El viernes de la semana pasada, la diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR, por irregularidades cometidas en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), en la adquisición de ventiladores y mascarillas.
El daño al erario —documentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el análisis de la Cuenta Pública 2020— asciende a más de 960 millones de pesos.
En su escrito, la diputada Pérez-Jaén —ex comisionada de Transparencia del extinto Ifai y del InfoDF— ha solicitado que el Ministerio Público Federal decrete la medida cautelar de separación temporal del encargo al titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer Aguilar quien, dicho sea de paso, no es médico sino antropólogo y, por lo mismo, no debiera encabezar al organismo cuya finalidad es proveer servicios de salud a las personas no derechohabientes.
El dictamen de la auditoría practicada por la ASF al Insabi señala que dicho instituto contrató la adquisición de mil ventiladores con la empresa Viva Entrerprises Limited; seiscientos cincuenta de los cuales no fueron entregados, lo que pudo ocasionar daños a la salud, inclusive la muerte de las personas que en ese momento los requerían por los efectos de la pandemia.
Dichos ventiladores tuvieron un costo de 920.4 millones de pesos, los que continúan sin ser aclarados, lo que puede verificarse en el Sistema Público de Consulta de la Auditoría Superior de la Federación.
En el mismo tenor, el Insabi compró un millón 50 mil cubrebocas KN95 a la empresa China Meheco Co., LTD, por un monto de 40.5 millones de pesos, los que jamás fueron entregados.
En ambos casos, el Insabi no cuenta con evidencia de haber iniciado acciones legales contra las empresas que incumplieron. El daño a la salud y al erario, provocados por la ineptitud y la desidia de sus funcionarios, tipifican delitos por omisión, que deben ser sancionados por las autoridades federales correspondientes.
Contra la educación
CIDE.- El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) anunció la cancelación de la maestría en Periodismo sobre Políticas Públicas; las personas docentes fueron informadas de tal decisión un día antes de iniciar el ciclo escolar. La determinación orquestada entre José Antonio Romero Tellaeche, director general del CIDE, y Elena Álvarez-Buylla, del Conacyt, representa otro golpe a dicho centro de investigación y enseñanza, al que el presidente de la República ha descalificado reiteradamente, pues los resultados de sus investigaciones ponen en entredicho los “éxitos” que el presidente pregona con base en sus “otros datos”, que sólo existen en su imaginación.
SEP.- A López Obrador no le interesa mejorar la calidad de la educación; por el contrario, la solidez educativa le estorba. Los estratos con mayores niveles educativos lo critican, lo cuestionan y eso le incomoda. Prefiere el aplauso facilón y agradecido de sus clientelas.
Por eso, el nombramiento de María Leticia Ramírez Anaya, al frente de la Secretaría de Educación Pública, va más allá de retribuirle su apoyo estratégico desde las épocas en que era colaboradora de René Bejarano, el célebre “señor de las ligas”.
Con Esteban Moctezuma Barragán, López Obrador tuvo a un secretario de Educación que antes había sido secretario de Gobernación y de Desarrollo Social; titulado en Economía por la UNAM y maestro en Filosofía por la Universidad de Cambridge.
Con Delfina Gómez Álvarez —al margen de su actuar delictivo— tuvo a una licenciada en Educación Básica, en Educación Primaria y maestra en Educación con Especialidad en Administración de Instituciones Educativas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Con Leticia Ramírez tiene a una Profesional Técnica en Administración de Empresas Agroindustriales Cooperativas, egresada del Conalep, según el Registro Nacional de Profesionistas de la SEP.
Dolosamente, el presidente de la República confunde la crítica a la inexperiencia y nula formación profesional de la nueva titular de la SEP con actos de “racismo y clasismo”. Igual que en el caso del director del Insabi, López Obrador defiende a capa y espada a sus incondicionales, por más que demuestren su ineptitud.
Su desprecio por la educación no es muy diferente a su repulsa por la legalidad —“no me vengan con que la ley es la ley”—; hasta su incondicional Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, ha manifestado su rechazo a su planteamiento de radicar a la Guardia Nacional bajo la férula de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Dos buenas
Bien por el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, quien ha presentado 38 denuncias ante la FGR, por la malversación de 9 mil 500 millones de pesos en el Sistema de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Liconsa y Diconsa; órgano que dirigiera el expriísta Ignacio Ovalle Fernández, actual titular del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, quien se cayó para arriba, a pesar de que dichos señalamientos se hicieron públicos desde inicios de año. Bien también por el Inai, que se atrevió a sancionar al presidente de la República, por haber vulnerado la privacidad del periodista Carlos Loret de Mola. Veremos si tal sanción tiene efectos reales.