Con la autorización de Andrés Manuel López Obrador —quien se comprometió a esclarecer uno de los periodos más oscuros de la historia de México: la Guerra Sucia— el Ejército Mexicano inscribirá en el Monumento a los Caídos, el nombre de los militares fallecidos durante ese periodo de represión e infamia.
De nada sirvieron los airados reclamos de los familiares de desaparecidos que le demandaron justicia. Para ellos, la fórmula salinista: ni los vio, ni los oyó. Su perverso compromiso es con los militares a quienes, en campaña, ofreció “sacar de las calles”, pero que ha convertido en empresarios favorecidos con sus obras insignia y con el control de puertos y fronteras, lo que garantiza el control —que no el combate— de los precursores químicos que ingresan por los principales puertos nacionales, para la fabricación de drogas sintéticas que continúan distribuyéndose por todo el país y exportándose a Estados Unidos, sin que la Guardia Nacional los toque ni con el pétalo de un abrazo.
A la creación de una sociedad anónima integrada por militares, que administra al Aeropuerto Felipe Ángeles —el cual sigue en la Categoría 2 por no haber podido solventar las observaciones de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos— se suma ahora la creación de la sociedad anónima denominada Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica, también integrada por militares, quienes ya se benefician con las obras-capricho del titular del Ejecutivo, en la medida en que reciben recursos públicos que debieran destinarse a otros asuntos como la educación o la salud de los mexicanos.
Son esos mismos militares que tienen prohibido ejercer la violencia legítima del Estado contra la incontenible delincuencia organizada, que lo mismo se campea por el Mercado Norte de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que por la sierra Tarahumara, Chihuahua, a donde asesinaron recientemente a dos sacerdotes y un guía de turistas.
Los empoderados y organizados delincuentes y el Ejército Mexicano actúan como los verdaderos patrones de un presidente que busca aprovechar el efecto intimidatorio de ambas agrupaciones, para imponer el temor entre los gobernados que exigen justicia.
“No somos lo mismo”, dicen, mientras la Oficina de la Presidencia se esmera en producir un video que exhibe a un López Obrador beisbolista, en un esfuerzo por distraer al respetable, con relación a los homicidios de los jesuitas, lo que ha provocado la indignación del máximo jerarca de la Iglesia Católica, mientras el presidente busca en los gobernantes del pasado a los responsables de su ineficiencia.
“No somos lo mismo”, dicen, mientras la Auditoría Superior de la Federación hace mutis ante la desaparición de medicamentos oncológicos con un valor de 6.7 millones de pesos, al interior del Hospital Infantil Federico Gómez. “¿Qué le pasa al auditor? ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué no presenta denuncias ante la Fiscalía General de la República con relación a las anomalías que se han encontrado en la cuenta Pública 2020?”, se pregunta la diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño, quien presentó denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República por la desaparición de los medicamentos contra el cáncer infantil.
“No somos lo mismo”, dicen, pero actúan mucho peor que los delincuentes que gobernaron en el pasado.