“El honor, una vez perdido, jamás se recupera”, solía mencionar esta frase el General de División Luis Ángel Fuentes Álvarez a sus jefes, oficiales, cadetes y tropa como parte de la forma de vida castrense. El día de hoy se ha manchado el Honor Militar ante las imputaciones hechas por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos dependiente de la Secretaría de Gobernación, quien desde siempre ha manifestado su animadversión hacia el ejército y no desaprovechó esta oportunidad.
Me llama mucho la atención este tipo de informe (hecho al vapor), que más bien parece un juicio sumario que trata de justificar ante la sociedad una labor realizada. Las afirmaciones de dicho informe violan los derechos humanos del personal militar, su presunción de inocencia y sobre todo, al debido proceso; ya que no han sido desahogadas las pruebas en una etapa intermedia de un juicio oral conforme al nuevo Sistema Penal Acusatorio, dejando en estado de indefensión al personal militar. ¿Acaso no deberían de respetarse los Derechos Humanos de todos? ¿Dónde indica que los militares no tienen Derechos Humanos?
Sin embargo, haciendo poco uso de la lógica y razonamiento, ¿quién en su sano juicio pondría en peligro su carrera militar, y sobre todo su libertad? ¿Qué tipo de militar escribiría mensajes ordenando que ejecuten a esos estudiantes? Las leyes y reglamentos militares son muy claros: está estrictamente prohibido dar órdenes contrarias a la Ley y quien las ejecute también es considerado responsable de los actos que se deriven de dicha conducta ilícita. Por esta razón las órdenes deben ser claras, breves, precisas y por su índole de importancia, en caso de ser verbales deberán ratificarse por escrito. Entonces, en teoría, todos los militares implicados tendrían que ser millonarios porque de otra manera, qué caso les tendría caer en la deshonra, sin carrera militar, sin dinero y sin familia.
Incluso, de ser cierto lo que dice Alejandro Encinas, se tendría que fincar responsabilidad al ex presidente Enrique Peña Nieto por haber sido entonces el comandante supremo de las Fuerzas Armadas Mexicanas, al Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda ex secretario de la Defensa Nacional y su plana mayor, así como a oficiales y tropa que hayan cumplido esas terribles órdenes.
Cabe señalar que la disciplina militar tiene como base la obediencia y un alto concepto del honor. ¿Porque todo este grupo de militares habría tenido que cumplir órdenes contrarias y poner en riesgo todo? Ahora bien, habría que identificar plenamente quiénes eran los que se encontraban ese día en servicio de fuerza de reacción, quiénes de guardia, y quiénes en el cuartel. Se debe identificar quiénes recibieron la orden y quiénes son los que la cumplieron al ejecutar a los estudiantes y no solo fabricar chivos expiatorios.
La honorabilidad del ejército está en juego, no se puede soslayar y aceptar un informe que, sin haber sido acreditado únicamente con presunciones, manche el honor del ejército sin tener un peso judicial. Puedo afirmar categóricamente que ningún militar de cualquier graduación puede dar o cumplir órdenes contrarias a la disciplina. Que yo sepa, en la Escuela Superior de Guerra y en el Colegio Militar, no se enseñan esas prácticas; pero sí lo he visto con políticos que cambian de camiseta y se venden al mejor postor.
Por lo que surgen las siguientes interrogantes importantes para el análisis:
A nivel municipal:
1. El gobierno municipal estaba bajo la dirección del ex presidente municipal José Luis Abarca, perteneciente al partido político del PRD. Se requiere establecer ¿por qué ordenó el operativo en contra de los estudiantes? Y ¿cuáles son los vínculos que tiene con diversos políticos, autoridades y delincuentes?
2. ¿Dónde y qué participación tuvo el Director de Seguridad Pública? Y ¿quién le ordenó el operativo en contra de los estudiantes?
3. ¿Qué vínculos existen entre las autoridades municipales y la banda criminal “Guerreros Unidos”?
A nivel estatal:
1. ¿Acaso el gobernador en turno desconocía el asunto? A pesar de que es de dominio público que en el estado de Guerrero se produce marihuana, amapola y drogas sintéticas.
2. Nadie habla sobre el índice delictivo y de la problemática con las actividades de aquellas bandas locales de delincuencia organizada en esa área geográfica.
3. Porque si existía todo ese fenómeno y el trasiego de droga hacia Cuautla, Morelos, ¿por qué el gobierno estatal nunca pidió el apoyo de su congreso para que interviniera el Gobierno Federal?
4. ¿Cuál es el vínculo de las bandas locales y cárteles existentes que siguen operando en el estado de Guerrero, sin que las autoridades de los tres niveles den resultados?
A nivel federal:
1. Por ser de ámbito civil ¿dónde estaba el Secretario de Seguridad Pública?
2. ¿Qué hizo el CISEN antes, durante y después de los lamentables acontecimientos?
3. ¿La ex Procuraduría de la República acaso no sabía de las bandas de delincuencia organizada y cárteles que operan y siguen operando en el estado de Guerrero?
4. Los mandos militares de la SEDENA, Región Militar y Zona Militar ¿desconocían esta situación a pesar de contar con su propio sistema de inteligencia y contrainteligencia respecto a los grupos armados que operan actualmente en el estado de Guerrero?
Como podemos observar son muchas inconsistencias e incongruencias, no sólo se trata de señalar con palabras, el profesionalismo se demuestra con una verdadera teoría del caso soportada con pruebas y dictámenes periciales de personal calificado ante un Juez de Control. De comprobarse los hechos que se le imputan al personal militar se provocará una descomunal deshonra a la institución castrense.
Por último, resulta extraño, por decir menos, que Bernardo Cano Muñozcano, quien fuera secretario particular de Tomás Zerón y quien se acogió al criterio de oportunidad como testigo colaborador, declare ante la Fiscalía General de la República sobre el supuesto cónclave donde se fraguó la “verdad histórica”. Lo que queda plasmado en su declaración en la Carpeta de Investigación FED/SDHPDSC/01-GRO/00804/2019, reunión a la cual no asistió y no estuvo presente, pero que sí fue utilizada para señalar al comandante de la zona militar y a Garcia Harfuch entre otros. Todavía llama más la atención que se confundan las cosas; Murillo Karam se encuentra preso por las torturas que realizó Tomas Zerón a los criminales que sí asesinaron a los normalistas, y que fueron liberados por un Juez Federal de Tamaulipas que priorizó los derechos de los delincuentes por encima de los de las víctimas. Eso no debe olvidarse nunca, ya que esa pifia y falta de profesionalismo dejó impunes a quienes asesinaron artera y cobardemente a los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa.