La prisión preventiva justificada ha sido la herramienta del presidente Andrés Manuel López Obrador para tener tras las rejas a dos piezas de primer orden del peñanietismo: Rosario Robles y Jesús Murillo Karam.
Apenas el pasado 3 de julio en estos #Recovecos se afirmó que “Rosario Robles podría ser el mejor ejemplo de que la lucha contra la corrupción de López Obrador es un engaño”, porque los había derrotado en tribunales en torno a una inhabilitación por 10 años para el ejercicio del servicio público.
¿Cuál era el delito? ¿La historia de la “estafa maestra”? ¿Corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social o la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, las cuales encabezó con Enrique Peña Nieto? ¿Afectaciones a lo más pobres, a los que dice defender AMLO, en la Cruzada contra el hambre? ¿Una fortuna inconfesable de la mano de rectores, como presumen en la "estafa maestra”? ¿Cuántos rectores de universidades públicas están en prisión por eso?
Lo que había sucedido era que la inhabilitación por 10 años fue "por no haber informado en mi declaración patrimonial de una cuenta de 2 mil pesos, que jamás tuvo un movimiento y que, incluso, fue cancelada por el propio banco", dijo Robles.
Ahora ella va a enfrentar el proceso penal en su contra, pero no en una celda, sino en su casa.
Es todo un fracaso para López Obrador.
Pero como si se tratara de un equipo de futbol, salió ella y entró Jesús Murillo Karam. El exprocurador General de la República recibió también prisión preventiva justificada, como Rosario, porque también tiene modo de escape: amigos y una fortuna de 86 millones de pesos.
El video de la detención de Murillo Karam es espléndido porque lo muestra sereno, mientras el ministerio público se observa nervioso detrás de su cubrebocas. “Es político”, le dice el hombre que sabe cómo se hacen las salchichas y, como tal, consciente de que un día le puede tocar lo que finalmente en la ruleta morenista, le tocó.
Es interesante que lo acusen de desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia, en el caso Ayotzinapa.
Más interesante que varios de los acusados en la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa los hayan dejado libres poco a poco o de plano aún no hay sentencia.
Tomás Zerón, por ejemplo, huyó a Israel y aunque en febrero pasado el gobierno de López Obrador le ofreció acogerse al criterio de oportunidad, literalmente los mandó al diablo. Es una pieza clave en la historia, desde la Agencia de Investigación Criminal de la PGR a lado de Murillo Karam. Pero siguen sin echarle el guante.
El caso de José Luis Abarca, a quien han mostrado en fotografías a lado de López Obrador, ambos como candidatos del PRD, sí está en prisión, pero por delincuencia organizada y lavado de dinero. Presumen responsabilidad en la desaparición de los normalistas. Él era el presidente municipal. Hoy está en el penal de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Hay otros personajes relevantes, como Gildardo López Astudillo “El Gil”, señalado de participar en el secuestro de los normalistas. Pero tras denunciar tortura, quedó en libertad. Es el caso de Juan Miguel Pantoja “El pajarraco”, quien también obtuvo más tarde su libertad.
Libres quedaron Agustín García Reyes, “El Chereje” y Jonathan Osorio Cortés “El Jona”.
Ahora bien, ¿por qué a más de tres años de iniciado este gobierno no ha encontrado rastro de los normalistas? ¿Por qué no han podido con Tomás Zerón y en cambio pudieron tocar las puertas de la residencia en Las Lomas de Chapultepec a Murillo y llevárselo con toda tranquilidad? ¿Apenas pudieron cuadrar algo que ya sabía hasta Peña Nieto?
Porque el tema de la tortura y las posibilidades de que hubieran obstruido la acción de la justicia no son nuevas. En su libro “La noche de Iguala”, la periodista Anabel Hernández da muchas pistas.
El 8 de mayo de 2017, aún en el gobierno de Peña Nieto, publiqué un reportaje en El Universal: “Informe enlatado de PGR amenaza al caso Ayotzinapa”. El informe fue elaborado y presentado formalmente el 18 de agosto de 2016 y de todo ello estuvieron enterados los más altos funcionarios… pero lo dejaron en un cajón.
