Migrantes de diversas nacionalidades ya convirtieron a México en su corredor principal hacia Estados Unidos. Sin ningún control y por la fuerza ingresan al territorio nacional donde las autoridades migratorias, literalmente, son rebasadas.
No hay un solo día que al municipio fronterizo de Tapachula, Chiapas no lleguen caribeños, centroamericanos o sudamericanos. Lo hacen sin que se les restrinja el paso.
De nada sirvieron los cien millones de dólares que México destinó a Centroamérica a finales de junio del 2019 para frenar desde esa región el paso de indocumentados.
En aquella ocasión, en Tapachula, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, firmaron un acuerdo para arrancar el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica.
El gobierno mexicano decidió invertir esa millonaria suma del Fondo Yucatán, sin condiciones políticas en ese país más Guatemala y Honduras, a fin de disminuir la migración hacia Estados Unidos.
Ambos mandatarios firmaron la carta de intención en materia de cooperación bilateral para iniciar el Programa Sembrando Vida (plantío de árboles maderables y frutales) en El Salvador, con un presupuesto de 30 millones de dólares directos para cubrir 50 mil hectáreas y generar 20 mil empleos a los habitantes.
En eso se engloba el acuerdo económico con Honduras y Guatemala para que se dé empleo a 40 mil personas en sus localidades de origen con la siembra de 200 mil hectáreas en los tres países de Centroamérica, al tiempo de aplicar otros programas sociales.
De nada sirvió ese millonario apoyo que bien debió inyectarse entre la población mexicana más pobre y, con ello, reactivar en parte la economía regional pero como no es dinero de AMLO se le hizo fácil dar esos recursos a terceras naciones con la creencia que se frenaría las migraciones lo cual no sucedió.
A mediados de marzo llegó una nueva oleada de migrantes que desbordaron las instalaciones del puente fronterizo Rodolfo Robles, en el municipio de Suchiate.
Nadie los paró y hoy ya están instalados en Tapachula donde la ciudad ya es un caos.
Pero el gobierno de Estados Unidos ha decidido unilateralmente expulsar, al sur de México -pretextando razones de salud- a solicitantes de asilo y migrantes con lo que se advierte una inminente crisis humanitaria.
ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados detalló que los extranjeros son enviados vía aérea, hacia el sur de México (Tapachula y de ahí hacia puntos fronterizos con Guatemala). Las personas solicitantes de asilo y migrantes están siendo expulsadas en virtud de una orden de salud pública de Washington.
Alertó que las personas o las familias a bordo de esos vuelos que puedan tener necesidades urgentes de protección corren el riesgo de ser devueltas a los mismos peligros de los que han huido en sus países de origen en Centroamérica, sin ninguna oportunidad de que se evalúen y atiendan esas necesidades.
Estos vuelos, a través de los cuales se trasladan hacia el interior de México a ciudadanos no mexicanos, constituyen una nueva y preocupante dimensión en la aplicación de la orden de salud pública relacionada con la covid-19 conocida como Título 42, señaló Matthew Reynolds, representante de ACNUR para Estados Unidos y el Caribe.
Hay un significativo deterioro de las condiciones humanitarias de las personas migrantes y solicitantes de asilo en las fronteras norte y sur de México, según se ha podido corroborar.
En este contexto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no ha protestado y su cancillería no se ha pronunciado abiertamente para que a los extranjeros no los dejen en suelo nacional sino que los remita EU a sus países de origen.
Estas personas son expulsadas desde Estados Unidos, sin pasar por un mecanismo de identificación de necesidades de protección ni protocolos sanitarios, y sin tener acceso al sistema de asilo en dicho país, encontrándose en un limbo jurídico en la frontera norte de México, señala un informe oficial de la ONU.
Aquí es más que obvio que hay una crisis humanitaria en momentos en que la capacidad de recepción de los albergues de la sociedad civil a lo largo de la frontera se encuentra rebasada.
En este contexto urge fortalecer la respuesta de la institucionalidad local, estatal y federal y de la sociedad civil para atender esta delicada situación humanitaria.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe ponerse a trabajar ya en serio sobre este tema y no dejar solo que Estados Unidos decida echar de su territorio hacia México a los migrantes que ya se vienen convirtiendo en una bomba de tiempo.