A principios del próximo año se tendrá el relevo de cuatro de las once posiciones en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral: la presidencia y tres consejerías. Y uno pudiera suponer que el reparto habría de responder a un balance acorde con los pesos de los partidos en el seno de la Cámara baja del Congreso de la Unión, pero ello no será necesariamente así.
El escenario equitativo
Si se respetara la correlación de fuerzas legislativas, podría pensarse en el nombramiento de dos consejerías para alguna persona aceptada y promovida desde las oposiciones y otras dos, entre ellas la presidencia, para la coalición mayoritaria. Esto cambiaría el balance existente, al salir dos integrantes del Consejo General claramente identificados con posiciones independientes al gobierno y sólo uno proclive a respaldar a la mayoría, lo que propiciaría que la conducción de procedimientos colegiados y las votaciones futuras fueran eventualmente más cerradas, menos claras para la contención de propuestas que emergieran desde el gobierno y su partido, pero sin ponerse en riesgo realmente la autonomía del órgano superior administrativo electoral nacional. De hecho, la experiencia muestra que aún y cuando se elijan a personas en principio cercanas al gobierno, no se garantiza que adopten invariablemente una posición progubernamental, ni que emitan su voto a favor de lo que se proponga desde el poder ejecutivo.
El escenario disparejo
Pero bien pudiera ocurrir que, antes de pasarse a la elección en la diputación federal de quienes ocuparán las consejerías, en el proceso mismo de definición de las listas de candidatos entre quienes se elegiría a cada una de las posiciones a reemplazar, hubiera ya un sesgo a favor de quienes fueran empáticos con la opción mayoritaria. Ello, dado que formalmente la instancia encargada de integrar las quintetas sobre las que se extraerá a quienes serán futuros ocupantes de un puesto en el Consejo General, sea mediante votación o por sorteo (de no lograrse los dos tercios formalmente reclamados para una elección válida), pudiera estar cargada de antemano a favor de quienes cuentan con la mayoría, pues de los cuatro integrantes externos dos son nombrados por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y pudiera pensarse que debieran ser neutrales, más dos lo son por una Comisión Nacional de Derechos Humanos, quienes pudieran inclinarse hacia el bando del gobierno, además de los tres nombrados al interior de la Cámara, quienes no necesariamente responderán a un equilibrio entre fuerzas que impida que el gobierno y la alianza que lo respalda cuenten con mayoría que permita conformar listas con un claro sesgo, de las cuales se excluya a todo potencial crítico y se incluya a personas proclives a un respaldo acrítico y garantizado para quienes detentan el ejecutivo o lo respaldan. No es claro cuál debiera ser la estrategia de las oposiciones para impedir que los dados estén cargados y se conforme un Consejo General a modo, donde exista una mayoría proclive a la opción de gobierno y se inhiban las expresiones autónomas que se han venido dando y que nos han garantizado que los procedimientos electorales no se vicien e inclinen arbitrariamente por una causa partidaria. Definir la ruta para impedirlo es esencial si lo que se pretende es salvaguardar nuestro sistema democrático, pero no se ve como tarea sencilla y menos es seguro que al final se refrende el requerido equilibrio.