Andrés Manuel López Obrador encabeza un gobierno inútil e incompetente. Tres años y siete meses después de iniciada su administración, sólo se percibe el fracaso de su “estrategia” ampliamente aderezada con referentes ideológicos, pero carente de planeación y resultados.
Mientras que la Secretaría de Educación Pública impone conceptos comunistoides en los libros de educación básica, al Ejército Mexicano se le concede la creación de dos sociedades anónimas, para que su élite se beneficie con las obras de relumbrón.
En abril —último dato disponible—, la inflación a tasa anual alcanzó 7.65 por ciento, según El Banco de México, mientras que los índices de violencia en el país ponen de manifiesto la claudicación del gobierno ante la delincuencia organizada.
El propio presidente normaliza la impune existencia de los cárteles, que lo mismo se dedican al trasiego de estupefacientes, al robo de hidrocarburos o a la extorsión. El Estado de Derecho es un concepto que no aprendió en sus catorce años en la UNAM. Y detrás del argumento de los abrazos no hay una lógica que tenga en la promoción de la justicia al eje de sus decisiones.
Dice orondo —como si se tratara de un indicador para presumir— que en los estados en los que domina un cártel “hay menos homicidios”. Quizá por eso al de Sinaloa no lo toca ni con el pétalo de un epíteto; no los llama “conservadores”, ni “hitlerianos”. El jefe del Estado mexicano prefiere decantarse por la división y el encono, antes que estimular el debate, el análisis y el consenso con sus adversarios.
En el Colegio Militar, López Obrador festeja el tercer aniversario de la Guardia Nacional, que nunca ocultó su naturaleza castrense, por más que la Constitución lo prohíba. Su romance con el Ejército lo aproxima al autoritarismo y lo aleja de la democracia, lo mismo que sus embates contra el máximo órgano electoral.
En el imaginario público, el sostén de su “éxito” radica en la “bondad” de sus programas asistenciales, con los cuales terminó haciendo lo que criticaba como candidato: regalar migajas en efectivo, sacrificando recursos destinados a la educación, la salud y el desarrollo.
La semana pasada, durante la presentación en el Senado de la “Ley Modelo de Protección a Periodistas y Personas Trabajadoras de la Prensa”, el representante de la Unesco en México, Frédéric Vacheron, dijo que nuestro país tiene la cifra más alta de periodistas asesinados en el mundo. Unos días antes, mataron a Antonio de la Cruz, del diario Expreso de Ciudad Victoria; el doceavo en este año y el trigésimo cuarto en el sexenio del “gobierno del cambio”.
La violencia generada por la delincuencia organizada también cegó la vida de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en Chihuahua. Pero en lugar de asumir su responsabilidad, Andrés Manuel López Obrador cuestionó al Clero que se atrevió a reclamarle cambio de estrategia.
El 22 de agosto de 2010, los “Zetas” asesinaron a 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. El Estado mexicano, encabezado en ese tiempo por Felipe Calderón, fue responsable de la tragedia por omisión. La misma responsabilidad que tiene hoy día López Obrador en la muerte de 53 migrantes en el estado de Texas, 27 de los cuales eran mexicanos, no sólo por el descontrol imperante en el territorio nacional, sino por la falta de oportunidades que orilla a los connacionales a buscar su sustento en otras latitudes.
@gomezvives