En junio de este año, el Congreso de Yucatán aprobó por unanimidad reformas a la Constitución y a diversas leyes del Estado con el objetivo de evitar que violentadores y deudores alimenticios puedan acceder a candidaturas de cargos de elección popular o a altos cargos de toma de decisiones en los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado.
Las reformas, conocidas como Ley #3de3, tienen su antecedente en las reglas del INE que establecen filtros en las candidaturas para cerrar el acceso a las personas que hayan cometido delitos de violencia familiar y/o doméstica, agresiones de género y delitos contra la libertad sexual o la intimidad corporal, o que sean deudoras alimentarias.
Estas acciones son verdaderos avances en la lucha para la erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres y al mismo tiempo abonan a la calidad de la representación social y política, protegen los derechos humanos y dignifican el trabajo político en nuestro país.
Sobre todo porque en nuestro país no puede existir más violencia.
En México cada día asesinan a 11 mujeres, por ser mujeres.
En México, la justicia para las víctimas de violencia familiar puede tardar décadas.
En México, después de un juicio de pensión alimenticia, solo 2 de cada 10 niñas y niños la reciben.
Por eso la importancia de cerrar el paso a violentadores y deudores alimenticios. No es posible tener a esas personas en los cargos donde se toman las decisiones sobre las políticas públicas.
La iniciativa que derivó en las reformas constitucionales y legales de la #3de3 en Yucatán, fue producto de un trabajo de organizaciones ciudadanas, particularmente de la asociación Agenda de las Mujeres para la Igualdad Sustantiva en Yucatán (AMISY), llevada al Congreso por Movimiento Ciudadano.
El trabajo de AMISY fue más que arduo, y reflejó no solo el diagnóstico jurídico, académico y antropológico sino primordialmente la exigencia de quienes han sido víctimas de violencia y la aspiración. Por tanto la socialización de esta iniciativa fue de origen y así se mantuvo, gracias al seguimiento de las colectivas de la sociedad civil.
Precisamente por esta socialización y porque es una acción legislativa totalmente efectiva para evitar la llegada de violentadores a cargos de elección popular y de toma de decisiones, fue una desagradable sorpresa el hecho de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos impugnó las reformas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque a su juicio ataca los derechos ¡de los deudores alimentarios!
El razonamiento de la CNDH es que al evitar que los deudores alimentarios accedan a cargos de elección popular o de toma de decisiones propicia que no tengan ingresos económicos para cubrir sus adeudos, pasando por alto que la conducta de no pagar esos alimentos a sus hijos o hijas fue una decisión previa.
Además, resulta inexplicable que el órgano máximo de defensa de los derechos humanos en nuestro país tome a los cargos de elección o a los cargos de toma de decisiones como simples chambas para ganar dinero, cuando en realidad son responsabilidades de representación que demandan congruencia e integridad en el respeto y aplicación de las leyes, lo cual evidentemente empieza por la propia persona que asume dichos cargos.
¿Se imaginan a un violentador o deudor moroso como presidente de un tribunal superior de Justicia o magistrado o consejero de la judicatura, o diputado? Vamos más lejos: ¿se imaginan a un violentador o deudor moroso como presidente de la comisión de derechos humanos?
Exacto.
Eso es lo que se quiere evitar. Por eso incluso el Consejo Consultivo de la CNDH manifestó su extrañeza ante la presentación de ese recurso, que presentó la presidenta del organismo sin conocimiento del Consejo.
Ya basta de violencia hacia las mujeres y las infancias en México. Por el bien de nuestro país, esperamos que la Corte sostenga las reformas #3de3 contra la violencia aprobadas por el Congreso de Yucatán.