TREN MAYA, ASUNTO DE SEGURIDAD NACIONAL

El Tren Maya y la Seguridad Nacional

El Gobierno Federal ha explicado que la mayor parte del Tren Maya se construye sobre una vía existente que busca evitar daños a los ecosistemas. | Jorge Lumbreras*

Escrito en OPINIÓN el

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que al seno del Consejo de Seguridad Nacional, se decidió que la obra del Tren Maya se declarara un asunto de seguridad nacional bajo tres argumentos: 1) injerencia del gobierno de EU; 2) tácticas dilatorias del Poder Judicial; y 3) altos costos fiscales debido a su retraso. Posteriormente y toda vez que continuaron las obras que de inicio fueron suspendidas por un juez en el espacio conocido como Tramo 5, informaría que: a) no hay ningún desacato judicial; b) no habrá sanciones a funcionarios, c) las obras están bajo responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de dependencias federales encargadas de la seguridad. Finalmente, señalaría el reciente 1º de agosto que las obras estarían a cargo de la Presidencia de la República o de la Secretaría de Gobernación, se refirió a organizaciones sociales ligadas a prominente empresario y reiteró la intervención de organizaciones del extranjero como actores que obstaculizan la concreción de la obra. 

Al Tren Maya se han opuesto grupos de ambientalistas, personalidades del medio artístico, expertos y líderes de opinión hasta generar sucesivas oleadas de críticas en medios tradicionales y digitales, y las oposiciones políticas han encontrado una veta permanente de crítica, en especial en tramos donde simplemente no hay poco o nada, es decir, no hay obras previas y se requiere avanzar al seno de la selva, es el caso del Tramo 5. 

Por otra parte, el Gobierno Federal ha explicado que la mayor parte del Tren Maya se construye sobre una vía existente -esto se conoce como derecho de paso-, que se busca evitar daños a los ecosistemas, que se ampliará la reserva de la biósfera y que se trata de una inversión para el sureste del país. El propio gobierno ha reconocido la necesidad de cambiar el mapa por el que irán las vías debido a desafíos ambientales, orográficos, presupuestales y de conexión. Con la Declaratoria del Consejo de Seguridad Nacional se abrió un capítulo singular en esta compleja iniciativa el cual ha consistido en la publicación de críticas jurídicas que citan una y otra vez la Ley de Seguridad Nacional, para afirmar en síntesis que la Declaratoria no tiene fundamento.

Los críticos han advertido de riesgos mayores ante la declaratoria del Consejo de Seguridad Nacional, a saber: a) se abre una avenida al autoritarismo; b) se viola la ley; c) con estas declaratorias el Gobierno Federal podrá hacer lo que quiera; d) se evaden las resoluciones de los jueces y en especial se violenta el juicio de amparo; e) se incumplen iniciativas internacionales, en particular la Agenda 2030 y el derecho constitucional a un medio ambiente limpio y sano. Como se aprecia, la obra del Tren Maya está a la mitad de un diferendo técnico, ambiental, jurídico y político, sobre el que conviene señalar algunos elementos que todos los partidos en el poder han enfrentado y que a fuerza de su presencia forman parte del ambiente político y comunicacional. 

En primer término, destaca el papel de organizaciones sociales que en efecto reciben financiamiento extranjero, la cuestión es oscilante pues desde que se denominaban Organizaciones No Gubernamentales asumían que su independencia les permitía ser actores sustanciales para la vida democrática al fomentar: transparencia, cultura de la legalidad, derechos humanos, cuidado y protección del medio ambiente, desarrollo social y humano y toda una agenda cuyos títulos abarcarían esta colaboración. Tales organizaciones en conjunto se han convertido y asumen como actores de legitimación del propio Estado democrático, así inciden en la agenda de los gobiernos lo cual tiene aspectos positivos al equilibrar la toma de decisiones y enriquecer el debate público; sin embargo, existen organizaciones cuya narrativa se ancla en los vectores del liberalismo democrático, es decir, en las coordenadas del modelo actual de creación de riqueza y de una democracia electoral que no ha profundizado en la equidad y la igualdad, justo a la mitad de la mayor concentración de riqueza que la humanidad haya conocido. 

