Cuando se haga el recuento del actual sexenio es factible que sean dos las notas que destaquen por encima de otras: el elevado caudal de decesos propiciados por el manejo arbitrario y equivocado de la pandemia y el incremento del poderío de las instituciones castrenses en detrimento de la civilidad que había caracterizado a los gobiernos mexicanos desde hacía más de siete décadas.
El aumento del poderío castrense
La actividad de las fuerzas armadas mexicanas durante este gobierno no será recordada por su esfuerzo para contener al crimen organizado, sino por la expansión de competencias burocráticas. Algunas de estas nuevas responsabilidades derivan en la obtención de beneficios económicos para las corporaciones y, según se ha ido documentando, también a servidores involucrados en ellas. Ese es el caso de las aduanas o de la construcción de magnas obras públicas, aunque no de la operación de las mismas, pues se trata de elefantes blancos cuya rentabilidad es sumamente dudosa.
Así, no es que soldados y marinos hayan incrementado su productividad y que ello les genere recursos, sino que es la asignación desde el ejecutivo federal de funciones y atribuciones lo que les permite allegarse gravámenes que extraen a empresas y particulares, además de un significativo aumento del presupuesto asignado a las áreas de gobierno donde están inscritas las fuerzas armadas. El mejoramiento económico de estas fuerzas se debe luego a la capacidad de extracción de líquido de la sociedad, lo que ubica a estos actores como contrapuestos no sólo a la eventual recuperación por los civiles del mando sobre las actividades que les fueron concedidas, sino a un retorno a la sociedad de los recursos hoy asignados vía presupuesto de egresos y sobre todo por control de impuestos.
La contención del poderío castrense
Estas condiciones hacen más complicado que un mero ajuste pactado de competencias la retracción del ejército y la armada a límites previamente existentes. Los cuerpos encargados de la seguridad nacional tendrán motivos propios para buscar evitar no que se devuelva a sus integrantes a los cuarteles, sino que se desista de la asignación de funciones que les han dado acceso a abundantes recursos por vía formal y, por qué negarlo, también informal.
Si en el pasado la costumbre, la inercia y los acuerdos tácitos hacían inviable que el mando de las corporaciones militares recayera en civiles, como suele ocurrir en muchas naciones democráticas, ahora simplemente parece imposible, e incluso sería sumamente tortuoso alcanzar acuerdos que devuelvan el mando civil a áreas de gobierno que se han entregado a las fuerzas armadas. Pudiera pensarse entonces que en este sexenio se ha dado un aumento no sólo del poderío administrativo y económico de las fuerzas armadas, sino de los intereses particulares de estos cuerpos, lo que pondría en cuestionamiento la viabilidad de que respalden a un gobierno que no les otorgue garantías de continuidad de estos nuevos privilegios.