Como dice Juan Villoro, “también el delito y la justicia dependen de las narrativas.”1
De acuerdo con la encuesta nacional de justicia 2015, al priorizar una serie de opciones, 78% de las personas en México coincidieron en que lo más importante para ellas y ellos es una sociedad en la que se respeten las leyes. Esto, por encima de ideas como “una sociedad más democrática” “una sociedad sin delincuencia” o una “sociedad con menos diferencia entre ricos y pobres”. Asimismo, 34% señalaron que la mejor manera de describir la justicia era “una sociedad en la que se respeten y apliquen las leyes”. De acuerdo con la ENVIPE 2020, para 24% de las personas en México la falta de castigo a quienes delinquen es uno de los problemas que más aquejan al país. Esto nos podría hablar de un lugar con una razonable cultura de la legalidad que sin embargo no corresponde con los altísimos índices de impunidad que vive nuestro país.
¿Cómo reconciliar el hecho de que, al menos en palabra, las personas en México sí parecen estar interesadas en la legalidad –probablemente al ser profundamente afectadas por una realidad contraria– y la enorme tolerancia que hay a su ausencia?
Contrario a lo que algunos políticos han argumentado públicamente sobre la corrupción y falta de legalidad en México como un asunto meramente cultural, como si se tratara de un gen o un destino irremediable, la realidad es que una narrativa de ilegalidad como la que enfrentamos solo se puede explicar a partir de que las personas en el poder han creado, reproducido, explotado, se han beneficiado –y siguen haciéndolo– de esta visión que les mantiene inmunes a la rendición de cuentas y gozando de la resignación de la población a la que gobiernan.
En ese sentido, pienso que si se analizara el origen histórico de la narrativa2 que sostiene la ilegalidad y la criminalidad en México, que a nivel popular reproduce la idea de que algo “a la mexicana” está vinculado a la capacidad incluso “heroica” de violar la ley3, tendríamos claro que esta no surge del “pueblo” sino de quienes han detentado el poder político, económico y cultural. Esta narrativa está al servicio de un sistema que sigue beneficiando a unos cuantos, a costa del sufrimiento e impacto en la vida de las mayorías. Esto sucede, incluso, cuando se dice que se viola la ley para hacer justicia.
Y es que la legalidad implica no sólo la existencia de leyes, sino la posibilidad de que éstas sirvan como un referente de un acuerdo colectivo que marca lo que es aceptable o no en nuestra convivencia. Implica poder participar directa e indirectamente en ellas, conocerlas a través de transparencia y accesibilidad, y por supuesto, hacerlas justiciables. Esto implica que el poder es compartido, no solo en el discurso sino en los hechos. Y es a este principio al que se han resistido y se siguen resistiendo las élites en nuestro país. El presidente, hoy, no es la excepción, sino en varios sentidos la continuidad de esta práctica.
Cuando el presidente dice “no me vengan con estas cosas de la ley” irremediablemente remite a una práctica que le ha acompañado en todo su quehacer político: poner su visión de lo que es justo por encima de cualquier restricción legal y retar los límites de la impartición de la justicia. Esa es la fórmula que se ha repetido una y otra vez, antes de ser funcionario y aún hoy siendo presidente, con todo el poder que eso implica. Lo ha hecho incumpliendo las normas de transparencia y rendición de cuentas presupuestaria que obligan a su gobierno a dar información sobre los padrones de beneficiarios de programas sociales, lo ha hecho con propaganda durante la consulta de revocación, lo ha hecho con la continuación de la militarización del país, lo ha hecho en proyectos de infraestructura que denominó como de seguridad nacional –evidentemente sin serlo– para no someterse a las consultas debidas y, muy dramáticamente (por el impacto que tiene en el entorno y el futuro ambiental de nuestro país), lo está haciendo con el llamado “tren maya”, a pesar de las denuncias de comunidades, a pesar de la falta de estudios de impacto ambiental y de las alertas de personas expertas que por décadas han trabajado en esa zona.
Al presidente López Obrador, como a sus antecesores, la ley le estorba, porque a su entender basta su palabra. Se equivocan quienes creen que esa es una ruta para construir un país justo. La mayoría de las personas en México lo saben y así lo expresan en encuestas sobre justicia, pero de esa transformación prefieren no hablar quienes llegan al poder.
1. https://theobjective.com/further/cultura/2021-11-10/juan-villoro-mexico-tierra-gran-promesa/
2. Las narrativas son conjuntos de historias que transmiten una forma de ver el mundo a través de discursos, arte, programas educativos, monumentos, medios de comunicación, etc., y que, al ser repetidas constantemente por personas y grupos en el poder, se convierten en narrativas dominantes.
3. Por ejemplo, la celebración de una acción ilegal de una persona de origen mexicano en un mundial de futbol como algo “gracioso”.