El artero homicidio del guía de turistas, Pedro Palma, en el atrio de una iglesia de una comunidad en la Sierra Tarahumara en la que trató de refugiarse cuando era perseguido por el jefe de un cártel -aparentemente por una trifulca después de un partido de béisbol-, así como de los dos sacerdotes jesuitas Joaquín Mora y Javier Campos que intentaron protegerlo, detonó una vez más la indignación social con la exigencia de que se ponga un alto a la impunidad y se revise la estrategia de seguridad del presidente López Obrador.
Este caso, que es uno de los muchos que por desgracia ocurren diariamente en nuestro país, junto con las cada vez más frecuentes masacres en las que son acribillados todos los integrantes de una familia, representan una fuerte llamada de atención pues denotan que ya se está rebasando cualquier límite. Antes cuando menos había ciertos códigos no escritos para que se respetara a las personas adultas mayores, a los niños o a las mujeres, pero al parecer ya no hay respeto por nada ni por nadie. La situación es crítica, pero, aunque parezca increíble, nuestras autoridades opinan que estamos en el camino correcto.
No hay forma de sostener objetivamente que vamos bien, cuando miles de familias tienen que abandonar sus hogares por la violencia en sus comunidades donde las organizaciones criminales imponen su ley, cuando han desaparecido alrededor de 30 mil personas tan sólo en lo que va de esta administración federal, cuando periodistas y defensoras de derechos humanos siguen siendo asesinadas, cuando de 9 a 10 mujeres son víctimas de feminicidios cada día, cuando quienes tienen un pequeño negocio prefieren cerrar por las extorsiones perdiendo con ello su medio de subsistencia, cuando en tan sólo 4 años los homicidios dolosos ya superaron las cifras históricas de sexenios anteriores.
No es fortuito que prácticamente todas las encuestas arrojen calificaciones reprobatorias para el gobierno y que la inseguridad se perciba como el principal problema del país. Con este escenario, es difícil entender que el presidente no considere necesario replantear su estrategia ante la evidente falta de resultados, y desestime la justificada preocupación ciudadana atribuyendo las críticas a una mera campaña de desprestigio de los conservadores.
Tal parece que la posición presidencial es inamovible en el sentido de que no habrá modificación alguna en materia de seguridad, e incluso a través de algunas senadoras y senadores de Morena y el PT, se han opuesto a que en el Senado se integre un grupo de trabajo para analizar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública a pesar de estar facultado para ello conforme lo dispone el artículo 76 constitucional, y de contradecir lo expuesto en el diagnóstico de dicha Estrategia: “Dada la emergencia que vive el país, es imprescindible asumir el reto de la inseguridad como una responsabilidad del Estado Mexicano, que involucra a todos los Poderes y a todos los niveles de gobierno”.
Si vamos a seguir por el mismo camino como lo ha sostenido el presidente López Obrador, por lo menos deberían compartir con el Congreso y con la sociedad cómo piensan revertir la tendencia actual para poder cumplir con las metas que se impusieron. Recordemos que conforme a la visión 2024 del Plan Nacional de Desarrollo, se comprometieron a que “para entonces la delincuencia organizada estará reducida y en retirada”, y que “los índices delictivos de homicidios dolosos, secuestros, robo de vehículos, robo a casa habitación, asalto en las calles y en el transporte público y otros se habrán reducido en 50 por ciento en comparación con los de 2018 y México habrá dejado de ser la dolorosa y vergonzosa referencia internacional como tierra de violencia y violaciones de derechos humanos”. Esto es lo que dice el documento.
También sería pertinente que explicaran por qué nunca se instaló el Consejo para la Construcción de la Paz que es uno de los objetivos de la multicitada Estrategia y supuestamente fungiría como una “instancia de vinculación y articulación entre todas las instituciones y actores de México y del extranjero que trabajen por la paz”. Quizá se les olvidó pues desde un principio, los responsables de la seguridad pública han estado ocupados en sus proyectos políticos. Aunque se resistan, rendir cuentas es su obligación y un derecho ciudadano, tarde o temprano lo tendrán que hacer.