CASO AYOTZINAPA

El soldado olvidado de los 43 de Ayotzinapa

Julio Cesar López Patolzin no sólo es responsabilidad del teniente Francisco Macías Barbosa, es responsabilidad de un sistema denominado contrainteligencia. | César Gutiérrez

Escrito en OPINIÓN el

El punto principal del caso de los estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, de acuerdo con el informe presentado por la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, obedece a que desde los años 50, este punto neurálgico conecta a los estados de México y Morelos como rutas naturales para las actividades del crimen organizado: trasiego de droga, establecimiento de casas de seguridad, laboratorios clandestinos, secuestros y extorsiones (pago de piso). 

Es ilógico pensar que todas estas bandas criminales puedan operar sin que las autoridades se enteren, ya que como se puede apreciar en el informe, fueron muchos funcionarios estatales y federales que sabían de manera directa e indirecta sobre toda esta problemática; empezando con el expresidente municipal José Luis Abarca, su director de Seguridad Pública y las policías municipales de Iguala, Huitzuco y Cocula respectivamente, para después pasar por el exgobernador Ángel Aguirre Rivero, así como Leonardo Vázquez Pérez exsecretario de Seguridad e Iñaky Blanco Cabrera exprocurador del estado, quienes fueron omisos en todo momento. Todos ellos sabían de la suciedad que existía en su gestión.

Cabe señalar que dentro del mapa criminal destacaron en ese momento, las bandas delincuencialesGuerreros Unidos”, “Los Rojos” y “La Familia Michoacana”, y que, de acuerdo con la información obtenida por el CNI, “Guerreros Unidos” prestaba sus servicios como brazo armado de “La Familia Michoacana”, por lo que eran responsables de las ejecuciones y secuestros de toda esa área geográfica. Poco después vendría una separación y disputa entre estas bandas. 

Sin embargo, cuando fue atraído el caso por la ex PGR, sólo se dio una “versión histórica de los hechos”, sin llegar a esclarecer cada uno de los sucesos aislados o en conjunto que se suscitaron o dieron como resultado el secuestro y muerte de los 43 estudiantes. Cabe señalar que no se lograron fincar de manera fehaciente las responsabilidades a los autores intelectuales y materiales de estos delitos, así como las de todos aquellos socios políticos que protegían y toleraban las conductas ilícitas de las bandas delincuenciales (por medio de su red de complicidades). 

Una leyenda urbana que dice que al momento en que los estudiantes se organizaban para secuestrar los autobuses en los que irían a la marcha en la CDMX, a la conmemoración del Movimiento estudiantil del 68, tuvieron la mala fortuna de detener un autobús que iba cargado con drogas y como  su “dueño” reclamaba su inmediata recuperación, se inició una búsqueda por parte de la policía municipal (coordinándose Iguala, Cocula y Huitzuco) ordenada por el ex presidente municipal José Luis Abarca. Se dice que una vez que fueran detenidos los estudiantes, estos debían ser encerrados en los separos de las comandancias de policía. Pero de ahí fueron sustraídos (o entregados) a la banda de “Guerreros Unidos”, quienes serían los autores materiales del homicidio de los estudiantes, no sin antes torturarlos e incinerarlos en diversos lugares (detectándose indicios en un basurero en el poblado de Cocula).    

Como podemos observar en este breve resumen, reiteramos que la forma de operar de muchas bandas actúan bajo la protección de personajes políticos y funcionarios públicos, quienes tienen la obligación de velar por el interés público y social de los ciudadanos.  Sin embargo, hoy sigue la impunidad de toda esa colusión de autoridades públicas de los tres niveles de gobierno, que aún a sabiendas no hicieron nada para evitar la masacre de los estudiantes.  

Por otro lado, el caso del soldado Julio Cesar López Patolzin no sólo es responsabilidad del teniente Francisco Macías Barbosa, es responsabilidad de un sistema denominado contrainteligencia. Ahí, donde juegan a ser James Bond, pero sin presupuesto, ni traje, ni carros costosos, y de alguna manera actúan al margen de la Ley, porque no existe ningún marco normativo que permita o autorice realizar investigaciones, tomar fotografías con su celular o andar de civil paseándose dentro de los campos militares obteniendo información de sus propios compañeros. Incluso es materia de amparo por la violación a la presunción de inocencia y pruebas obtenidas de manera ilícita; así de simple.

Cabe recordar que tanto el soldado como el teniente, estaban bajo el mando de un comandante de Batallón de la Zona Militar y de la Región Militar, quienes en su momento eran los responsables de las operaciones y de su personal ¿A quién se le olvidaron los valores militares? ¿Quién decidió dar la orden faltando a sus superiores, a sabiendas que estaban participando en actividades con los estudiantes de la Normal? ¿O sólo se es comandante para cobrar? Hay que tener valor y actuar como lo indica la triple función de un comandante, de otra manera sólo se es un pigmeo uniformado.

Sin duda la pérdida de 43 vidas humanas es muy lamentable, aunque es importante señalar que la parte medular es toda esa red de complicidades y omisiones que han puesto al descubierto la corrupción, torpeza, negligencia y omisión de muchos funcionarios públicos que no cumplieron cabalmente con su trabajo.

Por último, durante años he señalado que las leyes y reglamentos militares deben ser reformados para adaptarse a las nuevas realidades que se viven todos los días. El ejemplo más claro es el caso del soldado Julio César López Patolzin, mismo que para las autoridades militares es un desertor por haber faltado tres días consecutivos sin causa justificada, las autoridades simplemente se lavaron las manos de su responsabilidad, ya que consideraron que el asunto sería como otros miles y que no pasaría nada; cuando en realidad el elemento militar se encontraba cumpliendo con un trabajo a él encomendado. Lamentablemente este hecho fue conocido y ahora deben afrontar la realidad, pero existen miles de casos de militares que han sido desaparecidos (levantados) realizando su trabajo y para los mandos militares eso no importa, ya que al ausentarse los declaran desertores. Esto criminaliza al elemento militar y lo convierte de facto en un criminal. Así la institución militar se lava las manos, olvidando que lo que hace grande a la Secretaría de la Defensa Nacional es su gente, el elemento humano, su raza de bronce. 

Resulta curioso que todos esos mandos militares, acusados por su responsabilidad de omisión ante estos hechos serán defendidos por el abogado Juan Velázquez. Ojalá que esa defensa sea para todos los elementos militares y no solo para los generales y mandos medios.