#SOBREMESA

El tren del despilfarro

Con la llegada de Camilo Oviedo Bautista se ampliaron los contratos del Tren Maya, agregando al costo del proyecto casi 92 mil milloncitos más. | Lourdes Mendoza*

Escrito en OPINIÓN el

A finales de febrero, en la columna Saqueo en el Tren Maya les narré cómo se ha beneficiado a ICA, de Guadalupe Phillips, y que el presidente López Obrador ha dicho, porque su pecho no es bodega, que ya no habría ampliaciones a los montos asignados y que las obras seguirían de acuerdo con lo pactado, a lo convenido para concluir las obras del Tren Maya, peeeeeero yo tengo, sí, otros datos…

Todo ocurrió el 16 de febrero de 2022

A la huida de la pandilla de Jimmy Pons, el 16 de febrero de 2022, llegó, entre otros, Camilo Oviedo Bautista de director de Administración y Finanzas, así como de representante legal de Fonatur, según consta en la escritura pública número 243,615, otorgada ante la Notaría Pública 151 de la Ciudad de México.

En esa misma estación, a bordo del vagón de la suerte, el pasante de actuario –sí, leyó bien, pasante de actuario– Ángel Isaac Vargas López, arriba como imberbe subdirector de Obras. De hecho, déjenme contarles que éste es el primer trabajo de su vida profesional, nada malo, pues súmele que también lo nombraron representante legal de Fonatur, de acuerdo con la escritura pública número 57,935, otorgada ante la Notaría Pública 150 de la Ciudad de México.

Si Jimmy Pons tuvo a Roger Francois Desdier Tello, el vendedor de cocinas morelense, como subdirector de Obras que lo firmaba todo, por qué Javier May, mejor conocido como “Un fundador será gobernador”, no tendría a su sub consentido, y quien tampoco en su vida había administrado obras públicas y menos de este monto y envergadura.

Perdón, perdón, es que ya se me había olvidado el lema de la 4T, sí, su estilo… 10% conocimiento y 90% sumisión, perdón, lealtad, o deberían, más bien, decir ¿complicidad?

Pues, aunque no están para saberlo, ni tardos ni perezosos, el mismo día en que iniciaron su gestión, fueron al notario para… –seguro no me lo podrá creer– (redoble de tambores y reflectores tipo Hollywood) que pudieran firmar sendos convenios para ampliar los contratos de Consorcio LAMAT, Operadora CICSA, AZVINDI Ferroviario, ICA y Grupo México, agregándole al costo del proyecto casi 92 mil milloncitos más.

Firmaron sin mayor conocimiento del funcionamiento de Fonatur y mucho menos del estado que guardaban las obras. Era tanta la premura que Camilo y Ángel Isaac no han de haber comido nada durante el día.

¡Viva la austeridad republicana! Ah, no, ésa sólo se cumple a rajatabla en la compra de medicinas, apoyos a mujeres víctimas de la violencia, estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, seguridad pública, etcétera, etcétera.

Aquí no acaba el viaje…

Ahora vaya por algo para beber, pues, si creía que esto era todo, se equivoca, porque es la hora que… –échese el fuerte– los dictámenes técnicos que deben sustentar dichos convenios no existen. ¡Así como lo está leyendo!

¿La razón?, se estará preguntado, o ¿por qué no se han podido elaborar dichos dictámenes?

Pues porque el robo, ay no, perdón, el incremento de los contratos fue determinado por Sedena con una metodología sui generis, por decirle bonito, ya que hizo algo así como cuentas chinas, agregando hasta porcentajes de “contingencias”, por si las dudas, que en tiempos conservadores se les habrían dicho moches.

Los costos subieron tanto que, para tapar el pozo, prefirieron pasar todo a precios alzados en contra de lo que establece la Ley de Obras, que obliga a que las adiciones a contratos mixtos sean únicamente por medio de precios unitarios.

Y eso que Fonatur tiene otras leyes, ¡eh!, y ahí sí tenían que desglosar el costo de los insumos a que obligan los precios unitarios, pero mejor aplicaron algo así como un borrón y cuenta nueva inflada.

La sorpresa

Lo que no contaban es que los titulares de la Oficialía Mayor de la SHCP y la Función Pública se echaron para atrás a la hora de la verdad, al señalar que la ley no permite el cambio a precios alzados, pero, para complacer al Ejecutivo y salir al paso sin que los corran, han manejado que cuentan con un “documento secreto que sí lo permite” en alguna bóveda bajo llave, por si se requiere.

Ojo, eh, antes de que me digan que miento o que es la verdad, pero exagero, reto a Fonatur a negar que se aprobaron esos precios alzados, y a la SFP y a la SHCP de la existencia de ese “documento secreto”.

Los consentidos

Luego de la cancelación del tramo 5 sur a Grupo México, de Germán Larrea, la Sedena informó que decidió dividir el tramo que va de Playa del Carmen a Tulúm en tres segmentos, cada uno con una extensión de 20 kilómetros en promedio.

La indemnización

La “terminación anticipada” para Grupo México y su socio Acciona nos costará más o menos 5 mil millones de pesos, que es algo así como 30 por ciento del monto total adjudicado por 18 mil millones de pesos. ¿Y la austeridad? ¿Y los intereses creados y corruptos que dañan el patrimonio de los mexicanos? ¡Otro escándalo!

Por cierto, eso de que porque yo lo digo el Tren Maya ya es de seguridad nacional y comenzarán los trabajo en el tramo 5, déjenme decirles que, de acuerdo con el abogado Gerardo Carrasco, “legalmente, ningún oficio administrativo (ni emitido por el Consejo de Seguridad Nacional) puede anular amparos o suspensiones. Los jueces revisan a las autoridades administrativas, no al revés. Si se reanuda la obra con suspensiones vigentes, cometen un delito”.

La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducida aquí con autorización de la autora.  

* Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.

 

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