De la vergüenza e indignación nacional por el crimen de Estado, contra los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pasamos al factor sorpresa de que la impunidad no tendrá cabida cuando se trate de delitos de lesa humanidad, tal como se comprometió López Obrador ante Estados Unidos.
El compromiso va en serio y el primero en pisar la cárcel por la muerte de los 43 es el exfiscal Jesús Murillo Karam quien desde su encierro considera que este más que nada es un ajuste, una vendetta política cuyo mensaje final es para el ex presidente Enrique Peña Nieto.
Murillo Karam, que se entregó el último viernes a la Fiscalía General de la República (FGR) quien inicialmente fue confundido con su hermano, fue el encargado de las investigaciones sobre el crimen de los normalistas cuando EPN gobernaba México. Hoy el mensaje contra este último pasó de lo subliminal a lo directo.
Su trabajo quedó reducido a cenizas al no tener Murillo Karam un sustento que lo apalancara como un real investigador. Ahora la misma institución que él dirigió es la misma que lo acusa de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ahondó la herida al indicar que “él mismo se inculpa, de acuerdo al informe y la investigación de la Fiscalía”.
Apenas habían transcurrido unas horas desde que la Comisión de la Verdad considerara que la desaparición de los 43, en el año 2014, fue "un crimen de Estado”, cuando se activó el protocolo para la detención de Murillo Karam.
Los delitos por los que ahora deberá responder son: desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia. Paralelo a esta captura, una de las más importantes de la actual administración Lopez-obradorista se giraron 83 órdenes de aprehensión contra mandos militares y personal de tropa, policías locales y estatales y autoridades administrativas y judiciales e integrantes del grupo del crimen organizado Guerreros Unidos. Todos estarían vinculados en este caso.
Sobre la eventual inclusión en las pesquisas del ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto, ex jefe de Murillo Karam, López Obrador sostuvo que eso “el juez lo va a decidir”.
“Es difícil que pase, pero no podemos adelantar ningún juicio. Eso debe resolverlo el juez”, indicó en su conferencia mañanera del lunes.
El trabajo de las actuales autoridades han determinado que las investigaciones de Murillo Karam fueron un “burdo montaje”.
La actual Fiscalía, controlada por esta administración, sostiene que sus predecesores torturaron a detenidos y manipularon pruebas para construir ese relato. Ello dio pie a la acusación contra Murillo quien deberá pagar con cárcel sus desaciertos.
El actual fiscal Alejandro Gertz Manero en un video indica que: “El Ejecutivo federal en ese momento (de la investigación, realizada por Murillo Karam) intentó soslayar la responsabilidad del Estado mexicano ante un crimen desmesurado. Y trató de adjudicar la culpabilidad total a las autoridades del Estado de Guerrero y a las autoridades municipales”.
Señaló que se ha podido demostrar que el propósito del exfiscal era evidente: engañar a la población, para encubrir lo ocurrido y eludir la responsabilidad de autoridades federales y locales coludidas, adjudicando la brutalidad de lo sucedido solo a policías locales de Iguala, Cocula y Huitzuco.
(Los agentes de Gertz Manero) cometieron un número incalculable de abusos, torturas o presiones, para obtener las confesiones de dichos policías, adjudicándose toda la responsabilidad que sus superiores estaban tratando de eludir, para después inventar la supuesta verdad histórica.
Este ajuste de tuercas y de cuentas ha puesto nervioso al ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, pues al ser el responsable político de la conducción del país también podría ser enjuiciado por delitos de lesa humanidad.
Habrá qué esperar cómo se decantan las cosas y si es que realmente va en serio esto de la aplicación de la justicia.
El rasero debe ser parejo. Cuestión de ver si la 4T va en serio.