, que atenderá todo tipo de conflictos de ese rango federal.
Este monstruo laboral de cuatro cabezas deberá caminar de manera coordinada; aunque la mitad de su cuerpo tenga origen local y la otra mitad federal, porque de otra manera el caos lo alcanzará.
En esta tercera etapa, se prevé la instalación de 16 edificios, no sabemos de qué tamaño, el 81% serán rentados, dispondrán de 71 salas de audiencia, 74 jueces, 211 secretarios, 138 plazas para actuarios y 422 oficiales. Todos, según informes oficiales, están listos para entrar en acción en los siguientes días.
Reportes de la primera fase de la reforma laboral registran que el Estado de México ha tenido el mayor número de solicitudes de conciliación presentados por trabajadores, con un 38%, y se ha convertido en el líder de la reforma laboral. Sigue de manera lejana San Luis Potosí, con un 18%, y Tabasco, con 16%.
Mientras que de la segunda fase se reporta 27% en Guanajuato, en Veracruz 15%, en Querétaro 12% y en Puebla 11%, con solicitudes de conciliación por la parte obrera.
El Estado de México es quien tiene casi la mitad de las demandas presentadas por los trabajadores en la Primera etapa, con 48%, siguiendo San Luis Potosí con 13% y Tabasco con 10%. De la segunda etapa, el mayor número de demandas presentadas fue en Guanajuato, alcanzando el 25%; después Querétaro en 16% y Puebla con un 13%.
Los Tribunales implementados que registran el mayor número de sentencias en la primera etapa son: Tabasco con 48%, Estado de México con 47%, y Zacatecas con 40%; por el contrario, con superior rezago son: Chiapas con 11%, San Luis Potosí con 28% y Campeche con 30%.
Resalta el caso del estado de Chiapas que enfrenta un importante rezago, ya que solo han resuelto 176 asuntos de los 1,663 que tienen en el baúl; apenas 11% se han judicializado; dicho de otra manera, 89% de las demandas siguen en espera de trámite.
Durante la Segunda Etapa de la Reforma Laboral, las Entidades con mayor porcentaje de sentencias son: Hidalgo con 43%, Guanajuato con 39% y Querétaro con 38%, mientras que los estados que reportan menores tasas de resolución son Oaxaca, con tan solo el 5%, Colima con 7%, y Baja California con 18%.
Llama la atención el estado de Campeche, el cual registra los mayores tiempos de resolución, con 296 días naturales equivalente a casi 10 meses, a pesar de la novedosa reforma laboral.
Este panorama de cifras, generalmente vacías para los obreros, no refleja la justicia laboral prometida. Existen quejas recurrentes de la falta de preparación de los conciliadores, quienes atienden a los trabajadores y se apuran en deshacerse de ellos como si fueran basura.
Se empiezan a acumular los juicios por falta de notificaciones, y los trabajadores que llegan a los flamantes juzgados se encuentran con poco personal y una ausencia de la rapidez prometida.
En la reforma laboral se exige que los señores jueces estén presentes en todo momento y entreguen una sentencia de inmediato, o a más tardar dentro de los siguientes cinco días. Del personal que colabora con ellos, la mayoría no está capacitado en materia de trabajo, y algunos son importados de áreas de carácter mercantil, penal, civil o, lo más grave, no tienen experiencia alguna.
Han caído los jueces en la necesidad de apoyarse en proyectistas de sentencias, no contemplados en la ley, que sin estar presentes en las audiencias se convierten en los verdaderos árbitros al determinar el sentido de las resoluciones.
Estamos a punto de entrar a la fase crítica de la reforma laboral y es pertinente tomar en consideración los errores y aciertos alcanzados en la primera y segunda etapa para evitar afectar a los trabajadores.
Los salarios que perciben los conciliadores y empleados de los juzgados no son congruentes con las responsabilidades que van creciendo, ni con el número de quienes son contratados. Lo más grave es que la mayoría tiene el rango de eventual, lo que desmotiva sus aspiraciones y crecimiento profesional.
No queremos una reforma laboral que la paguen los jueces laborales con la acumulación exacerbada de casos, y que sean empujados a aplicar una justicia a ciegas.
¿Y de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, esas viejas abandonadas, quién se ocupará de ellas?