Cuestión aparte, es el colonialismo jurídico que profieren y presumen algunas organizaciones, su impulso a la privatización de la seguridad y sus nexos con trasnacionales que privatizan agua, especies animales y vegetales y ecosistemas enteros; para nadie es misterio que reciben apoyos de gobiernos y fundaciones de Alemania, EU y Canadá, entre otros países, que ofrecen becas, adoctrinan, amplían su radio de influencia a través de despachos, se incrustan en estructuras de Gobierno y que se cubren con el manto de legitimidad de las organizaciones sociales. El Estado de poscapitalismo se debilitó desde arriba por su retirada de la economía y desde abajo por el poder de la sociedad civil y en ello, de toda clase de organizaciones.  

Por otra parte, en las últimas tres décadas múltiples obras que realizan el Gobierno Federal y los Gobiernos locales han estado en el centro de una nueva generación de actores y organizaciones cuyos fines distan del interés público, -esta aseveración excluye de manera terminante a los actores y organizaciones que con razón, justicia y conocimiento cuestionan algunas obras públicas-, en cambio se hace referencia al pragmatismo de organizaciones, que con criterios distintos a los ambientales, a la sustentabilidad social o a la agenda por la defensa de los pueblos originarios han hecho de la cultura de la protesta y la paralización de obras una forma de extorsión y de hacerse de beneficios al margen de la ley. Además, México es un paraíso para el turismo político, por ello, no extraña que ampliar una carretera de no más de 50 kilómetros pueda tardar diez años. 

En cuanto al Poder Judicial, existen grupos y organizaciones que tienen un procedimiento que aplican a cualquier obra pública de la que puedan obtener beneficios, y si bien la ley se tiene que aplicar, sería conveniente que con información “sensible”, se analizará los intereses sobre determinadas obras, si existen riesgos reales y próximos al desarrollo del país y si se registran iniciativas para reducir la confianza en México y la estabilidad de regiones. Los nexos y relaciones institucionales entre Poder Judicial y Seguridad Nacional aún están por escribirse en ley. No se olvide la persistencia de otras “inteligencias” en augurar la fragmentación del país. El Tren Maya puede ser visto como un instrumento contra la balcanización de México.

En medio del debate por la injerencia de gobiernos, organizaciones, actores y empresas en México bien valdría la pena que los críticos de la resolución del Consejo de Seguridad Nacional sobre el Tren Maya asumieran el rezago en la legislación de defensa nacional, seguridad exterior, seguridad interior y seguridad nacional. Si se atiende a los criterios expuestos en medios de comunicación a propósito del Tren Maya, habría de revisarse qué infraestructura forma parte de la agenda de seguridad nacional, ahí están los servidores para comunicaciones digitales, instalaciones de PEMEX, CFE, aeropuertos, puertos marítimos, y espacios geográficos a los que se llama “sensibles”, “estratégicos”, “patrimoniales”, “vitales”, “críticos”, así se les dice, pero en realidad se asume que son de seguridad nacional. 

En México, la seguridad nacional no es una misión constitucional de las Fuerzas Armadas, pero en el imaginario institucional, político y comunicacional aparecen como responsables de toda infraestructura “sensible”; la cual, si se parte de los argumentos de los críticos del Tren Maya difícilmente sería de seguridad nacional. Lo mismo ocurre con las instituciones civiles responsables de su operación cotidiana. Con una definición de tres líneas y manual en mano, no se agota un debate relevante para la soberanía, independencia, desarrollo y seguridad del país. Se necesita una nueva Ley de Seguridad Nacional, un marco de doctrina común y obligatorio para todas las instituciones del Estado, se necesita transparencia en lo que actores y organizaciones mexicanos hacen en nombre de intereses extranjeros, se necesita abrir espacios y definir reglas del juego en un marco democrático, y también construir los moldes jurídicos de una relación institucional entre el Poder Judicial y las instituciones, y agenda de seguridad nacional.

*Dr. Jorge A. Lumbreras Castro
Académico de la FCPyS-UNAM