Edward Snowden desnudó cómo la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos utilizó herramientas para monitorear de forma masiva a prácticamente cualquier persona del mundo, sea periodista o defensor de causas de derechos humanos. Casi todo lo que hacen los estadounidenses con sus teléfonos, internet y correos electrónicos era - ¿o es? - monitoreado por esa agencia.
En Open secrets, The New York Times describe cómo hicieron los periodistas de The Guardian, Der Spiegel y el propio Times para desenmarañar los documentos de Wikileaks. Se reunían en un departamento con equipo sin ninguna conexión a internet. Casi, casi con máquinas de escribir para desarrollar las historias que tenían en sus manos.
El editor del Times relató que en junio de 2010 recibió un telefonazo del editor de The Guardian quien le planteó si tenía alguna forma de contestar una llamada de forma segura. “No realmente”, le confesó. “El Times no tiene líneas telefónicas cifradas, o un Cono de Silencio”, le agregó.
La tensión entre los periodistas y los gobiernos derivada de la obligación de los primeros a informar conlleva la tentación de funcionarios a intervenir a los periodistas y a la gente que ellos consideren que es necesario espiar. El pretexto es la seguridad nacional o pública, combatir al terrorismo. Lo que sea. De todas formas, lo harán.
En 2005 The New York Times publicó un artículo, que mereció el Pulitzer, donde reveló que la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos realizó escuchas ilegales a teléfonos domésticos y hasta correos electrónicos. ¿El pretexto? Las investigaciones por los ataques a las torres gemelas el 11 de septiembre de 2001.
En Open Secrets, sus autores establecieron que “mucho antes de que naciera Wikileaks, Internet ha transformado el panorama de los diarios, creando un mercado abierto y global con un acceso más fácil a las audiencias y fuentes, un metabolismo más rápido, una nueva infraestructura para compartir y examinar información, y un respeto disminuido por las nociones de privacidad y secreto”.
La Dirección de Inteligencia del Ejército de Chile (DINE) en septiembre de 2017 autorización a la Corte de Apelaciones de Santiago para interceptar legalmente las comunicaciones de una mujer, presunta agente extranjera. Pero la llamada Operación W en realidad tenía como objetivo el teléfono del periodista Mauricio Weibel. Mauricio publicó un año antes, en 2016, el libro "Traición a la patria”, que relataba el millonario desfalco de dinero público que implicó a miembros prominentes del Ejército chileno.
Paula Cejas, directora de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), refirió recientemente a DW este caso y abundó que “en Argentina, en 2018, más de 400 periodistas habrían sido investigados por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el marco del G20 y la reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC) organizados en Argentina”.
Recientemente, el periodista Antonio Nieto, reportero de Televisa y columnista de La Silla Rota, ha documentado en La Silla Rota, y desde hace tres años como reportero, la existencia de un centro de espionaje que operaban funcionarios del gobierno de la Ciudad de México. Hoy hay al menos un detenido, José Roberto “N”, pero sin duda no actuaba solo.
En 2009 se agregó un párrafo al artículo 16 de la Constitución: “Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros”.
En cuanto a la privacidad, el mismo artículo 16 precisa en su primer párrafo: “. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo”.
El derecho a la privacidad es una garantía consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual, en su artículo 12, señala: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.
La Federación Internacional de Periodistas emitió una declaración apenas el año pasado: “En el corazón del periodismo de calidad está la capacidad del periodista de garantizar a sus fuentes que pueden compartir su información de forma confidencial. Es así como los/as periodistas revelan burocracias ineficientes, crímenes ocultos y corrupción que socavan el buen gobierno. Las sofisticadas herramientas de vigilancia ponen en peligro esta capacidad, ya sea voluntaria o involuntariamente”.
Lamentablemente estamos a merced de que cualquier gobierno, sea de izquierdas o de derechas, decida espiar la actividad periodística de una persona. Incluso su vida privada, sus relaciones personales, sus debilidades, todo con el fin de torpedear el trabajo del reportero.
Así ha sido y no debe seguir ocurriendo.
Manuel Buendía fue asesinado por un sicario en la Ciudad de México el 30 de mayo de 1984. El asesino material fue Rafael Moro Ávila, agente de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), quien señaló como autor intelectual, a José Antonio Zorrilla Pérez, director de la DFS, a quien sentenciaron a 35 años de prisión, que cumplió en 2013. Sin embargo, se cree que existen otros autores intelectuales que no fueron procesados y cuyas reminiscencias rozan al régimen actual.
En su columna Red Privada desnudó a la clase política, al Opus Dei, a Los Tecos, al narcotráfico y sus tentáculos con el poder político. Sin duda su asesinato fue un crimen de Estado. Raymundo Riva Palacio ha revelado en sus columnas periodísticas que Buendía estaba por publicar nexos del Ejército con el narcotráfico.
Recientemente hemos visto cómo una gobernadora de Morena, Layda Sansores, divulga audios de un dirigente de oposición, Alejandro Moreno, difícil de defender. También conocimos escuchas del mismísimo fiscal general Alejandro Gertz Manero.
Estas reflexiones son con motivo de mi participación, por invitación del consejero Julio César Bonilla y el periodista Raúl Llanos, en el 2º Foro Internacional de Transparencia y Periodismo al que convocó el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
Punto y aparte. ¿Quién tiene los días contados? Ya lo sabremos.
Punto final. Netflix sacude el caso Florence Cassez. Y otro asunto que está por estallar podría dar una voltereta a una activista en contra del secuestro en México.