La imagen es inenarrable. Un presunto transfeminicida es liberado, después de pasar dos años en prisión, porque el juez que presidió el tribunal estatal ante el que se llevó el proceso judicial consideró que una prueba en su contra no es contundente, a pesar de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua presentó decenas de pruebas que corroboraban su participación en el asesinato de la activista trans Mireya Rodríguez Lemus en agosto de 2020 en la capital chihuahuense.
La escena remite a la del juicio del feminicida de Rubí Marisol Frayre, hija de Marisela Escobedo, asesinada por su pareja, Sergio Rafael Barraza, quien se deshizo de su cuerpo en un rancho porcícola, en 2008. Y que después de haber sido buscado por la propia Marisela para ser enjuiciado y encarcelado, fue declarado inocente por el Poder Judicial Chihuahuense, a pesar de que él mismo se había asumido como culpable.
Así, una vez más, las autoridades judiciales chihuahuenses emiten el mensaje de la ausencia de justicia para las mujeres, independientemente de su identidad o expresión de género, a pesar de que la entidad se ha visibilizado tristemente, desde la década de los 90, por los altos índices de violencia de género en su territorio.
La madrugada del miércoles 2 de septiembre de 2020 fue hallado al interior de su vivienda, el cuerpo sin vida de Mireya, defensora de derechos humanos trans a favor de la diversidad sexual, en específico las poblaciones transexuales y transgénero, tras haberse reportado su ausencia durante varios días en espacios donde solía acudir de manera cotidiana a ejercer el trabajo sexual y a brindar apoyo a otras trabajadoras sexuales.
De acuerdo con compañeras de la organización Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses A. C., fundada por Rodríguez Lemus, ella dejó de ser vista el sábado 29 de agosto, por lo que acudieron a su domicilio a buscarla. El 2 de septiembre, al llegar al lugar, no pudieron ingresar de manera inmediata debido a que estaba cerrado por la puerta de herrería que resguardaba una puerta de madera, está última semiabierta, que permitía ver hacia adentro del inmueble, pero una vez que lo lograron se percataron de la presencia del cadáver de la víctima con signos de violencia en la sala del domicilio.
Nueve días después, la Fiscalía de Chihuahua, a través de su área de derechos humanos, presentó a Iván Arturo G.P. como presunto culpable de los sucesos, tras identificarlo como quien robó y vendió el auto de la víctima un día después de su muerte violenta, pero también por haber encontrado en su domicilio, ropa con sangre, incluido un par de tenis, cuyas huellas fueron detectadas en el área de los hechos. Además de haber dado positivo en las pruebas de grafología.
En total, a lo largo de más de 18 meses de investigación, la Fiscalía chihuahuense recaudó más de 70 pruebas en contra del inculpado, pero estas no fueron suficientes para mantenerlo en prisión, sino por el contrario, pocas horas después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, fue liberado.
Para Regina Gardea, el mensaje que envía el Estado tras la decisión de liberar al presunto culpable es que hay una total impunidad hacia quienes agreden y asesinan a las mujeres trans, pues no se les sanciona ni se les juzga con todo el rigor de la ley. Situación que preocupa a ella y a muchas otras mujeres trans por quedar sin protección de su integridad a pesar de su vulnerabilidad.
De acuerdo con datos de las organizaciones civiles, en los últimos siete años, de 2014 a 2021, se han cometido 17 transfeminicidios en la entidad, siendo preocupante el año 2020, cuando se registraron cinco, casi de manera sucesiva, con poco tiempo de distancia entre uno y otro, incluido el de Mireya Rodríguez Lemus.
Por su parte, la abogada de la familia de Mireya y coordinadora del Consultorio Virtual Arturo Díaz Betancourt, Laura Hernández, ha indicado que este caso es icónico por ser el primer asesinato de una mujer trans que fue investigado y judicializado en la unidad de Defensores de Derechos Humanos y Desaparición Forzada de la Fiscalía de Chihuahua, debido a las actividades que desarrollaba la propia Mireya, por lo que no se puede permitir que quede en la impunidad
Mireya Rodríguez Lemus fue defensora de derechos humanos de las trabajadoras sexuales y mujeres trans y promotora de salud en VIH; fundadora de Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses A. C.; promotora del Fondo mundial para la lucha contra el VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria; integrante del Consultorio Virtual Arturo Díaz Betancourt e impulsora y organizadora de los primeros Encuentros Estatales de Mujeres Trans en Chihuahua. Logró que se emitiera la recomendación 58/2016 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua en la que se reconocían los derechos humanos de las mujeres trans y de las trabajadoras sexuales para que las autoridades municipales de Chihuahua cesaran sus operativos arbitrarios en las zonas de trabajo sexual, en los cuales se les forzaba a aplicarse pruebas de VIH o eran sancionadas con varias horas de prisión, e implementaran el Programa “Acceso integral a la salud y bienestar para las personas trabajadoras sexuales del municipio de Chihuahua”.
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