Ahí escribí lo siguiente:
“Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, escuchó estupefacto el reporte: hay pruebas fehacientes de tortura a los detenidos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. A uno de ellos le aplicaron el “teléfono”, que es el estallido de los tímpanos sin dejar huellas físicas evidentes.
De inmediato convocó a los titulares del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Procuraduría General de la República (PGR), Agencia de Investigación Criminal y Policía Federal.
El temor de Osorio Chong fue que, a futuro, una investigación que no cumple el debido proceso corre el riesgo de dejar en libertad a los siete detenidos por la desaparición de los estudiantes en Iguala, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.
La investigación de la PGR, que encabezó Tomás Zerón de Lucio, estuvo plagada de presuntas ilegalidades, según el informe de la Visitaduría General de la PGR –a cargo en hasta agosto de 2016 de César Chávez– mismo que fue enlatado y desechado oficialmente.
Fuentes del gobierno federal admitieron que existe la posibilidad que la investigación sea controvertida en tribunales internacionales y queden en libertad los detenidos porque se violó la ley:
Hubo tortura a testigos y presuntos implicados; se realizaron diligencias fuera de la ley en el Río donde supuestamente hallaron cenizas de los cuerpos estudiantes, y hay contradicción en las actuaciones de los ministerios públicos.
En el Cisen se realizaron reportes en la primera semana de octubre de 2014 –a los que tuvo acceso este reportero– en donde aseguraba que los jóvenes habían sido incinerados y arrojados en bolsas al Río San Juan. Tiempo después el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, el 7 de noviembre de 2014, dijo en conferencia de prensa: "un homicidio de un amplio número de personas en la zona de Cocula".
Aunque también en el Cisen hubo otros reportes que se hicieron públicos de que el narcotráfico era una arista que detonó la matanza, en esa conferencia de prensa –recordada por su frase “ya me cansé–, Murillo se encargó de desvirtuar vinculación alguna con los jóvenes al asegurar que "no hay evidencia alguna de que los estudiantes de Ayotzinapa formaran parte o apoyaran a grupo criminal alguno".
El visitador determinó remover de su cargo a Blanca Alicia Bernal Castilla, la remoción del fiscal antisecuestros de la SEIDO, Jorge García Valentín.
También resolvió que los peritos Mauricio Cerón Solana, Eva Hernández y Patricia Gómez Ramírez, cometieron irregularidades y debían ser removidos: perturbación ilícita y omisión en la preservación de indicios; omisión de peritajes y falla en la cadena de custodia (acciones que se deben tomar para preservar evidencias de un crimen), lo cual es sancionado por el Código Federal de Procedimientos Penales.
Se propuso dar vista a la Secretaría de la Función Pública para que actuara en contra de Tomás Zerón, además de que podía ser castigado con base en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. En la misma circunstancia la Visitaduría puso al fiscal antisecuestros de la PGR, Jorge García Valentín.
En el documento de la Visitaduría de la PGR se advierte que “en los hechos pudieran haber participado otras autoridades a las que no les resulta aplicable el régimen especial de la Ley Orgánica (de la PGR)”.
Fin de la cita.
Los funcionarios señalados en ese informe enlatado de la PGR eran Tomás Zerón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR; Alicia Bernal Castilla, agente del Ministerio Público; Abraham Eslava Arvizu, titular de la SEIDO; Bernardo Cano Muñozcano; Jaime David Díaz Serralde, jefe de la oficina de Zerón de Lucio; Jorge García Valentín, fiscal antisecuestros de la PGR; y los peritos Mauricio Cerón Solana, Eva Hernández y Patricia Gómez Ramírez.
Si eso lo sabía Osorio Chong desde 2016, ¿por qué hasta ahora toma cartas en el asunto el gobierno de López Obrador?
Es muy sencillo: es político.
Punto y aparte. Los días en el Senado están contados…
Punto final. Exgobernadores andan muy activos. Y prominentes priistas, con bajo perfil durante la 4T, resurgirán en el 2024.