En su largo trayecto como opositor, López Obrador manifestó en reiteradas ocasiones su rechazo a la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, al igual que lo hicieron muchos de sus seguidores -que se asumían como de izquierda, comprometidos con la defensa de los derechos humanos etc., pero parece que con la llegada al poder han flexibilizado sus convicciones-, como consta en diversos videos que circulan en las redes sociales.
En 2010 López Obrador dijo que “el presidente Juárez sabía que no podíamos apostar a una república militar sino a una república civilista, esta es una enseñanza mayor, nos debe de servir para entender que no es con el ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia, que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles.” El entonces senador Manuel Bartlett advertía sobre “esa necedad de meter al ejército donde no debe estar y poner en riesgo al país”, en tanto que la actual secretaria general de Morena decía lo siguiente: “hay una violación de derechos humanos que se intenta legalizar, al darle más poder a las fuerzas militares, prácticamente sería la puerta para instaurar un fascismo”.
Pero quizá sea todavía más elocuente lo que sostenía hace no tanto tiempo el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas: “van a querer usar al ejército como fuerza de seguridad policíaca en todas las labores que implica la seguridad pública y el control social, eso tiene un nombre, dictadura, con el pretexto de la migración, con el pretexto de la inseguridad y del terrorismo para acabar con las libertades y los derechos de los ciudadanos. Poder justificar una dictadura militar, poder justificar que los militares se apropien digamos de las calles, del espacio público y puedan hacer labores de la policía, esto contraviene a la Constitución, esto es anticonstitucional y contraviene la historia democrática de este país. Se trata de establecer las bases de una dictadura”.
Sin embargo, en franca contradicción con lo que habían sostenido categóricamente por años, han apostado como nunca a la militarización del país a pesar de sus pobres resultados como lo evidencia el número de homicidios dolosos, desapariciones, masacres, violencia de género, extorsiones, cobro de piso, y el control territorial de grupos criminales en muchas regiones del país. Además de la incongruencia, claramente se trata de una estrategia fallida, pero quizá tanto o más grave sea el desprecio al marco constitucional y al Estado de derecho.
Al inicio de este gobierno se impulsó la creación de la Guardia Nacional como una institución de carácter civil adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tal y como se establece en el artículo 21 constitucional -aunque en los hechos ha sido una simulación pues en realidad se trata de un cuerpo militar con uniforme de policía cuya actuación ha sido muy cuestionada pues tiene la orden de dejar hacer, dejar pasar ante el beneplácito del crimen organizado-.
No obstante, ahora el presidente pretende que la Guardia Nacional pase a formar parte orgánica de la Secretaría de la Defensa Nacional a través de un decreto o acaso de una reforma legal al no contar con la mayoría calificada que se requiere para reformar la Constitución -que es el único camino jurídicamente viable para modificar su carácter civil pues ningún decreto o ley puede estar por encima de la Carta Magna-, probablemente confiando en la pasividad que ha mostrado la Suprema Corte de Justicia para resolver los temas que le importan al Ejecutivo como es el caso, entre otros, de la controversia constitucional que se presentó contra un acuerdo presidencial de mayo de 2020 para disponer de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública -al que se conoce como acuerdo militarista-. Es decir, han pasado cerca de dos años desde que se interpuso la controversia constitucional en un tema tan delicado, sin que la SCJN se pronuncie, por lo que dicho acuerdo permanece vigente. Al respecto, vale la pena reproducir un extracto del duro comunicado emitido por el colectivo #SeguridadSinGuerra “Entregar la Guardia Nacional a la SEDENA por un acuerdo presidencial es un golpe militar a la constitución. Es el desprecio por el Congreso, la imposición de las Fuerzas Armadas al poder civil y una condena permanente para la paz y las víctimas nuevas y anteriores”.